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Política Comunitaria
El acuerdo definitivo para la reforma de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) debe quedar cerrado a finales de este mismo mes y la cuestión de los plazos de convergencia hace recelar a los productores andaluces que, amparados por el Gobierno regional, están presionando al máximo en Madrid para que, a su vez, el Gobierno central defienda su postura en Bruselas.
De hecho, el Grupo de Expertos Andaluces por la Política Agraria Común (PAC) considera una máxima ineludible que la convergencia máxima no supere el 85% en 2026. Así lo han explicado por entender que una convergencia por encima de este porcentaje conllevaría “graves perjuicios” para los agricultores y ganaderos de Andalucía.
Tras la reunión mantenida la semana pasada, solicitan al Ministerio de Agricultura que siga peleando en Europa en esta dirección, pues la garantía de una convergencia paulatina y no abrupta “es crucial” para que el sector agrario disponga “de la seguridad y certidumbre necesarias” para seguir siendo un eslabón principal de la recuperación económica y social de la Andalucía postpandemia, sobre todo después del esfuerzo realizado para abastecer a los mercados en los meses más complicados por las restricciones del Covid-19.
El Grupo de Expertos Andaluces por la PAC está presidido por el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez y reúne a una veintena de profesionales de reconocida trayectoria en el agro andaluz, representantes del sector agroalimentario, de la universidad y altos cargos de la propia Consejería. Vicente Pérez, presidió la reunión telemática, en la que analizaron la evolución de las duras negociaciones sobre la nueva PAC que se están produciendo en el seno de la Unión. Además, la Consejería de Agricultura subraya la unidad de acción que existe en torno al objetivo de lograr una buena PAC para Andalucía.
Así, y a la espera de que se llegue a un acuerdo definitivo a finales de mes tras el intento fallido de mayo, los expertos andaluces han apoyado la apuesta de la Consejería por una convergencia tope del 85%, frente a quienes pretenden acelerar el ritmo y llegar al 100% en el año 2026.
Los integrantes de este foro han abogado por una convergencia que cuente, además, con una fórmula de salvaguarda para proteger a los productores cuyos derechos proceden de la situación especial derivada de la ganadería sin tierra y de los cultivos industriales. Entienden que se verán muy perjudicados por los plazos para la convergencia que marca Europa y creen necesario tomar medidas para evitar una pérdida excesiva de ayudas de la PAC que haga inviable el mantenimiento de la actividad.
Otro de los puntos que preocupa a los expertos es que, finalmente, la UE fije unos ecoesquemas que supongan una carga añadida para el sector agrario andaluz sin contar, para ello, con más recursos para su aplicación.
Por ello, los miembros de este foro han coincidido con la Consejería de Agricultura en insistir para que los ecoesquemas no superen el 20% y que sean “lo más flexible posible”, a fin de que los productores tengan tiempo suficiente para adaptarse a esta nueva herramienta de la arquitectura verde de la PAC y cumplir con las nuevas exigencias medioambientales de Bruselas.
En este sentido, el secretario general de Agricultura de la Junta subraya que Europa debe reconocer el esfuerzo y el compromiso por la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos naturales que demuestra, desde hace años, el sector agrario andaluz. De hecho, ha resaltado que Andalucía roza ya el objetivo de producción ecológica marcado por la UE para 2030 en su estrategia “De la granja a la mesa”, con casi un 23,6% de la superficie agraria útil dedicada a este sistema productivo cuando el objetivo marcado por Bruselas para 2030 es de, al menos, el 25%.
Respecto a los ecoesquemas, además de la máxima flexibilidad en los dos primeros años para que no se produzca una pérdida de recursos, el grupo de expertos aboga porque se apliquen en función a las regiones productivas que se establezcan. Con esta medida, los integrantes de este foro pretenden evitar que, al final, estos ecoesquemas se conviertan en una tasa plana que distorsione el actual modelo de ayudas de la PAC y el justo equilibrio entre agricultores. Asimismo, los expertos han puesto el acento en que los requisitos y condicionantes ambientales que se les exijan al productor europeo con la nueva PAC, también sean obligatorios para los productos agroalimentarios que se importan desde terceros países.
Por último, el Grupo de Expertos Andaluces por la Política Agraria Común ha reiterado su defensa total a la figura del agricultor pluriactivo, al asegurar que es clave para mantener la actividad y el empleo en las zonas rurales y, por lo tanto, es vital para frenar el despoblamiento en una comunidad donde el 66% de su población reside en estos municipios.
Insisten en que no sea expulsado de este sistema de ayudas, puesto que en Andalucía se ha demostrado que la convivencia de los modelos “agricultor pluriactivo” y “agricultor profesional” funciona y ha hecho posible a la comunidad andaluza aprovechar cada euro de la PAC para ser líder en innovación, sostenibilidad y competitividad, al tiempo que ha mitigado el éxodo de las zonas rurales.
La propia consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, defiende “que el productor ecológico sea considerado ‘per se’ agricultor genuino en la nueva PAC” y confía en que el Ministerio de Agricultura sea sensible a esta demanda y así lo recoja en el Plan Estratégico Nacional.
Durante la comparecencia en comisión parlamentaria, la titular del ramo anunció que la Junta de Andalucía “casi se duplicarán las ayudas en los dos próximos años para reforzar aún más el liderazgo nacional de nuestra comunidad” en un sector que genera un valor de producción en torno a los 700 millones de euros, capaz de crecer y consolidar 45.000 puestos de trabajo.
Según ha detallado Crespo, el actual Gobierno andaluz ha pagado desde 2019 ayudas a la producción ecológica por valor de 155,2 millones de euros. La Consejería ha prorrogado dos años consecutivos la convocatoria del periodo 2015-2019 y tiene previsto una tercera ampliación para 2022.
Además, este año se ha publicado una nueva con línea complementaria que otorgará más fondos y dando preferencia por primera vez a los agricultores y ganaderos que se encuentren en el entorno de los parques nacionales o naturales.
“Hemos querido poner de manifiesto el papel de nuestros agricultores y ganaderos en la defensa de nuestros espacios protegidos y la posibilidad de compatibilizar su actividad con la protección de estos entornos. Basta con destacar, por ejemplo, el importante papel de la ganadería extensiva en la prevención de los incendios forestales”, apostilló.
El éxito de esta nueva convocatoria, inicialmente con un presupuesto de 16,5 millones de euros, ha provocado un incremento de la dotación hasta casi 40,5 millones de euros. Además, anunció que se trabaja para poner durante el periodo transitorio 2021-2022 una nueva línea de ayuda para apoyar el uso de servicios de asesoramiento a la producción ecológica, dotada con 4 millones.
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