Tensión en el campo andaluz: de la crisis de precios en origen a la PAC

Ni la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria, ni la entrada en fase de consulta del Plan Estratégico para la nueva Política Agrícola Común, ni las ayudas de las administraciones son capaces de atajar el principal problema que atenaza al campo andaluz: la crisis de los precios en origen que tiene a los productores en una campaña de movilizaciones durante todo el mes.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, trató, en una reunión celebrada hace unos días, de apaciguar a los productores, pero las organizaciones agrarias siguen mostrando su descontento porque el problema persiste.

En unas jornadas celebradas por Asaja-Sevilla sobre “El futuro de la Agricultura en la Unión Europea”, el presidente de la organización, Ricardo Serra, insistió en reclamar la principal demanda del sector: unos precios dignos que cubran los costes para el productor.

Dijo que por más nuevas leyes que se aprueben, la cadena alimentaria no funcionará mientras al agricultor se le sigan pagando 0,15 euros por unas naranjas que se venden unas pocas horas después a más de tres euros en cualquier mercado de Europa.

Serra, aseguró que “vivimos en un momento convulso, de muchísimos cambios, con una fiebre de lo verde que no siempre es real y todo eso afecta al trabajo del agricultor. Ante esto, es fundamental tomar un poco de distancia, porque ningún viento favorece a quien no sabe dónde va”.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía, ha mostrado su decepción tras la reunión con el Ministro de Agricultura, a la que acudieron todos los agentes de la cadena alimentaria, incluyendo las organizaciones agrarias –Asaja, COAG y UPA-, las OPA’s, Cooperativas Agroalimentarias, FIAB y Asociaciones de la distribución, en la que se trató la crisis del sector alimentario y, en concreto, la brutal repercusión de la subida de costes de producción. Para COAG, la reunión no fue ni satisfactoria, ni convincente y sus representantes señalaron que el encuentro no aportó ni soluciones concretas, ni medidas claras para los principales problemas: los costes de producción, la crisis de precios y las importaciones de terceros países.

COAG Andalucía explica que la buena voluntad expresada por Planas de estudiar las iniciativas de las organizaciones y convocar un nuevo encuentro es insuficiente “y debería haberse pasado ya a la puesta en marcha de acciones que aporten soluciones efectivas y reales para la agricultura”. Las propuestas de COAG se dirigen a tres vertientes: por un lado, la asunción de medidas fiscales para rebajar los costes de producción, incluyendo tarifas eléctricas especiales para la agricultura; por otro lado, el cumplimiento de la Ley de la Cadena en lo que se refiere a la obligación de los supermercados de pagar un precio que cubra los costes de producción, dejando un margen de renta digna; y por último, el control de las importaciones de terceros países con la puesta en marcha, más concretamente, de un observatorio a través del cual identificar con claridad los controles en funcionamiento, el volumen de las importaciones y, sobre todo, el pago de las tasas arancelarias.

Nueva PAC

El propio secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez, afirmó en las jornadas de Asaja Sevilla que nos encontramos en un escenario importante, con una nueva PAC que se acaba de aprobar y explicó que desde la Administración se está tratando que se imponga el modelo de trabajo que se seguía en Andalucía, aunque expresó su preocupación ante dos asuntos: la mayor gobernanza que ahora tienen los Estados y la puesta en marcha de los ecoesquemas. Pérez lamentó que la nueva PAC no tenga en cuenta la diversidad agronómica de cada región y afirmó que desde el Gobierno se intenta trabajar frente a los desequilibrios de la cadena alimentaria, la rentabilidad de las explotaciones, para lo que se elaboró un plan estratégico, aunque se mostró optimista.

El europarlamentario y dos veces ministro de Agricultura de Italia, Paolo de Castro, dijo en las jornadas de Asaja Sevilla sobre “El futuro de la Agricultura en la Unión Europea” que “el ataque a la agricultura es hoy algo diario por problemas que no tienen nada que ver con los agricultores, porque no se conoce bien su trabajo; se nos acusa de utilizar mucha química, pero los agricultores tienen combatir enfermedades y si no hay química tendrá que haber otras soluciones concretas para que haya una alternativa, y para eso se necesita mucho tiempo y mucha innovación”, ha asegurado.

