Andalucía plantó cara desde el primer momento

Andalucía ha sido una de las comunidades más beligerantes contra la Lomce. El Gobierno andaluz no sólo ha planteado batalla política, sino que ha llevado al plano jurídico su oposición a la ley educativa impulsada por el Partido Popular. La Junta presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el conjunto de esta ley orgánica. Además, elevó ante el Supremo otro contencioso contra el decreto regulador de la evaluación final de la Educación Primaria. En cuanto a las reválidas en Secundaria y Bachillerato, la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, anunció el pasado mes de septiembre en el Parlamento que el Ejecutivo regional estaba dispuesto a acudir también al Supremo para interponer un tercer recurso, aunque antes quería agotar la vía del "diálogo y la lealtad institucional".

Los fundamentos jurídicos en los que la Junta tenía previsto basar su recurso contra las reválidas de Secundaria y Bachillerato aluden a los "vicios de nulidad" del decreto que recoge su regulación, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de julio, en medio del bloqueo político a la investidura de Mariano Rajoy. Concretamente, el Gobierno andaluz considera que el decreto "carece de memoria económica y de impacto de género" y recibió la luz verde de un Ejecutivo en funciones "que extralimitó sus competencias".

Asimismo, el Consejo Escolar debía emitir un informe de carácter preceptivo sobre el decreto. Pero en el momento en el que la norma fue aprobada por el Gobierno, el Consejo Escolar tenía tres vacantes, ya que su presidente y su vicepresidenta habían dimitido y el secretario había fallecido. Y al encontrarse el Ejecutivo en funciones, no se podía nombrar a sus sustitutos.

La Junta considera que el sistema de las reválidas supone "un salto atrás de medio siglo" al sustituir el modelo de la evaluación continua por una prueba en la que el alumno se juega su futuro a una carta. A juicio del Gobierno andaluz, la normativa sólo logra dificultar la obtención de la titulación y segregar el alumnado en función de los resultados obtenidos.

En el caso de los estudiantes de Secundaria, si suspende el examen, sólo podría matricularse en ciclos de Formación Profesional Básica. En lo que se refiere a los alumnos de Bachillerato, si suspende no podría acceder a la Universidad ni matricularse en enseñanzas artísticas superiores, quedando como única posibilidad un ciclo de Formación Profesional de Grado Superior.

Antes de acudir a la vía jurídica, la Junta quería agotar la negociación política. El Consejo de Gobierno acordó en septiembre solicitar una reunión urgente de la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado ante "la falta de consenso" con la que se pusieron en marcha las nuevas pruebas académicas y "la invasión" de las competencias autonómicas. No era la primera vez que apela a este órgano. También lo hizo esta semana para solicitar la reforma de la financiación de la Ley de la Dependencia. Sin embargo, dada la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, era difícil que estas iniciativas llegaran a buen puerto.