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Andalucía pierde peso en el sector ecológico nacional

La comunidad andaluza ocupa un papel hegemónico en el sector

La Junta está pagando la segunda anualidad de los PDR, 33,6 millones de euros

Un total de 1.613 ganaderos debe recibir la segunda anualidad del PDR. / Archivo
A. Estrella Yáñez

02 de enero 2018 - 02:32

El volumen de superficie de producción ecológica certificada en Andalucía está perdiendo peso en el conjunto de España. Así lo ha señalado el presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, que expresa su preocupación porque el descenso no es sólo relativo, sino también en términos absolutos, pues la comunidad autónoma dedica a cultivos ecológicos, según las últimas cifras de Ecovalia, 975.000 hectáreas, después de que haber llegado a superar el millón.

Andalucía ha estado históricamente a la cabeza de las comunidades autónomas en producción

975.000 Hectáreas. Es la superficie total que se dedica actualmente en Andalucía a producción ecológica.

ecológica, con casi la mitad de la superficie certificada en toda España. Pero actualmente la superficie de ecológico supone el 42% del total, mientras que los últimos datos facilitados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el marco de la feria BioCórdoba 2017 daban a Andalucía el 48,36% del total de la superficie ecológica del país.

"Desde el sector ecológico y centrándonos en Andalucía -señala Álvaro Barrera- debemos destacar una situación paradójica: España crece, pero Andalucía decrece".

"La superficie dedicada a la producción ecológica a nivel nacional -dice- ha conseguido superar los dos millones de hectáreas en 2017. Hace un año, Andalucía acaparaba el 51% de esa superficie, con más de un millón, pero nuestra comunidad autónoma, históricamente a la cabeza, apenas llega ahora al 42%, 975.000 hectáreas". "El listón del millón de hectáreas, que habíamos conseguido superar, vuelve a ser ahora una meta", añade el presidente de Ecovalia.

Según las últimas cifras del Ministerio, más de un tercio de los operadores ecológicos del país son andaluces, un punto en el que la región, con 14.489 (el 34,7%), se sitúa muy por delante de comunidades como Castilla La Mancha (7.128 operadores) o Cataluña (3.942 operadores), segunda y tercera en el ranking, respectivamente.

En lo que se refiere a la agroindustria ecológica, Andalucía presenta también un claro papel hegemónico con más del 27% del total de España, seguida de lejos por la Comunidad Valenciana (16%) y Cataluña (15%).

Por otro lado lado, actualmente la Consejería de Agricultura está realizando el pago de 33,6 millones de euros en ayudas para respaldar el desarrollo de la agricultura y la ganadería ecológicas en la región y de las que se benefician más de 7.800 personas.

En concreto, reciben estas subvenciones que apuestan por técnicas respetuosas con el medio ambiente un total de 1.613 ganaderos que perciben en conjunto 11,3 millones de euros, y 6.207 agricultores ecológicos, a los que se destinarán 22,3 millones de euros.

La Consejería destaca que entre los profesionales que se dedican al cultivo de la tierra se encuentran algo más de 3.000 olivareros, que reciben 10,3 millones de euros incluidos en el Plan Director del Olivar.

Asaja Córdoba recuerda a la Consejería que tiene expedientes sin resolver por falta de presupuesto

Estos 33,6 millones de euros se corresponden con el pago de la segunda anualidad de las ayudas a la agricultura y ganadería ecológicas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, cuyos beneficiarios se comprometieron en 2015 a iniciar o mantener su actividad bajo sistemas de producción ecológica durante un total de cinco años.

Por provincias, Córdoba recibe 6,6 millones de euros para 1.288 beneficiarios, Sevilla 5,6 millones para 1.059 profesionales, Granada 5,1 millones para 1.273 agricultores y ganaderos, y Cádiz y Huelva 4,4 millones para 772 y 1.015 beneficiarios, respectivamente. Por su parte, en la provincia Almería se reparten 3,4 millones entre 1.188 agricultores y ganaderos ecológicos, en Jaén 2,5 millones entre 577 profesionales y en Málaga 1,6 millones entre 648 beneficiarios.

