Los 'socios' se dan una tregua

La sesión plenaria fue un paréntesis en la tensa relación del gobierno socialista con sus socios de investidura (Ganemos e Izquierda Unida). Si el lunes el enfrentamiento subió varios grados con el rechazo a las modificaciones de las ordenanzas fiscales, ayer las discrepancias quedaron aparcadas de manera temporal, aunque bien es cierto que los asuntos tratados no dieron pie a que las controversias resurgieran. El gobierno local sigue llevando a las sesiones ordinarias propuestas casi de trámite -hubo algo de debate en la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de circulación y en la fijación del calendario festivo del año próximo- mientras que Ganemos e IU, que votaron a favor de todas las iniciativas planteadas por el ejecutivo, tampoco apretaron con sus proposiciones y preguntas. De hecho, las escasas 'pullas' hacia el ejecutivo estuvieron relacionadas con la abstención socialista a la investidura de Mariano Rajoy y no hubo referencia alguna a las peticiones de dimisión del equipo de gobierno o de la alcaldesa que han proliferado en las últimas semanas.

Es más, las tres formaciones volvieron a hacer piña en algunos asuntos. Ocurrió, por ejemplo, con un punto conjunto de Ganemos e Izquierda Unida sobre la derogación de los cambios realizados en las leyes que regulan las administraciones locales, una idea a la que se adhirió el PSOE, que aprovechó para ofrecer su disposición a buscar con estos partidos soluciones a la situación financiera municipal. También las tres formaciones rechazaron que se debatiera una propuesta de urgencia que presentó el PP en contra de la subida del coste del agua en alta aprobada por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana -el voto negativo de PSOE, Ganemos e IU impidió que este asunto se pudiera abordar en la sesión-.

Ante esta tesitura, la voz más crítica hacia el ejecutivo local volvió a partir del PP. Así, le reprochó el sistema de calificación aplicado para que se aborden las propuestas de la oposición en los plenos ya que, a juicio de esta formación, se está limitando el debate (su catalogación como proposición o ruego marca los tiempos de intervención así como el número de réplicas). Asimismo, se le exigió al edil Francisco Camas que diera explicaciones sobre la adjudicación del ambigú de El Alcázar durante el pasado verano a una empresa vinculada a un ex edil socialista -el delegado insistió en la legalidad del proceso-. Mientras, las concejalas Carmen Collado (PSOE) e Isabel Paredes (PP) volvieron a a enzarzarse en varias ocasiones en discusiones sobre las ayudas y convenios suscritos con colectivos sociales o la situación del albergue municipal.

En la sesión de ayer también se abordó el anuncio del ejecutivo local de municipalizar la ayuda a domicilio a partir del próximo 1 de enero. El traspaso del servicio a una empresa municipal, que actualmente está adjudicado a una empresa del grupo OHL, está pendiente de que se acometa la tramitación administrativa correspondiente. Izquierda Unida planteó que se instara a la Junta de Andalucía a que no se retrase en las transferencias económicas que realiza a los ayuntamientos por esta prestación -uno de los grandes problemas que tienen las entidades locales- aunque la propuesta se le hicieron varios añadidos. A instancias del PP se pidió que el precio que abona el organismo autonómico se incremente y el PSOE incorporó que el Estado también cumpla con las cuantías correspondientes.

Por lo demás, el Sindicato Independiente de la Policía (SIP) volvió a protagonizar una sonora protesta ante el Ayuntamiento durante las dos primeras horas de celebración del pleno. El colectivo continúa con sus movilizaciones contra la implantación de la jornada de 37,5 horas semanales y la reducción de los pagos de productividades y horas extras, una medida que se pretende poner en marcha a partir de la próxima semana.