La rebelión de los agricultores

Desde hace semanas los agricultores andaluces, igual que en otros puntos de España, están manifestando su indignación y malestar, como consecuencia de la situación socioeconómica en la que se encuentra, caracterizada por la inadecuación existente entre los costes de producción y los precios percibidos.

Las razones que se han barajado y explicitan son varias, competencia desleal de terceros países en los mercados europeos, subida de los salarios de los trabajadores agrarios, crecimiento del coste de los factores de producción, imposiciones de las grandes cadenas de distribución, excesos de tramos de la cadena alimentaria que van generando incrementos de los precios y otros muchos aspectos que podríamos ir detallando.

Ciertamente que este conjunto de factores se producen y, en cierta medida, determinan la formación del precio final de los productos; pero también es verdad que hay otros muchos, que son propios de la estructura del sistema agrícola actual y que determinan el estado actual de la cuestión agrícola.

Se impone la reflexión

Es por ello, que se imponga una reflexión sobre las causas y factores que determinan la situación en la que nos encontramos y que, en definitiva, se traduce en una pérdida de competitividad de nuestros productos.

En primer lugar, las políticas del Estado en materia laboral, han hecho perder competitividad y sumergir económicamente parte importante de la actividad productora agraria.

No parece casualidad que el estallido de las protestas, coincida con la elevación del salario mínimo interprofesional, a no ser que sea la gota que colme el vaso por el continuado incremento de los costes de producción.

Ocurre, que los subsidios agrarios, como el Plan de Empleo y Fomento Agrario, tienen sentido cuando fijan a la población y generan empleo real y permanente, pero no pueden ser dádivas para mantener clientelismos políticos. Incluso las ayudas al desempleo deben de estar perfectamente controladas, hay perceptores que no viven en España y de los que viven, los hay en la economía sumergida.

Lo mismo podemos decir con las políticas activas de empleo, que no solo enmascaran la realidad, sino que resultan ineficaces, por su escasa vinculación con las necesidades reales de los demandantes de empleo.

De otra parte, las empresas agrarias deberían, junto con las instituciones del Estado dedicadas a la política exterior, favorecer el desarrollo de una “inteligencia económica” que posibilite la acción institucional y empresarial, en orden al establecimiento de estrategias comerciales que permitan, no solo el mantenimiento de nuestros productos en los mercados, sino que posibiliten detectar nuevos nichos para los mismos a la vez que garanticen, el buen hacer empresarial y eviten o neutralicen, los ataques de competidores sin escrúpulos y el asalto de los mercados por países que practican un modelo de producción, basado en el “dumping social” o incluso fitosanitario relajando los controles. Ello exige cierto nivel de coherencia en la política exterior del Estado y un adecuado nivel de solvencia institucional y política.

Es muy importante significar que, los productores, deben asumir la necesaria innovación tecnológica y productiva que les permita, no solo mejorar la eficiencia productiva, que es urgente en muchos cultivos, sino que también la renovación del catálogo de productos, generando nuevas variedades, reduciendo los monocultivos y abriéndose a nuevas implementaciones industriales con productos de 4ª y 5ª gama.

Resulta absolutamente necesario, evitar la contingencia de los riesgos naturales en el sistema agrario, con un mejor y mayor desarrollo de los seguros, que permita producir con ciertas garantías de seguridad y evite las situaciones de desastre socioeconómico sobrevenido.

Ello implica, de una parte, el aumento de la cofinanciación del Estado al sistema de seguros agrario y de otra, la mejora de los sistemas de control de los cultivos.Actualmente se puede evaluar, con bastante precisión, la realidad de la actividad agrícola, no solo en cuanto a superficie y tipos de cultivo al aire libre, también se puede hacer de los cultivos bajo plástico. Este necesario control evitaría situaciones poco deseables y de fraude.

Otros cambios, más que deseables, serían los que afectan al tamaño y estructura empresarial, que posibilitarían economías de escala y concentración de la oferta. El hecho real es que hay empresas, de tamaño medio y grande, que producen directamente para las distribuidoras, simplificando la cadena que recorre el producto.

Esta realidad, que hace unas décadas era impensable, hoy es un hecho cierto y nos marca la necesidad de la concentración empresarial ya sea horizontal y/o vertical, buscando la fórmula jurídica más adecuada al modelo preexistente que mejor se adapte a su realidad socio cultural.

Plan de acción

Lo anteriormente expuesto exige un plan de acción coordinado de las distintas administraciones del Estado, no es responsabilidad única, lo es compartida. Pero también es muy importante el exponer los datos de la realidad; promover las bases de un plan de acción a desarrollar desde el conocimiento y las capacidades disponible, sin mentir ni buscar salidas utópicas o falsas.

Recuerdo con cierta pena, cuando en noviembre estábamos con la angustia de la crisis de precios, una intervención del Ministro Planas, en la que señalaba una serie de compensaciones a los agricultores, que el mismo sabía imposibles…y ese no es el camino.

El campo necesita poner negro sobre blanco su realidad, sin falsos victimismos, con el rigor de los datos y a partir de ahí plantear las exigencias necesarias, que no están en fijar precios o cargar contra la distribución.