Los nombres y apellidos de la globalización

20 de marzo de 2007. Primera solicitud de concurso presentada ese año en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, del que yo era magistrada titular desde el mismo día de su creación, el 1 de septiembre 2004: Delphi Automotive System España S.L. (conocida como Delphi, la empresa de automoción de Puerto Real).

Fueron momentos muy duros. El eslogan que sonaba en todas partes era Delphi no se cierra (llegué a verlo hasta en mi garaje), pero Delphi -por desgracia para la provincia- ya llegó con una decisión de cierre previamente tomada por el órgano de administración societario en febrero de 2007. La declaración de concurso, difícil decisión. En prensa, opiniones diversas sobre su procedencia. Era caso de insolvencia inminente, un supuesto novedoso de la Ley Concursal de 2003, en aquellas fechas aún con escasa aplicación, a diferencia de lo que ocurriría a partir del año siguiente con la crisis y fundamentalmente del sector inmobiliario.

¿Un supuesto de globalización? No había diferencia, el juez está sometido al imperio de la Ley. La insolvencia, aun siendo inminente, era cierta y estaba acreditado que en breves fechas no podría hacerse frente a los pagos de los proveedores y demás acreedores, y entre ellos, las nóminas de los trabajadores, como luego corroboraría el informe emitido por la administración concursal. Y además, la matriz del grupo en EEUU estaba en "bancarrota", sometida al Chapter 11. Incluso en una ocasión tuve que autorizar la presentación de un documento para la ejecución del acuerdo con los trabajadores ante el Tribunal de Nueva York.

Jurídicamente, tuve que dictar resoluciones muy interesantes y complejas. Personalmente, fueron los momentos más duros. Con fecha 16 de mayo de 2007 la concursada presentó una solicitud de extinción de toda la plantilla, 1.540 trabajadores. A pesar de que hubo acuerdo, que se alcanzó en la madrugada del 4 de julio de 2007 -del que fui informada por SMS esa misma noche- y que el acuerdo contenía indemnizaciones incluso superiores a las entonces previstas en el Estatuto de los Trabajadores para el despido improcedente (y cuyo pago por importe de 120 millones de euros asumió la matriz), no dejaba de ser un acuerdo de extinción de "todos" los contratos de trabajo: 1.540 trabajadores -familias- que perdían sus empleos.

Tuve que redactar una resolución fundada y extensa, que acababa aprobando el acuerdo. Al auto dictado incorporé como anexo la relación de los 1.540 trabajadores, "con nombre y apellidos". Fue durísimo, muy triste. Perdí peso, tenía insomnio -recuerdo que me levantaba a las 4 de la madrugada y me ponía a trabajar en el ordenador porque no podía dormir-. Me consta por la prensa que aún hay trabajadores que no han encontrado trabajo. A los 1.540 trabajadores sin contrato se unían las empresas auxiliares, igualmente afectadas. Jurídicamente, como he dicho, fue un concurso muy enriquecedor, pero sin duda fueron momentos muy tristes por la pérdida de tantos empleos en la provincia, un varapalo más para Cádiz, a la que tan fuertemente ha afectado la crisis. Y fue el principio de una espiral de concursos que a partir de 2008 afectó a más empresas y trabajadores.