El consejero Rodrigo Sánchez Haro ha destacado que este pago hace que el Gobierno andaluz haya destinado ya un total de 81,8 millones de euros en ayudas a los agricultores y ganaderos que ponen en prácticas técnicas respetuosas con el entorno natural donde desarrollan su actividad. Este montante forma parte del total de 236,4 millones de euros comprometidos hasta la fecha.

Sánchez Haro ha recordado que, además, estos incentivos a la agricultura ecológica se suman a otros de orientación similar incluidos en el PDR como las ayudas de Agroambiente y Clima, que cuentan con 34,5 millones de euros abonados hasta el momento de esta misma anualidad de 2016.

"Unas subvenciones que muestran el apoyo público a la introducción de sistemas productivos sostenibles y el mantenimiento de actividades beneficiosas para el medio ambiente, para hacer frente así al riesgo de abandono de este tipo de métodos por parte de los agricultores y ganaderos", subraya el consejero.

También se está abonando la primera anualidad de la ayuda a los sistemas sostenibles de cultivos leñosos por valor de 178.656 euros para 68 agricultores. Estos incentivos se reparten entre productores de seis provincias: Granada con 117.305 euros y 46 beneficiarios, Málaga con 35.539 euros para 10 agricultores, Almería con 14.657 euros para ocho productores, Sevilla con 8.473 euros para un beneficiario, Jaén con 1.902 euros para otro agricultor y Córdoba con 778 euros para dos productores.

Al tiempo, Asaja Córdoba recuerda que en las resoluciones de las ayudas de mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura y ganadería ecológica quedaron fuera, por falta de presupuesto, 315 expedientes y 16 en la ayuda de mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica en olivar.

Además, la organización agraria solicita que se revisen aquellos recursos que se realizaron para no dejar fuera a los solicitantes que desde el año 2015 ya están realizando los compromisos como si fuesen beneficiarios de la ayuda sin tenerla.

Por otro lado, Asaja insiste en que en las ayudas de conversión de prácticas de olivar ecológico hay 327 expedientes que no tienen dicha ayuda y 1.499 acogidos a la medida de conversión de agricultura y ganadería ecológica.

El sector también cuenta ya con tres nuevas normas de insumos para la agricultura ecológica, que acaban de ser aprobadas por la Asociación Española de Normalización (UNE), con el fin de armonizar la certificación de fertilizantes y fitosanitarios en el sector eco, aportando ventajas a los fabricantes de insumos, que con estas nomas suman valor ante los mercados internacionales, a la vez que se dan garantías adicionales a los agricultores que usen estos productos y a los consumidores finales.

Se trata de unificar los criterios y requisitos que deben cumplir los insumos utilizados en agricultura ecológica, teniendo en cuenta toda la legislación que afecta a estos.

Las normas son el fruto de un proceso que ha durado más de dos años y han sido desarrolladas por grupos de trabajo impulsados por el Ministerio de Agricultura y han contado con la participación y el consenso de las Administraciones autonómicas, la entidad Nacional de Acreditación (ENAC), la Mesa de Coordinación de la Producción Ecológica (Mecoeco), las asociaciones del sector AEFA, Aepla, Anffe, IBMA, Aefisa, FOMA, Afieco y empresas especializadas en la certificación ecológica como el Servicio de Certificación CAAE. El citado servicio asegura que el resultado ha sido aplaudido por el sector ecológico, "que desde ahora dispondrá de las garantías adicionales que añaden estas tres normas, cada una de ellas destinada a regular la actividad de los principales actores -fabricantes, comercializadores y certificadores- del sector de los insumos utilizables en la producción vegetal ecológica". Regular todos los aspectos ligados a los insumos "implica coherencia y garantía de cara a todo el proceso de producción ecológica de un producto, ya que cualquier irregularidad relacionada con el uso de fertilizantes o fitosanitarios usados en una finca podría derivar en importantes perjuicios para el agricultor", explica Álvaro Barrera, también presidente de Servicio de Certificación CAAE.

"Además -concluye-, todas las garantías adheridas al sistema productivo se traducen en garantías también para el consumidor final y, por supuesto, en ventajas para los productores nacionales de insumos, que con estas normas podrán mostrarse al mercado internacional con un valor añadido extra que, sin duda les abrirán muchas puertas".

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