El PSA pide al Juzgado que Sánchez y Martínez declaren por el caso PTA
Reclama que la alcaldesa explique qué relación "personal o política" tiene con la firma a la que rebajó un 40% el precio del suelo · Denuncia que se "obligó" a un auxiliar del Parque a rubricar las posibles ayudas irregulares
El Partido Socialista de Andalucía (PSA) presentará hoy en el Juzgado de Instrucción número 5 de Jerez una ampliación del escrito denuncia que ya cursó hace casi un año a la Fiscalía provincial de Anticorrupción por posibles ayudas ilegales a la compra de suelo en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA) de Jerez. En la demanda, a la que ha tenido acceso este medio, piden la imputación de la alcaldesa, Pilar Sánchez, y la delegada de Medio Rural, Carmen Martínez, al objeto de "depurar responsabilidades penales", toda vez que "de las declaraciones vertidas por quienes han comparecido en las diligencias previas -secretario municipal, interventor, un técnico y un empleado municipal- se deduce la veracidad de los hechos contenidos en el escrito denuncia".
Al hilo de lo anterior, los andalucistas reclaman que la alcaldesa explique al Juzgado que instruye el caso las "relaciones personales o políticas que le unen con los partícipes de la entidad Tecnología e Innovación Sanitaria SL", a la que mediante una segunda valoración, en la que obtuvo la máxima puntuación, se le concedió una minoración del precio del suelo que adquirió en el Parque jerezano, unos 245.000 euros de rebaja, pese a no estar vinculada con el sector agroalimentario ni cumplir con muchos de los criterios que regían la valoración de ayudas.
Un procedimiento, insisten en el escrito denuncia, que "ha incumplido toda la normativa estatal, autonómica y local sobre subvenciones", motivos por los que "se compelió a un trabajador del Ayuntamiento sin cualificación para que firmara el segundo informe de valoración correspondiente a la citada empresa como consecuencia de la negativa a firmarlo de los técnicos capatacitados para ello". De hecho, ha podido saber este medio, el auxiliar administrativo que rubricó el segundo expediente ya con la rebaja de suelo, que ya declaró en el Juzgado y dijo cumplir órdenes, se encargaba del cuidado de la viña del PTA y estampó su firma en el informe como "el que firma un albarán, ya que era ajeno al procedimiento". Pese a que hay versiones que no hablan de coacción al empleado municipal para ratificar el segundo informe, la ampliación de la denuncia insiste en la tesis de las presiones políticas para que el trabajador no cualificado rubricase la segunda valoración. A ésta, por cierto, se opuso a finales de la pasada legislatura el técnico de cabecera del Parque Tecnológico y el delegado de Medio Rural que antecedió en el cargo a Carmen Martínez, el socialista Miguel Cabeza -hoy en día apartado de la política municipal-.
El PSA también pide en su escrito que se investiguen "las gestiones realizadas por la alcaldesa con la concejal delegada de Medio Rural, María del Carmen Martínez, y con los técnicos o personal de la referida delegación con el objeto de que la mencionada entidad obtuviera en una segunda valoración la máxima puntuación posible a fin de concederle una minoración del precio del suelo en el PTA de Jerez".
Del mismo modo, en la ampliación de la denuncia del PSA también se solicita que Martínez sea llamada a declarar en calidad de imputada para que ponga en conocimiento del Juzgado: "A requerimiento de qué persona instó a un trabajador de su delegación, sin ningún tipo de cualificación, a que firmara en calidad de técnico el segundo informe de valoración de la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria SL, para obtención por parte de la misma de una minoración del precio del suelo en el PTA". Al tiempo, también pretende que aclare "por qué motivo el referido informe no está firmado y, por tanto, emitido por técnico capacitado".
Como recogía la denuncia presentada en su día por el PSA a la Fiscalía, a 19 de julio de 2005 el consejo rector del Instituto de Promoción de la Ciudad aprobó los denominados 'criterios de valoración de empresas para determinar la minoración en el precio del suelo en el PTA'. En dicha 'normativa' se establecían los criterios para evaluar la "pertinencia de ubicación de una empresa en el PTA, estableciéndose igualmente que estos mismos criterios servirían para que las empresas pudieran optar a una rebaja en el precio tipo de venta de suelo, de acuerdo con una puntuación establecida al efecto. En el caso de Tecnología e Innovación Sanitaria SL, según denunció el PSA, Sánchez ordenó repetir la valoración "hasta que cuadraron los números". Como ejemplo de lo anterior, en el apartado 'criterios de oportunidad' la empresa obtuvo 3 puntos sobre una puntuación máxima de 2.
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