Dejar de ser invisibles: el reto

LAS mujeres, por regla general, tenemos dos tipos de trabajos: el trabajo productivo, dedicado a la producción de bienes y servicios a cambio de algún tipo de remuneración, es decir que tiene un valor económico, es visible y reconocido socialmente, y el trabajo reproductivo, es decir, el que desarrollan las mujeres para la sostenibilidad de la vida de las personas que integran la familia en el ámbito doméstico sin ningún tipo de remuneración como parte de su mandato de género, y con las consecuencias que ello tiene sobre su participación laboral.

En el medio rural, donde la ruptura con una sociedad masculinizada va un poco más lenta, el trabajo productivo de las mujeres no ha estado reconocido ni por la sociedad, ni por sus familiares e incluso ni siquiera por las propias mujeres. Esta falta de reconocimiento, esta invisibilización, ha conllevado la falta de independencia económica al no obtener unos ingresos propios, la falta de derechos sociales y la falta de identidad como profesional.

Por todo ello, es importante visibilizar la situación de desigualdad en la que se encuentran en relación con los hombres, de manera que se provoque la necesaria reflexión conjunta sobre el futuro del medio rural y el papel fundamental que las mujeres tienen en el mismo.

Según las estadísticas, en los pueblos la mayoría de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector servicios. El número de trabajadoras en el sector agrario o ganadero es bastante menor y mayoritariamente lo hacen de forma temporal en función de las campañas de recolección.

Pero las estadísticas no reflejan toda la realidad, ya que estas agricultoras o ganaderas realizan su trabajo en la explotación agraria en forma de ayuda familiar, sin que quede reflejado y dándoles por tanto un papel secundario.

Por ejemplo, en la agricultura, cuando se trata de la cuota a la Seguridad Social de una mujer que es cónyuge o pareja del jefe de la explotación, se considera que el pago de una única cuota es suficiente, ya que cubre la asistencia sanitaria de los miembros de la unidad familiar, lo que pone en evidencia la dependencia económica de una gran parte de estas mujeres rurales y agrarias.

Por eso, consideramos un logro importante la aprobación de la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, para que la explotación (sus ayudas, sus gastos, sus ganancias, etc.) se administre y gestione al 50%.

Y es que en comparación con las mujeres urbanas, las mujeres de áreas rurales tienen un menor acceso al mercado de trabajo formal, donde permanecen en situaciones de mayor precariedad.

Además, siguen siendo invisibilizadas en sus roles en la sociedad y su actividad en las explotaciones agrarias familiares. También viven en unas relaciones de género menos igualitarias, donde los varones no se involucran en la corresponsabilidad y donde apenas hay recursos para la conciliación.

La confluencia de estas circunstancias puede originar que muchas mujeres que viven en el ámbito rural se encuentren en una posición de vulnerabilidad que las coloca en una situación de mayor riesgo frente a la violencia de género. Cinco millones de mujeres viven en pequeños municipios de ámbito rural, un contexto social y cultural donde la violencia de género adquiere unas características especiales, ya que hace que las posibilidades de cambio del modelo sean más complejas, debido a la mayor dificultad para la movilidad y menor número de infraestructuras, a una economía en transformación pero fuertemente segregada por sexo, y a una sociedad más tradicional respecto al control de la comunidad y las relaciones de género.

El ámbito rural se caracteriza por ser muy tradicional y estar muy masculinizado, de ahí la dificultad para percibir la violencia de género, debido a una legitimación que obstaculiza las posibilidades de reconocimiento de los comportamientos violentos y, por ello, la solución a los mismos.

Se pone de manifiesto también la situación de aislamiento y el déficit de servicios sociales, el control social y la estigmatización de las mujeres que sufren este tipo de violencia, la estructura familiar tan extensa y a la vez tan estrecha, que condiciona su vida cotidiana y que ejerce una gran presión y control social.

No obstante, en los últimos años en el medio rural se han producido cambios importantes que, precisamente gracias a la mayor implicación de las mujeres en la vida económica, social y laboral y también al esfuerzo de las instituciones para favorecer la igualdad y el empoderamiento de las mujeres que viven en pequeños municipios.

Es de justicia afirmar que la mayoría de personas que trabajan en el medio rural, y que están implicadas en la atención o protección de las mujeres, ponen un buen capital de voluntariedad sobre todas las deficiencias propias y del entorno y, en parte, las suple. En ese sentido, es de justicia agradecer el trabajo de la Guardia Civil, la Policía, los médicos, etc.