La alcaldesa saca del centro de decisiones del gobierno a tres antiguos 'pilaristas'

La reestructuración del gobierno municipal concluyó, parece que definitivamente, ayer con los nombramientos de los nuevos delegados que se incorporan a la junta de gobierno local. Un asunto nada baladí si se tiene en cuenta que al amparo de la Ley de Municipios de Gran Población ésta se convierte en el epicentro de las decisiones del Ayuntamiento. Lo más llamativo es que son tres antiguos 'pilaristas', como Juan Manuel García Bermúdez (delegado de Turismo), Irene Canca (delegada de La Granja-Delicias) y Dolores Barroso (Cultura y Fiestas) quienes acompañan a Antonio Fernández Ortega (Vivienda e Infraestructuras) en esta reestructuración. En su lugar, entran en el 'núcleo duro' del gobierno municipal Mirian Alconchel (delegada de Participación) y Francisco Benavent, coordinador de Servicios a la Comunidad, así como los delegados de Comunicación y Bienestar Social, Juan Ramón Aramburu y José Manuel Jiménez, respectivamente.

Tras anunciar el nuevo organigrama municipal y la estructura de seis áreas de coordinación y organización junto con los nombres que las ostentan, la alcaldesa ponía punto y final a la crisis interna vivida en este verano a raíz del malestar de una mayoría de concejales por la forma de gobernar de Sánchez, aunque su decisión final también ha pasado por sacar fuera de la junta de gobierno local a personas que no sean de su máxima confianza, excepción hecha de Francisco Benavent (coordinador de Servicios a la Comunidad) y prácticamente impuesto por el partido para equilibrar las distintas 'sensibilidades'.

Ayer, el portavoz del Gobierno y nuevo secretario de la junta de gobierno local, Casto Sánchez, sostenía ante los medios, sin entrar en otro tipo de valoraciones ni en profundidades, que "aquí se sustancian los cambios en base a la aplicación de la Ley de Grandes Ciudades". "Aquí comienza la andadura del nuevo gobierno en aplicación del título X de la Ley de Bases de Régimen Local y se da el primer paso desde el punto de vista jurídico y político para la aplicación de la Ley de Municipios de Gran Población en lo que representa la parlamentarización de los ayuntamientos", señaló.