Emigración fotovoltaica

A mediados de 2008, desde el Ministerio de Industria se empezó a anunciar la entrada en vigor de un nuevo decreto de regulación de tarifas, amenazando con la retroactividad. Hasta 2010, fecha en que entraron en vigor los actuales decretos, el RD 14/2010 y el RD 1565/2010, se produjo la paralización total del sector en España, a la espera de conocer las retribuciones reales y las condiciones legales para poder acometer nuevas inversiones... Esto ha supuesto la pérdida deliberada de más de 30.000 puestos de trabajo directos, y la destrucción de centenares de empresas. También ha traído la pérdida de miles de millones de euros en inversión, que ha ido a parar a otros países con retribuciones razonables y marcos jurídicos estables. Desde esa fecha, no se ha hecho otra cosa que intentar destruir este sector, desde distintos frentes, los cuales se han ido desmintiendo poco a poco, dejando en evidencia las verdaderas intenciones de dicho Ministerio: la fotovoltaica no tiene sitio en España, el país con mayor radiación solar de toda la Unión Europea. Se han hecho circular rumores de instalaciones que producían energía solar durante la noche, desde dicho Ministerio. Rumores que luego tuvieron que ser desmentidos, una vez que el daño ya estaba hecho. Se culpa a la fotovoltaica del dudoso déficit tarifario, cuando éste en realidad se debe a las ayudas al carbón, las subastas inflacionistas de la energía, la moratoria nuclear, el precio de los combustibles... Los nuevos decretos, certifican la muerte de este sector en España y obligan a las empresas que quieran sobrevivir a emigrar a otros países, en los que se generará riqueza y empleo de calidad, mientras nosotros seguimos anclados en la crisis. Las fotovoltaicas consideran que estos decretos son contrarios al orden jurídico español y europeo, además son retroactivos y discriminan claramente al sector. Aparte de aplicar un drástico recorte de las tarifas, lo que supone la pérdida de la viabilidad de la mayoría de las instalaciones, elimina el 10% de los ingresos a todas las instalaciones solares y suprime el 30% de los ingresos al 90% del parque solar. Es evidente que para nuestro Ministerio de Industria y para nuestro Gobierno, priman los intereses de los lobbys nuclear y eléctrico, pese a que tengamos que seguir dependiendo de países como Rusia, Argelia, Venezuela, y los países árabes, todos ellos democracias con solera, que nos venden el gas y el petróleo a un precio cada vez mayor, y con las condiciones que nos quieren imponer. Seguramente, siempre será eso mucho mejor que crear centenares de miles de puestos de empleo, generar tejido empresarial, atraer inversiones extranjeras, reducir nuestra dependencia energética, minimizar nuestras emisiones de CO2 (asignatura que suspendemos año tras año), y un largo etcétera. Desde las distintas asociaciones, se ha buscado desde el principio el diálogo con el Ministerio, intentando establecer un marco jurídico estable, con unas primas razonables, con unos requisitos técnicos que garanticen el funcionamiento de las plantas, con sistemas de monitorización del funcionamiento a tiempo real (como se exige en otros países de la Unión Europea), etc. Todo con la única intención de asegurar la continuidad de una industria que en 2012 habrá devuelto a la sociedad, la nada despreciable cifra de 8.200 millones de euros (a pesar del parón), en contribuciones a la seguridad social, impuestos de sociedades y de la renta, tasas locales, ahorro de combustibles fósiles y derechos de emisión. Una cantidad muy superior a la que recibe.