Agricultura contará con más fondos y le piden que desarrolle una gestión eficaz
Presupuestos de la Consejería de Agricultura
La tramitación de los expedientes de la PAC reciben un 50% más. Asaja valora el incremento de la cuantía y reclama agilidad. UPA exige la aprobación del Estatuto de la Mujer Rural. La Consejería falla la XVI edición de sus premios anuales
El incremento del presupuesto que el departamento encabezado por Carmen Crespo recibirá para Agricultura es un estímulo para un sector muy machacado por la subida del precio de los insumos, lastrado por la marginalidad a la que queda relegado el sector productor, pese a ser el primero de los eslabones de la cadena alimentaria, y temeroso de resultar muy perjudicado en Andalucía con la aplicación de la nueva PAC.
Las organizaciones agrarias han acudido al Parlamento a exponer sus opiniones y de ellas damos cuenta a continuación. En general piden agilidad y eficacia en la gestión, el desarrollo de las políticas ligadas al agua y el fomento del relevo generacional.
El proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía contempla un incremento de casi el 25% de los fondos para la Consejería de Agricultura, que contará con 2.329,5 millones de euros (excluyendo la Pesca y los fondos del FEGA), lo que permite contar con 456 millones de euros más que en el presupuesto prorrogado de 2022.
El director general de Asaja-Andalucía, Félix García de Leyaristy, destaca que el 70% del presupuesto, uno de cada tres euros, se destinará a inversiones y a la luz de estas cifras considera que el Gobierno de la Junta de Andalucía sitúa al sector como uno de los pilares fundamentales de su política presupuestaria. Pero Asaja Andalucía va más allá y entiende que esta contestación positiva desde el punto de vista presupuestario “debe ir también acompañada de una respuesta eficiente de la gestión de los fondos, para que se pongan cuanto antes a disposición del sector, ayudando a amortiguar los nocivos efectos de esta crisis sin precedentes que estamos padeciendo”. Para ello creen fundamental: “mejorar la eficacia y la eficiencia de la Administración, lograr una simplificación real y efectiva de todo tipo de trámites, impulsar la administración electrónica y mantener una buena interlocución y coordinación con las organizaciones profesionales agrarias”.
En concreto, el presupuesto para ordenación y mejora de la producción agrícola y ganadera ve incrementado su montante en un 53%. Este programa contará en el ejercicio de 2023 con 413 millones de euros que se destinarán a la incorporación de jóvenes agricultores (76 millones de euros) a la mejora de caminos rurales (88,4 millones de euros), a la modernización de explotaciones (60,7 millones de euros), y a la mejora de la sanidad animal y vegetal o el apoyo a los seguros agrarios (12 millones de euros).
Asaja-Andalucía
El programa de apoyo al sector productor agrícola y ganadero destinado principalmente a la tramitación de los expedientes de ayudas directas de la PAC, de las medidas agroambientales y de producción ecológica experimenta un incremento de casi un 50%, llegando hasta los 192 millones de euros. Su función, de vital importancia, es hacer llegar en tiempo y forma el dinero a los agricultores y ganaderos que cumplen año tras año con sus compromisos.
Asaja espera que el aumento de casi un 21% en gastos de personal “ayude de forma definitiva a cumplir con los objetivos de mejora de la eficacia y eficiencia de la administración, optimizando el procedimiento de tramitación de ayudas dando en todo momento una información clara y accesible sobre las convocatorias previstas”.
Políticas de agua
En cuanto a las actuaciones en materia de agua, es uno de los capítulos que más presupuesto tiene, con un peso del 18% sobre el montante total, con 444 millones de euros, pues la dotación para inversiones que crece un 21% hasta los 379 millones de euros, provenientes en su mayor parte de los fondos obtenidos con el canon de mejora y depuración que no se invirtió en ejercicios anteriores.
Asaja entiende que estos fondos deben permitir el cumplimiento de gran parte de los objetivos previstos en materia de mejoras de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas; defensa contra avenidas, restauración y adecuación de cauces; vigilancia de la calidad de las aguas, tramitación de autorizaciones y concesiones de nuevos aprovechamientos de agua y construcción de infraestructuras.
Además, la Junta ha suspendido el canon de mejora y depuración para el ejercicio fiscal 2023, medida que sin duda contribuirá a la bajada de la presión fiscal anunciada por el Gobierno regional respaldada por Asaja-Andalucía, que valora los efectos positivos sobre la economía de la bajada progresiva de impuestos iniciada en 2019.
El responsable de Asaja-Andalucía subrayó que desde el punto de vista ambiental y territorial “no podemos olvidar que los agricultores, ganaderos, y propietarios forestales cuidan y mantienen el 85% de la superficie total de Andalucía y su actividad constituye el principal instrumento de fijación de la población en el medio rural”.
