El PP recorta un 40% el coste de la estructura política municipal

El pleno extraordinario de organización de la nueva Corporación municipal, que finalmente se celebrará el próximo martes, aprobará, entre otros puntos incluidos en su orden del día, las retribuciones que van a percibir los concejales del gobierno y los ediles liberados de los grupos de la oposición -uno por cada partido- en los próximos cuatro años. Ayer, en junta de portavoces, los responsables políticos de los diferentes partidos con representación dieron por buena la propuesta del PP de rebajar de manera considerable el coste de la estructura política del Ayuntamiento. Más concretamente, como explicó posteriormente el portavoz del gobierno municipal, Antonio Saldaña, el recorte en el gasto en este capítulo será un 40% inferior al del anterior gobierno local socialista, con la intención de llegar hasta el 50% previsto en los compromisos de campaña del PP a partir de la reducción de los salarios de "personal ligado directamente a la estructura de gobierno cuyos sueldos también se verán reducidos" y el hecho de que otros cargos, como el de la propia alcaldesa o el delegado de Economía, no percibirán retribución alguna de las arcas municipales ya que la primera cobrará del Parlamento andaluz y el segundo está jubilado. En conjunto, el gasto político pasará de una cantidad fijada en el actual Presupuesto municipal de 1,15 millones de euros a unos 700.000 euros al año, lo que viene a cumplir con una de las premisas básicas que ha querido instaurar María José García-Pelayo: los políticos deben ser los primeros en dar ejemplo a la hora de dar pasos tendentes a hallar el equilibrio presupuestario del Consistorio.

Como detalló Saldaña, la alcaldesa, pese a que no cobrará del Ayuntamiento, ajustará su sueldo al tope salarial que recomienda la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp) para los primeros ediles de las ciudades de más de 100.000 habitantes: 67.892,39 euros brutos al año frente a los 85.921,21 euros que tenía asignados la anterior alcaldesa. En el caso de los cuatro tenientes de alcalde, la horquilla en la pasada legislatura iba de los 65.000 a los 77.000 euros, mientras que ahora se unifican los cuatro en 60.000 euros brutos anuales. Del mismo modo, el recorte medio para los delegados también rondará el 16%, ya que pasarán de moverse entre los 54.000 a 66.000 euros del anterior mandato a un sueldo idéntico para todos de 50.500 euros. Dentro del organigrama del nuevo gobierno municipal, los concejales responsables cobrarán 47.000 euros, mientras que en la última etapa percibían salarios de unos 56.000 euros. Por último, pese a que hay posibilidad de realizar cuatro 'fichajes' que desempeñen labores de asesoramiento -un asesor por cada área de gobierno-, Pelayo finalmente sólo cubrirá en principio una de las plazas, la jefa de comunicación, Roxana Sáez, que cobrará 45.000 euros brutos al año, un 17% menos que su antecesor en el cargo. "En principio sólo contaremos con un asesor, lo que no quita que desde el punto de vista efectivo haya cuatro puestos que podrían cubrirse en el futuro si la situación económica evoluciona favorablemente y este apoyo es necesario para el gobierno", especificó Saldaña en una rueda de prensa posterior a la primera junta de gobierno local celebrada por el nuevo equipo de gestión municipal.

En cuanto a los grupos de la oposición, la junta de gobierno aprobó la consolidación de la figura del secretario de grupo (auxiliar administrativo) que seguirá percibiendo un salario bruto de 21.788 euros al año, para que "los recortes no toquen a quienes menos ganan", mientras que el pleno del próximo martes aprobará una reducción del 25% de las asignaciones a los partidos políticos y un sueldo para cada uno de los ediles liberados de 45.000 euros (antes cobraban entre 45 y 56.000 euros). De este modo, habrá una aportación por grupo de 338 euros fijos de asignación y 676 euros por cada uno de los concejales, lo que representa un 25% menos de desembolso frente a la etapa anterior, pero mantiene el compromiso de Pelayo de permitir a la oposición poder desempeñar su trabajo con mínimas garantías. Ella misma, como no ha dudado en reconocer, experimentó en la anterior legislatura la "asfixia a la que el PSOE sometió a los grupos de la oposición, reteniéndoles las asignaciones o exprimiéndolos al máximo en las aportaciones".