Aguas de Jerez, la liquidación interminable

Jerez/El 8 de abril de 2013, Aguas de Jerez (Ajemsa) iniciaba su proceso de defunción. Ese día se firmaba el contrato por el que Aquajerez, del grupo Aqualia (FCC) asumía la gestión del ciclo integral del agua durante 25 años. La mercantil municipal, una de las joyas del 'holding', se quedaba sin razón de ser aunque su proceso de disolución y extinción aún se mantiene inconcluso a día de hoy por un largo desencuentro con la auditoría elegida para cerrar sus cuentas, una firma que alega que no le han permitido acceder a toda la documentación necesaria, y por una desaparición de expedientes denunciada por el ejecutivo local.

Precisamente ayer, la comisión especial de auditoría y transparencia celebró una reunión donde, entre otros asuntos, se abordó la situación del proceso de disolución de esta mercantil municipal. En un comunicado, el gobierno incidió en que se va a encargar un informe jurídico de posibles responsabilidades "por la pérdida de documentación" vinculada a la sociedad. Ahora bien, esta desaparición de expedientes es una circunstancia que no aparece reflejada en la documentación incluida en el portal de transparencia sobre este asunto -únicamente se menciona en la nota de prensa-.

Este es el relato de lo sucedido basándose en los documentos hechos públicos en las cuentas generales del Ayuntamiento de 2014.

El 11 de abril de 2014, justo un año después de la firma del contrato con Aquajerez, el pleno del Ayuntamiento aprobó la disolución de Ajemsa y la apertura del correspondiente proceso de cesión de activos y pasivos al Ayuntamiento. Los trámites concluyeron el 30 de septiembre con el acuerdo definitivo por parte de la junta general de la sociedad. Ahora bien, la Intervención Municipal apreció entonces una serie de problemas en las cuentas elaboradas por los servicios técnicos por lo que pidió una revisión. Así, a escasas tres semanas de las elecciones municipales de mayo de 2015, se adjudicó a la empresa malagueña Hispacontrol la culminación del cierre de la contabilidad y la correspondiente auditoría, una firma que, por cierto, que solía hacer las revisiones de numerosas empresas municipales. La contratación tuvo un coste de 21.175 euros y se le dio un periodo de ejecución de 25 días por lo que el plazo se inició el 25 de julio, con la firma por parte de la mercantil del recibí con un listado de la documentación aportada, y debería haber acabado el 15 de agosto.

Sin embargo, el 5 de octubre de ese año Hispacontrol envió un escrito con un borrador de cierre contable de la sociedad donde realizó una serie de apreciaciones. Entre ellas advirtió de que no se le había facilitado el acceso a determinados expedientes y cuentas. El 27 de julio de 2016, la auditoría remitió una nueva carta a la alcaldesa, Mamen Sánchez, donde le volvió a pedir que le envíe las cuentas de 2015 formuladas y firmadas por el consejo de administración de Ajemsa para elaborar el informe de auditoría. Asimismo le recordó que ya le había remitido un borrador de cuentas que contaba con "salvedades" por no haber podido acceder a la documentación requerida. Por ello le apuntó entonces de que entienden de que su trabajo será considerado como realizado si no le envían los expedientes pedidos, por lo que el Ayuntamiento deberá pagarle.

Siguiendo con la documentación hecha pública por el Consistorio, el 3 de noviembre de 2016 se produjo una reunión entre el delegado de Economía, Santiago Galván, el nuevo interventor, Juan Raya, y responsables de Hispacontrol. Sobre la mesa seguía el borrador de cuentas con las salvedades advertidas. Días más tarde, una empleada de esta empresa envió un correo electrónico al interventor (y con copia al delegado de Economía) reiterándole la petición. Galván, entonces, escribe al interventor donde le pide opinión al respecto y este le responde que tiene que analizar el contrato con la auditoría.

No aparece nueva documentación hasta el 3 de marzo de 2017 donde la Intervención le mandó un requerimiento a Hispacontrol donde exigió la devolución de la documentación contable de Ajemsa entregada el 21 de julio de 2015 ya que la necesita el Consistorio por un requerimiento del Juzgado de lo Contencioso y por una reclamación de la Agencia Tributaria sobre devolución del IVA. Un mes más tarde se repitió el requerimiento.

Finalmente el pasado 11 de diciembre la Intervención emitió su informe sobre las cuentas de 2014 y 2015 donde señala que la auditora "no ha llegado a facilitar el cierre contable y la auditoría" por lo que no se cuenta con la información necesaria para saber su situación económica. La pasada semana, el gobierno anunció que llevará este asunto al Tribunal de Cuentas por si hubiera responsabilidades en la "pérdida de la contabilidad de la integración de Ajemsa" pero que antes se pedirá un informe jurídico al respecto.

Por lo tanto, Aguas de Jerez sigue viva, al menos a efectos mercantiles, y existen demasiadas dudas sobre lo realmente ocurrido en torno a su proceso de liquidación.