Crespo: Presupuesto municipalista
Durante su intervención en el Parlamento regional, la consejera Crespo, quiso destacar el carácter “municipalista y transparente” del Presupuesto de su departamento para 2023, que alcanza los 3.223,9 millones de euros y está provincializado al 72%. Detalló que este porcentaje supone que “7 de cada 10 euros de la inversión pública de esta Consejería está provincializada, lo que permite conocer a qué van destinados esos recursos de forma concreta” en el marco de las políticas agraria, pesquera, hídrica y de desarrollo rural que gestiona el departamento.
Indicó que la Consejería que dirige es “la más inversora” del Gobierno andaluz al concentrar el 23% (cerca de 1.260 millones de euros) de la inversión pública del presupuesto del Ejecutivo regional para 2023. Este volumen económico se traduce en que “casi 1 de cada 4 euros que invierte la Junta lo hace en políticas de agricultura, pesca, agua y desarrollo rural”. Al respecto, la consejera ha subrayado que “es importante transformar y digitalizar nuestra agricultura, la pesca y la comercialización de este sector, lo que concentra gran parte de nuestra inversión”; y apuntó también que las inversiones previstas por la Consejería avanzan para que esta “sea la legislatura del agua como el presidente de la Junta indicaba en su debate de inicio”.
Consideró “partidas especialmente significativas” el aumento del 25% de los fondos para política hídrica en comparación con 2022, que supone “un impulso especial de las políticas de agua”; el aumento de 122,5 millones de euros en la inversión destinada a la ordenación y mejora de la producción agraria y ganadera; y un montante de 71,7 millones de euros para la pesca, que refleja un aumento del 13% respecto a 2018.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG de Andalucía, por su lado, hace hincapié en la necesidad de adopción de medidas urgentes y extraordinarias que den solución a la “desastrosa convocatoria de Ayudas a la Incorporación de Jóvenes de este año”.
COAG
Andrés Góngora, secretario Provincial de COAG Almería y miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG Estatal, señala “la necesidad de que esta línea de ayudas sea tratada como prioritaria dentro de los presupuestos. Es necesario la tramitación de un presupuesto adicional que disponga de al menos 117 millones de euros más para que estos jóvenes se puedan incorporar. Y no se trata de una propuesta descabellada pues existen remanentes dentro del Programa de Desarrollo Rural al que pertenecen estas ayudas, pendientes de ser asignados, que están sin cubrir, cuando nos encontramos cercanos a la finalización del Programa 2014-2022”.
UPA Andalucía
“La Consejería dispone tanto de capacidad financiera como de capacidad técnica para poder incluir a los jóvenes que han quedado excluidos de las ayudas”, ha asegurado Góngora con contundencia.
Por su lado, UPA Andalucía ha valorado el aumento del presupuesto. El secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, en la comparecencia en el Parlamento andaluz, recordó que “el sector agrario andaluz, que no olvidemos aporta más del 34% de la producción agraria nacional, arrastra problemas acuciantes como la escalada incesante de los costes de producción y el déficit hídrico con la grave sequía que sufrimos”.
Para UPA Andalucía es fundamental adoptar medidas que “impulsen una agricultura moderna, competitiva y sostenible, que den un mayor protagonismo a mujeres y jóvenes, que dinamicen el mercado de tierras o equilibren las injusticias que se dan en la cadena agroalimentaria”.
En este sentido, Cristóbal Cano ha defendido la puesta en marcha de una “Ley de Agricultura y Ganadería Familiar que dote de rango legal a nuestra actividad y se centre, además, en el modelo mayoritario que sustenta al sector primario en nuestra región”.
Entre los deberes que debe asumir la Consejería de Agricultura en esta legislatura, Cristóbal Cano ha destacado como “imprescindible” la aprobación de un “Estatuto de la Mujer Rural que incida en disminuir la brecha de género que existe en nuestro sector”.
También apuesta por un “control más exhaustivo de la Ley de la Cadena Alimentaria y velar por su cumplimiento intensificando los controles”, así como “retomar marcos legislativos que recojan cuestiones de calado para el sector, como potenciar más aún la modernización de explotaciones, la incorporación de jóvenes y las ayudas agroambientales; potenciar la agroindustria, agilizar los trámites burocráticos a los agricultores y ganaderos y un mayor control de los productos agroalimentarios de terceros países”.
Desarrollo Rural
En cuanto al desarrollo rural, UPA Andalucía ha advertido del “bajo nivel de ejecución” del presupuesto, que “pone en peligro” los fondos destinados a nuestra comunidad porque “no ejecutar parte del dinero implica que se pierde capital para este periodo y, por lo tanto, para próximos presupuestos Feader”.
Al respecto, Cristóbal Cano ha señalado que “viendo cómo se está ejecutando, nos tememos que los agricultores y ganaderos perderán la posibilidad de mejorar sus explotaciones y calidad de vida por culpa de la mejorable gestión que se hace de estos fondos. No sería aceptable que se pierdan fondos de Desarrollo Rural por falta de previsión”, ha concluido Cristóbal Cano.
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