La actividad judicial queda prácticamente suspendida

La actividad en los tribunales de Jerez queda paralizada como todo el resto del país al ser agosto un mes inhábil salvo para jurisdicciones muy concretas como la materia penal y asuntos urgentes por la vía civil. Ante esta práctica paralización de la vida judicial -la plataforma que agrupa a las diferentes organizaciones sindicales que representan a los funcionarios- ha decidido posponer las protestas que venían realizando todos los viernes de las últimas semanas ante los recortes decididos por las administraciones públicas "porque no tiene sentido hacerlas. Está prácticamente todo el mundo de vacaciones y no tienen repercusión; pero volveremos a la carga en septiembre ya que no se solucionado nada", señaló ayer Luis García Robles, representante del SPJ.

Ayer los pasillos del edificio que alberga, entre otras instancias judiciales, la sección octava de la Audiencia Provincial estaban desiertos ante las vacaciones, aunque funcionarios de algunos juzgados y de la Fiscalía proseguían haciendo algunas gestiones. Cabe recordar que el pasado viernes los funcionarios cortaron el tráfico en la avenida Alcalde Álvaro Domecq y realizaron un desayuno reivindicativo ante "los injustos recortes a nuestro colectivo" pues se ven afectados tanto por los recortes decididos por el Gobierno de la Nación como los que estudia la Junta.

No se celebran juicios en agosto salvo algunos rápidos y también en los juzgados de instrucción pueden verse algunas causas de faltas (infracciones penales más leves que los delitos) como hurtos cuya cuantía no superen los 400 euros, que suelen ser más habituales en verano, o agresiones que no causen lesión. Son cinco órganos que van rotándose en funciones de guardia durante este mes y, por lo tanto, también hay un fiscal y abogados de guardia. Las fuerzas de seguridad presentan a los detenidos ante estas instancias.

No obstante, hay una mínima actividad. Así las cosas, el juzgado de lo Penal número 3 de Jerez ha dictado órdenes requisitorias contra dos personas para que sean localizadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La primera es una orden de busca y captura del jerezano M.M.R., de 39 años, por ejecutoria 303/2010. Esta persona tiene que ingresar en prisión para cumplir condena por un delito de robo/ uso de vehículos de motor.

La segunda requisitoria es contra el gallego M.P.N., también de la misma edad que el anterior citado, que se encuentra en paradero desconocido y sobre el que pesa una orden de busca y captura tras dictarse ejecutoria de sentencia por conducir un vehículo de motor.