“La agricultura necesita aliados, desde la propia Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo siempre estamos en lucha con la Comisión de Medio Ambiente, hemos tenido centenares de manifestaciones contra la PAC y contra nuestro trabajo”, afirmó de Castro. “Esta nueva PAC ha sido la más difícil de negociar, pero hemos logrado 387.000 millones de euros hasta 2027 y esto hay que legitimarlo en la opinión pública, hay que pensar cómo conseguir apoyos a favor de la agricultura y hacer un esfuerzo añadido para lograr más apoyo para la PAC”.

La nueva Política Agrícola Comunitaria deja muy descontento al sector ganadero extensivo que junto a la agricultura de montaña anuncian su “lucha contra la tremenda injusticia que se quiere llevar a cabo en esta nueva reforma de la PAC tan sonada y que apuntaba a nivel europeo hacia la sostenibilidad”. Explican que los pastos, la ganadería extensiva, la dehesa y el olivar de montaña de secano, serán más discriminados y desfavorecidos que nunca, algo incomprensible ante la situación que vivimos tanto a nivel medioambiental, como social, económico y sanitario.

La Ley de la Cadena

Y en todo este cóctel la aprobación de la Ley de la Cadena ha elevado el nivel de crispación. En el caso de COAG por considerar que no va a solucionar todos los problemas del campo, aunque esperan que sirva para lograr un mayor y mejor reparto del valor que generan los alimentos y que paga el consumidor en el lineal, así como para repartir la carga ante situaciones como las actuales de tensión en los precios.

Miguel Padilla, secretario general de COAG afirma que “no puede ser que, como siempre, sea el sector primario el único que se eche a la espalda los incrementos de los costes de producción que estamos sufriendo, la Ley de la Cadena es y debe seguir siendo un instrumento clave para asegurar la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena”.

“Todas las administraciones implicadas en la aplicación de la ley, tanto a nivel estatal como en los territorios, deben trabajar para su completo despliegue desde el minuto inicial. Las personas del sector primario debemos percibir un precio por encima de nuestro coste de producción, como marca la ley y poder seguir adelante con nuestras eficientes y sostenibles explotaciones”. “Por ello, además del refuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios, que es crucial”, agregó Padilla.

COAG sostiene que se deben potenciar las inspecciones de oficio por parte de las administraciones frente a las prácticas no permitidas, en el marco de un plan de inspección y control que asegure el cumplimiento inmediato de la ley y que agilice la tramitación de expedientes y la imposición de sanciones, en su caso. También recomienda llevar a cabo campañas de información y explicación del alcance de las reformas introducidas, así como acelerar al máximo la puesta en marcha del registro digital de contratos alimentarios.

Reclama también que el Observatorio de la Cadena estatal y las comunidades autónomas se impliquen en la realización de estudios de cadena en los distintos sectores y realicen los informes y estudios de cadena recogidos en la ley, además de identificar los índices de precios y costes medios de producción y su evolución. Y el reparto de las ayudas a los jóvenes pone la guinda a este pastel. La Federación de Juventudes Agrarias de COAG Andalucía denuncia que los jóvenes recién incorporados a la actividad agraria se han quedado fuera de las ayudas para la mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de las explotaciones, más conocidas como ayudas de modernización de explotaciones.

Los jóvenes parten con desventaja

La coordinadora de Juventudes de COAG Andalucía, Clara Torreblanca, afirma que los jóvenes agricultores y ganaderos andaluces han recibido un gran varapalo tras conocerse el pasado 22 de noviembre la resolución provisional de concesión de ayudas a la modernización de explotaciones, de la convocatoria correspondiente a 2020, en la que se habían presentado más de 8.300 solicitudes en toda Andalucía.

De ellas, sólo 1.400 solicitudes han entrado en concurrencia competitiva, “dejando a los jóvenes fuera de las ayudas –asegura la responsable de Juventudes de Andalucía-, ya que lógicamente no cuentan con los puntos por explotación prioritaria con los que sí cuentan las de agricultores y ganaderos profesionales. Por lo tanto, los jóvenes competimos en una total desigualdad de condiciones con los demás solicitantes de las ayudas. Las bases reguladoras discriminan a los recién incorporados a la actividad agraria”.

Ante lo que los jóvenes consideran una lamentable injusticia, Clara Torreblanca reclama para esta convocatoria se amplíe el presupuesto necesario para que los jóvenes agricultores y ganaderos puedan acceder a unas ayudas públicas.

“Proponemos –añade- que la Consejería emita un certificado de no inicio para los jóvenes que se han quedado fuera de las ayudas y tengan que acometer sus inversiones ya”.