Los castillos se defienden

Cádiz, tan codiciada como atacada en tiempos pretéritos por su estratégica ubicación, dibujó su geografía con una abundante arquitectura militar. Son los castillos, torres, alcázares y baluartes que hoy se defienden como pueden, con políticas que no terminan de tener continuidad en el tiempo en esta larga reconquista para su uso civil y cultural. Del interés o desidia de las distintas administraciones, ayuntamientos y propietarios particulares depende hoy el sino de estos encantadores hitos que marcaron fronteras de reinos y civilizaciones. Pero no todos luchan en primera línea de batalla.

Actualmente son unos 40 los castillos que vigilan la provincia, cuya posición los divide incluso por rutas. La que recorre el litoral, desde Sanlúcar a Algeciras -para alertar de los ataques marítimos-, y continúa por los Alcornocales. Y la de la campiña, de Medina a Setenil, muchos de ellos posados sobre las atalayas donde ejercían su misión. De todos, corren mejor suerte las fortalezas medievales que se integran en los conjuntos urbanos, pero también están las torres solitarias que al ubicarse en terreno rural o fincas privadas, están abandonados. De éstos, alrededor de catorce -más de una cuarta parte- son privados o están en terreno militar.

Distintos expertos en el ámbito del patrimonio evalúan los puntos claves de la situación que hoy atraviesan. Para comenzar, el marco de protección de los castillos es BIC desde 1949. Según Esperanza Mata, presidenta de ASPHA (Asociación Profesional del Patrimonio Histórico y Arqueológico de Cádiz) "Andalucía ha sido pionera en legislación a nivel nacional e internacional, pero le ha faltado llevarlo a la práctica". "Incluso en épocas de vacas gordas, -añade- no hubo continuidad en las políticas culturales serias". Aunque reconoce que "ha sido de los bienes más atendidos por la administración".

En este apartado la inspectora provincial de la Delegación Provincial de Cultura, Ana Troya, afirma que "muchos planes destinados a arquitectura defensiva nacieron en una época de bonanza económica, y aunque están aparcados, están a la espera de nuevos fondos". Por lo que desde la Junta la actuación es más bien preventiva. "Se supervisa el estado en que se encuentran estos edificios, para comprobar que no existe peligro de desprendimiento ni colapso". El fin es que "sean escasas las actuaciones de emergencia". Un punto que los expertos critican ante "la insuficiente inversión por parte de la Junta", declara Mata, además de "la poca implicación de las administraciones locales, a la hora de instar a la conservación de sus elementos protegidos para hacer cumplir sus PGOU", dice Troya. También falta coordinación "de la Junta con las administraciones locales, a los que les debe exigir planes anuales", añade Mata.

En esta labor limitada entra en juego el poco personal destinado a la protección y salvaguarda del patrimonio. Por citar un llamativo ejemplo, en la delegación provincial de Cultura sólo existe un técnico, la propia Ana Troya, que se encarga de la supervisión arqueológica emergente y subyacente de cualquier época. "Antes éramos cuatro", responde. Por lo que, "es imposible llegar a todo". Si bien, resalta la labor de la personas comprometidas con el patrimonio, "que alertan de hallazgos o actos vandálicos", así como la "magnífica" actuación de otros cuerpos como el Seprona y los agentes forestales de Medio Ambiente.

Pero no sólo falta personal competente en la administración regional, sino en casi todos los ayuntamientos de la provincia. Otro dato alarmante es que sólo existen seis arqueólogos municipales. Una profesión que "debería ser obligatoria porque ejerce presión en la protección del patrimonio", añade Moisés Camacho, presidente de ADIP (Asociación para la Difusión e Investigación del Patrimonio Cultural de Cádiz).

De todos, el principal problema es que "aún no se entiende que la mayoría del PIB que entra en este país es a través del turismo, y el patrimonio es de los mayores atractivos", esgrime Camacho. Así que todo iría mucho mejor si "la administración diera la importancia que merece a la Delegación de Cultura", puntualiza Esperanza Mata.

La información más optimista llega con las actuaciones que ahora se llevan a cabo en tres castillos de la provincia. El de Fatetar (Espera), en Medina Sidonia y en Zahara de la Sierra, como grandes referentes. En el de Fatetar se estrenaron el pasado sábado varias infraestructuras de mejora para el acceso, con la colocación de pasarelas y escaleras, adecuación de miradores y el entarimado del patio de armas. Una actuación que ha asumido la Diputación a través del plan Invierte, con una partida de 54.950 euros. Ha sido la última de un camino iniciado en 2001 y continuó en 2004 con el Ayuntamiento de Espera y Mancomunidad de Municipios de la Sierra, con actuaciones básicas encaminadas a hacerlo visitable. En 2005 la Junta restauró y consolidó la Torre del Homenaje. Es hoy una de las actuaciones ejemplares, junto a la del Castillo de Medina Sidonia, donde comenzaron los trabajos en 2005 y que también destaca por la divulgación en las redes de los pasos que se dan. Hace unos días anunciaron el fin de la memoria de la V campaña de excavaciones de 2015, que les ha llevado a su ocupación en época republicana (I.a.C.). En Zahara de la Sierra se ha intervenido desde los 90 gracias al empeño de su Ayuntamiento, que actualmente está adecuando el acceso.

Pero en los últimos años se han afrontado otros planes, con más o menos continuidad. Desde el Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía (PADA), la Junta intervino en la última fase (2009-2011) en el Castillo de Setenil con 518.703,35 euros. El plan incluyó las fichas de diagnóstico para consultar, pendientes de actualizar. Por su parte, Diputación es de las instituciones más activas a tenor de fondos europeos, pues ha actuado en los últimos cinco años en los castillos de Alcalá de los Gazules con más de 900.000 euros desde 2005 procedentes de los fondos Feder; en Jimena, con la iluminación ornamental por una partida de 111.000 euros; en Tarifa, donde se se ha invertido más de 2 millones de euros en la recuperación del Castillo de Guzmán el Bueno y sus murallas perimetrales; recientemente en el Castillo de San Romualdo de San Fernando, con 2,8 millones de euros procedentes de los Feder y la propia Diputación. También destaca el proyecto de la Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos, con una línea para castillos y fortalezas en las que se incluyeron los de Olvera, Torre Alháquime, Setenil y Zahara de la Sierra. Y es que "ha habido ayuntamientos que con muy pocos medios han hecho bastante más que otras administraciones más potentes", comenta Esperanza Mata.

Costas es de las administraciones más aplicadas, confirma Ana Troya, a juzgar "por su actuación ejemplar cuando les instamos". Resalta la ambiciosa restauración llevada a cabo en el Castillo de Sancti Petri, para el que se ha licitado su explotación. En Cádiz, acaba de adjudicar las obras en el baluarte de San Roque y también tiene previsto rehabilitar próximamente el perímetro exterior del Castillo de Santa Catalina. En San Sebastián, Medio Ambiente actuó en la avanzada de Isabel II en 2011-12 y en algunas casamatas, pero en general presenta un estado lamentable. Por otra parte, en el Castillo de Luna de Rota se aprobaron obras por 15.918 euros, al hilo del 1'5 por ciento cultural.

En el ámbito de lo privado resalta la consolidación en la Torre de Matrera tras el colapso que sufrió, a cargo de su propietario, Juan García. Además de la impecable actuación en el Castillo de Santiago de Sanlúcar, con Álvaro Taboada al frente. Y como actuación singular, apuntar el crowdfunding que promovió el Ayuntamiento de Bornos para restaurar el castillo-palacio de los Ribera de Bornos. Entre todos y pese a la ausencia de planes directores, se van defendiendo.