"El cambio en la RPT discrimina a los funcionarios municipales"
El Sindicato Andaluz de Funcionarios considera que la modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo suponen un "trato desfavorable" e insta al gobierno local cambiar la política de personal
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha advertido hoy de que la modificación introducida en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Jerez supone una "discriminación" para este colectivo de trabajadores.
En un comunicado, el sindicato considera que las modificaciones introducidas en el documento "plasman el trato desfavorable que sufren los funcionarios" del Consistorio jerezano, "al volver a asignar la doble adscripción F/L (funcionario/laboral) en la creación de puestos de trabajo".
SAF recuerda que los puestos de máxima responsabilidad y mejor retribuidos dentro del Ayuntamiento de Jerez, como son las jefaturas de departamento, que por ley deben desempeñarse por funcionarios públicos y cuya forma de provisión es la libre designación, están asignados a personal laboral indefinido que, a diferencia del personal laboral fijo, nunca han superado oposición o proceso selectivo alguno para acceder a la Administración.
Está organización sindical tiene recurrida la RPT, aprobada por la Junta de Gobierno Local el 14 de septiembre de 2012, por vulnerar los elementos más esenciales de la normativa sobre función pública.
La polémica procede de octubre de 2013 con la ratificación del Acuerdo-Convenio sobre las condiciones de trabajo comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Jerez.
Según SAF, este acuerdo no se limita a recoger materias y condiciones generales de trabajo comunes a funcionarios y laborales, sino que "cercena la capacidad de negociación en las mesas sectoriales al mezclar cuestiones que deberían discutirse" en sus ámbitos respectivos (funcionarios o laborales), tal y como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público.
SAF exige a los responsables políticos del Consistorio jerezano un "cambio de rumbo en esta política de personal errónea y que opte por un modelo de Administración gestionada por funcionarios que cumplan con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública".
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