La juez archiva la causa de los cursos de formación de Mercajerez

Jerez/La magistrada-juez Rosa María García Jover, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, ha dado carpetazo al caso de los cursos de formación de Mercajerez, causa que en su momento le valió a la ex alcaldesa de Jerez Pilar Sánchez una imputación de la que se libró hace ahora dos años. Según ha podido saber este medio, las acciones legales emprendidas contra Mercajerez y su director, Ángel Salazar, han quedado sin efecto alguno después de que tanto el Ministerio Fiscal como la Junta de Andalucía acusaran en un primer momento. La magistrada no ve indicios de delito.

Según se desprende del auto de sobreseimiento al que ha tenido acceso este periódico, "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 641-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones". De esta forma, en un escrito que se elevó el pasado 24 de agosto, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha ordenado que se notifique dicha resolución a quienes pudiera causar perjuicio la misma, aún cuando no se hayan mostrado parte en la causa".

La decisión de la magistrada juez determina tanto el sobreseimiento como el archivo de la referida causa. Cabe destacar que las partes tienen derecho a interponer el correspondiente recurso de reforma en el plazo de 3 días desde su notificación, algo que deberán hacer ante el propio Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, así como que igualmente tras ello podrá interponerse recurso de apelación; recurso éste que podrá no obstante formalizarse en el mismo escrito que el de reforma, con carácter subsidiario".

Cabe recordar que el caso en cuestión se dio a conocer en 2014, lo que provocó que los encausados declararan en las instalaciones de la comisaría de Jerez, en la plaza del Arroyo, por la presunta comisión de un posible fraude masivo en el desarrollo de cursos de formación realizados en distintos puntos de la comunidad autónoma y que fueron subvencionados por la Junta.

Como se sabrá, la investigación en cuestión se enmarcó como una pieza separada de la conocida como 'Operación Edu'. Los hechos que se le atribuían a la ex regidora estaban relacionados con la empresa Mercajerez SA -una sociedad participada por el Ayuntamiento y de la que fue presidenta entre 2005 y 2011 por su condición de primera autoridad de la ciudad- que desarrolló entre 2010 y 2011 dos acciones formativas para desempleados. Las investigaciones del momento apuntaban a una ayuda de 142.695 euros de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Cádiz de la que fue beneficiaria Mercajerez para el desarrollo de unos cursos de formación de carnicería y panadería, para los que presuntamente se falseó documentación.

Cabe destacar que los cursos investigados se impartieron a finales de marzo de 2011 y terminaron en la fecha que marcaba la normativa, el 31 de diciembre de ese año.

La Policía Nacional llevó a cabo en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería dicha operación por el supuesto fraude en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación, lo que se tradujo en 15 detenciones en un primer momento. La 'Operación Edu' fue desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional y se prolongó durante varios días con arrestos y registros.

Cabe destacar que Mercajerez es una sociedad mixta que participan tanto el Estado, a través de la compañía estatal Mercasa, como el Ayuntamiento de Jerez. La presidencia de la misma recae tradicionalmente sobre el primer edil de la ciudad, aunque Pilar Sánchez siempre dejó claro que la gestión correspondía al vicepresidente y al gerente.

En la provincia de Cádiz la Policía interrogó a numerosos testigos, muchos de ellos alumnos y profesores, y se investigó a la empresa Codenet, que obtuvo ayudas para unos cursos que impartió en 2010 y que negó en su momento de forma "categórica" haber cometido "irregularidad alguna".

Un hecho especialmente relevante es que la primera fase de la 'Operación Edu' saltó a la luz pública en abril de 2014 tras hacerse pública una investigación de la UDEF iniciada después de una denuncia de la Seguridad Social. Entre las sospechas de los investigadores se encontraba la presunta falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se le concedió los fondos y también un supuesto incumplimiento en la contratación del sesenta por ciento de alumnos o posibles irregularidades en los partes de asistencia.