Molinos con trampa

La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas a base de combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía verde.

Esta es la información que más llega a los ciudadanos. No son agradables de ver, pero se toleran por sus beneficios medioambientales. Pero, ¿qué hay detrás de esta tabla de salvación energética? ¿Qué realidades se esconden detrás de las aspas de estos gigantescos molinos? En la provincia de Cádiz, y en el mismo término municipal de Jerez, hay una historia de conflicto que está afectando muy negativamente a un grupo de agricultores y ganaderos.

BENEFICIOS MAL REPARTIDOS

Próximamente, un grupo de agricultores verá expropiada parte de sus tierras a causa de la construcción de un nuevo parque eólico en el término de Jerez, concretamente en la zona conocida como 'Los Isletes', muy próximo al vértice formado por los municipios de Medina-Sidonia, Paterna de Rivera y San José del Valle.

Juan Macías Calderón es uno de esos agricultores que serán expropiados y, por lo tanto, perjudicados seriamente por la instalación de los generadores de energía eólica. Y explica por qué.

Antes que nada, Macías hace hincapié en que los beneficios que genera la energía eólica son multimillonarios, "de hecho, el parque de 'Los Isletes' tendrá una producción estimada de 6.072.000 euros/año (1.010.295.792 pesetas/año), por lo que hacia este especulativo y fructífero negocio se han trasladado empresas que han visto el fin del mercado del ladrillo".

Según cuenta este agricultor, las empresas promotoras han negociado con los agricultores, pero ofreciéndoles tan sólo contratos basura o, incluso, amenazándoles con la expropiación. "Ofrecen a los propietarios entre 1 y 3 euros por cada metro cuadrado, lo que supone menos del 1 por ciento de la facturación anual del parque, cuando en países como Dinamarca se paga el 10%".

Además de este intento de 'timo', ya que estas promotoras van a tener beneficios multimillonarios como se ha señalado, Macías comenta que "a esto hay que añadir las irregularidades desde el punto de vista técnico: los terrenos afectados que la promotora señala en el expediente de expropiación no coinciden con los del proyecto. Es decir, no se miden correctamente los vuelos de pala y su excentricidad, no se tienen en cuenta las zonas de protección eólica (200 metros cuadrados de diámetro alrededor de cada molino, tres metros a cada lado de conducciones eléctricas…), así como la ocupación de los caminos".

Según han podido confirmar los agricultores afectados por el proyecto, los terrenos donde se sitúa un parque eólico sufren una devaluación del 30%, ya que existen riesgos generados por la infraestructura industrial: abatimiento de estructuras, lanzamiento de hielo de aspas, riesgos de electrocución, rayos, incendios, contaminación acústica y visual, así como los valores cinegéticos se ven reducidos por la huída de aves y animales.

Para Juan Macías, "la Junta de Andalucía debe acreditar que la expropiación obedece a un interés público y no que suponga tan sólo el enriquecimiento de empresas privadas, sin beneficios para los ciudadanos. Cuando se expropia para realizar una carretera se benefician todos los ciudadanos que la usan, pero en el parque eólico los únicos beneficiados son las empresas que nos venderán la energía".

Y añade: "La administración andaluza no puede consentir que mediante la justificación de utilidad pública se enriquezcan sólo las empresas energéticas sin que se produzca un reparto más justo de lo que producen nuestras tierras. La instalación de parques eólicos debe repercutir favorablemente, tanto a los agricultores como a los municipios y a las empresas concesionarias. La administración pública debe garantizar los derechos de los propietarios, para el reparto justo de la riqueza que se produce en nuestros campos, generando mayor desarrollo rural".

Por todo ello, tanto Juan Macías como el resto de agricultores expropiados consideran necesaria la creación de la figura legal del 'solar eólico', ya que un parque eólico es una instalación industrial situado en un suelo rústico. "Los terrenos deben ser recalificados porque las plusvalías que genera el parque son muy superiores a los terrenos industriales o urbanos. El rendimiento de los terrenos donde se sitúa un parque eólico es de un 300% más por hectárea/año. Y ese beneficio no se tiene en cuenta a la hora de fijar justiprecios, ya que no se considera el potencial eólico que siempre ha tenido el terreno", aclara.

Los agricultores consideran que la Administración debería exigir a las grandes empresas promotoras que se haga una redistribución más social de la riqueza que aportan los molinos, ya que, según indican, casualmente benefician principalmente a los propietarios de grandes fincas.

En definitiva, lo que demandan los agricultores es que la instalación de parques eólicos, además de atender a la demanda de energía que necesitamos el conjunto de la población, debería perseguir otro fin más: el de un reparto más social de la riqueza. "Pero nos encontramos con la paradoja de que las cosas en muchos sentidos no han cambiado, los poderosos siguen marcando la pauta en demasiados asuntos y, desgraciadamente, los ciudadanos de a pie no tenemos una administración ni gobernantes que protejan a los más débiles frente a los poderosos, que siguen enriqueciéndose, a veces, a costa de rozar lo éticamente admisible".

Con el caso del parque eólico de 'Los Isletes' se ha vuelto a perder una nueva oportunidad de ayudar a una parte de la población que viene siendo muy maltratada en los últimos tiempos por las políticas agrarias, pues la instalación de un aerogenerador solucionaría en parte su maltrecha economía, pero al final, los beneficios van siempre a las mismas manos, los que más tienen y menos trabajan la tierra.