El 'catastrazo' que viene

Economía

Agentes económicos y sociales, asociaciones vecinales, organizaciones y partidos de la oposición han puesto el grito en el cielo ante lo que se ha dado en llamar el 'catastrazo', la revisión catastral del término municipal que supone una agresión al bolsillo de los ciudadanos por las consecuencias, vía impuestos, que a corto o medio plazo tendrá la actualización de los valores de los inmuebles jerezanos tras 17 años en el olvido.

El director general del Catastro, Jesús Miranda Hita, comparecerá hoy ante el Consejo Económico y Social (CES) para ofrecer explicaciones de un proceso marcado por la elección de los máximos valores permitidos para el suelo y las construcciones, equiparando a Jerez con ciudades como Madrid o Barcelona en lo que al valor de los inmuebles atañe.

Al margen de la pasividad del Ayuntamiento, que no encontró motivo alguno para alegar ante la selección de unos criterios que se antojan desorbitados para una ciudad, que por muy importante que sea, está a años luz de las principales urbes españolas, la revisión catastral deja muchas preguntas en el aire para los colectivos y particulares que se quejan de falta de información y que consideran que las explicaciones llegan tarde.

Entre las dudas razonables, quienes cuestionan el proceso se preguntan por los motivos que, con carácter excepcional y transitorio, llevaron a la Administración central a modificar los plazos legalmente previstos para permitir que la revisión catastral, con alcance para un número limitado de municipios, entre ellos Jerez, tenga validez inmediata a efectos fiscales, es decir, que se adelante un ejercicio su aplicación sobre las fechas de entrada en vigor que establecen las leyes generales.

Como en muchos otros aspectos relacionados con el inverosímil proceso que ha determinado la revisión catastral y su acelerada entrada en vigor, distintas fuentes consultadas por este medio no encuentran explicación lógica, si bien apuntan a la responsabilidad del Ayuntamiento, que podría haber descuidado la vigilancia y seguimiento de la ponencia de valores, para encontrarse ahora con una pelota de nieve y limitadas posibilidades para reaccionar.

Puestos a conjeturar, también hay quien encuentra una extraña coincidencia entre la alteración de los plazos y la imperiosa necesidad de ingresos de las debilitadas arcas municipales, a las que se daría un respiro para hacer frente a la cuantiosa deuda que mantiene el Ayuntamiento con la Seguridad Social y que, recuerdan, negoció la alcaldesa, PIlar Sánchez, en Madrid para arrancar un acuerdo in extremis a Hacienda por el que consiguió eludir la retención de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE).

Pero al margen de estas hipótesis, juristas, profesionales del sector inmobiliario, representantes vecinales y de otros colectivos sociales, así como los partidos de la oposición coinciden en señalar que la revisión catastral de Jerez está plagada de errores incomprensibles -en el ámbito urbano sorprende la reiteración en la valoración de viviendas y locales por encima incluso del valor de mercado, mientras en el rústico se han registrado múltiples casos de incrementos por encima del 1.500% por la consideración de invernaderos y construcciones agrícolas como bienes inmuebles- y que, según la opinión generalizada, sólo se explican por la precipitación.

En circunstancias normales, y de cara a la entrada en vigor este año de los nuevos valores, el plazo para la aprobación y publicación de las ponencias de valores, cualquiera que sea su clase, habría finalizado en julio del año pasado, mientras que la notificación individual de los nuevos valores tendría el 31 de diciembre de 2007 como fecha límite. Rebasadas estas fechas, y de acuerdo con el texto refundido por real decreto de la Ley del Catastro Inmobiliario, la revisión catastral de Jerez habría tenido efecto en enero de 2009.

Sin embargo, los propietarios de inmuebles en Jerez, como del resto de municipios sujetos a la última revisión catastral -Almería, Estepona, Vélez-Málaga, Chiclana, Castellar...), han visto recortados los tiempos por la Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal, que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado, y por la que se amplían hasta el 31 de octubre de 2007 el plazo para la presentación y aprobación de las ponencias, y hasta el 1 de marzo de 2008 para la notificación de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio, aclara el texto, de su efectividad desde el 1 de enero.

Por otra parte, la ley reguladora de las Haciendas Locales establece en el artículo 72.6 de su texto refundido que "los ayuntamientos que acuerden nuevos tipos de gravamen, por estar incurso el municipio respectivo en procedimientos de valoración colectiva de carácter general, deberán aprobar dichos tipos provisionalmente con anterioridad al inicio de las notificaciones individualizadas de los nuevos valores y, en todo caso, antes del 1 de julio del año inmediatamente anterior a aquel en que deban surtir efecto".

Es decir, sin las modificaciones transitorias, el Ayuntamiento habría tenido tiempo suficiente para estudiar el impacto de la revisión catastral en el término y reaccionar con una bajada del tipo de gravamen del IBI, la misma que anuncia para el próximo ejercicio la alcaldesa, en el primer año de apliación de los nuevos valores y sin tener que recurrir a complejas fórmulas de bonificación.

Cabe recordar, en este sentido, que el gobierno municipal se escudó en la falta de tiempo material y de la documentación necesarias sobre los nuevos valores catastrales para bajar el tipo del impuesto del IBI, de ahí su decisión de limitar la subida para este año del impuesto hasta un 7% -más de dos puntos por encima del IPC- tras el pleno de aprobación de las nuevas ordenanzas fiscales.

Por lo demás, llama la atención el escaso ruido en torno a los preámbulos de la revisión catastral de Jerez, cuando en anteriores ocasiones se han realizado intensivas campañas para mantener informados a los ciudadanos de los municipios afectados.