Alaya imputa a Antonio Fernández por los cursos a los ex trabajadores de Delphi

Cuando apenas ha cerrado la instrucción del caso de los ERE fraudulentos, la juez Mercedes Alaya ha dado un impulso a la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades relacionadas con los cursos de formación que, después de varios avatares, también va a instruir. La magistrada ha dictado un auto en el que ha imputado al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, en relación con las ayudas que la Junta concedió por importe de más de 52 millones de euros para el plan de formación de los ex trabajadores de la empresa Delphi.

Antonio Fernández se convierte, de esta forma, en el primer imputado en esta nueva causa que instruye la juez Mercedes Alaya, según han confirmado a este periódico fuentes del caso. La comparecencia del ex consejero en calidad de imputado ha sido fijada para finales de octubre.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero en la causa de los ERE, rechazó ayer pronunciarse sobre esta nueva imputación porque, según explicó a este periódico, no tiene conocimiento de este procedimiento ni de las razones para la imputación de Antonio Fernández en el mismo. "Es lamentable que una persona conozca por la prensa de una imputación que ninguna autoridad le ha comunicado y cuyas razones y fundamento ignora", precisó el letrado.

La juez ha imputado a Antonio Fernández en el marco de una investigación que Alaya inició en septiembre pasado, a raíz de los cursos realizados para el sindicato UGT por el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, pero que se vio reforzada en abril pasado, cuando la Fiscalía Superior de Andalucía remitió a la Fiscalía de Sevilla la investigación de las subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

La Fiscalía Superior de Andalucía recuerda que el plan formativo para los ex trabajadores de Delphi fue objeto de estudio por la Cámara de Cuentas, en un informe sobre la "Fiscalización de Subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la Formación Profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004".

El plan de formación para los ex empleados de Delphi se desarrolló en cuatro fases en las que se concedieron más de 52 millones de euros para formación, detectándose "numerosas irregularidades que entrañarían responsabilidad administrativa y contable" y que afectarían también a la Faffe, según expuso el fiscal superior, Jesús García Calderón, en el decreto de remisión de la investigación a la Fiscalía de Sevilla.

La investigación de las ayudas a la Faffe -que recibió subvenciones por 49,5 millones en los años 2009 y 2010- fue trasladada a su vez por la Fiscalía de Sevilla a la juez Mercedes Alaya y constituye la octava macrocausa que asume la instructora en los últimos cuatro años. En concreto, Alaya ha investigado cinco causas relacionadas con la empresa pública mixta Mercasevilla -de las cuales dos pueden considerarse macrocausas-; así como la principal de los ERE; otra sobre los cursos de formación realizados por las empresas de Lanzas; el delito societario del ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera; las diligencias abiertas por la operación Madeja -sobre las irregularidades en adjudicaciones del Ayuntamiento de Sevilla-, y las abiertas en febrero pasado para investigar las ayudas concedidas por la agencia Idea.

La Policía Judicial concluyó que se había producido un "manifiesto desorden en la concesión "de estas ayudas" y una "ausencia de justificación del gasto realizado", al tiempo que se han incumplido las "numerosas recomendaciones" realizadas en 2004 por la Cámara de Cuentas para el control de estas subvenciones.