Alaya solicita al Supremo una copia del atestado de la UCO sobre la "implicación" de Zarrías en los ERE

La juez Mercedes Alaya ha solicitado al Tribunal Supremo una copia del atestado elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la "implicación" del ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

En una providencia, la magistrada libra oficio a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que investiga a los cinco aforados nacionales imputados en este caso, para que "si a bien tiene" remita al Juzgado una copia del atestado de la Guardia Civil en relación "a la implicación de Gaspar Zarrías y otros en los hechos que se investigan en la presente causa". Todo ello "por si el mismo -el atestado- pudiera tener relevancia en las actuaciones que se tramitan en este órgano", pone de manifiesto la magistrada en esta providencia fechada el pasado 13 de abril y notificada este viernes a las partes personadas en el procedimiento. El Juzgado asegura que ha sido "a través de diversas publicaciones" como ha tenido conocimiento de que "que por la UCO se ha hecho entrega en el Tribunal Supremo de atestado instruido en relación a la implicación, entre otros, de Gaspar Zarrías". En la misma providencia, la juez acuerda remitir al Tribunal Supremo una copia del auto dictado el pasado 8 de abril "junto con las copias escaneadas del anexo XXIII comprensivo de las Actas de la Comisión de Viceconsejeros".

En este auto, cabe recordarlo, Alaya acusaba a la Junta de Andalucía de "menospreciar" y "desoír ejercicio tras ejercicio" los informes de la Intervención General en los que se alertaba de las deficiencias del sistema por el cual se pagaban las ayudas indagadas, mientras que también extendía las irregularidades de los ERE a las empresas públicas de la Junta.

La Guardia Civil ha entregado un atestado al instructor de la causa de los ERE irregulares en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, en el que concluye que Gaspar Zarrías presidió hasta 12 sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros -los denominados consejillos- en las que se trataron acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como fondo de reptiles.

En el atestado, los agentes dicen que "caso distinto" es el de la ex consejera de Presidencia Mar Moreno -citada a declarar como imputada el martes de la semana próxima-, ya que durante el tiempo en que ocupó el cargo "no presidió ninguna sesión de la Comisión en la que se adoptaran acuerdos relacionados con los hechos que se investigan, ni tampoco sesiones en las que se diera lectura y aprobación de acuerdos de reuniones anteriores". "De hecho, Mar Moreno, durante el tiempo que fue consejera de Presidencia solo asistió y presidió una sesión de la Comisión de Viceconsejeros, la que se celebró el 1 de septiembre de 2010, y en la misma no se llegó a tratar ninguna propuesta relacionada con los hechos que se investigan", apuntan los agentes en este atestado entregado al instructor de los ERE en el Supremo. Para llegar a estas conclusiones, los agentes analizan un total de 26 actas de otros tantos consejillos celebrados entre el 11 de abril de 2000 y el 30 de noviembre de 2011 en los que se trataron modificaciones presupuestarias relacionadas con las ayudas los ERE o un proyecto de decreto para regular este fondo que no se llegó a materializar a pesar de llevarse hasta en tres ocasiones al consejillo.

Los agentes concluyen que, del estudio de las sesiones de los consejillos descritos, "se infiere que este órgano colegiado tiene facultades decisorias en cuanto a vetar asuntos que pudieran recalar en el Consejo de Gobierno", pues la Comisión "evaluaba independientemente los asuntos remitidos al Consejo de Gobierno y tenía la potestad para 'retirar acuerdos, incluirlos en el orden del día de otra sesión, elevarlos a Consejo de Gobierno...'"

A tenor del estudio de las sesiones relacionadas, los agentes concluyen que Zarrías, como consejero de Presidencia, "habría presidido un total de ocho sesiones en las que se habrían expuesto acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L", a lo que se suma que "habría presidido otras cuatro sesiones en las que se habría dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la Comisión en las que éste no asistió".

En relación a la "arbitrariedad" con la que se concedieron las ayudas, los agentes de la UCO dicen que "llama poderosamente la atención la definición dada por Zarrías a los criterios por los que se concedían las ayudas: 'criterios de singularidad'", los cuales "habrían provocado el uso descontrolado de los fondos correspondientes al programa 31L", citando como ejemplo "la concentración de ayudas en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, donde se concedieron ayudas con total arbitrariedad por importe total de 56,4 millones, las cuales habrían supuesto el 66 por ciento del total de las subvenciones a empresa otorgadas en la comunidad por parte de la Consejería de Empleo". A juicio de la UCO, "todo este presunto marco de corrupción tiene su génesis en el abuso descontrolado de los fondos públicos por parte de determinadas personas, y de un sistema arbitrario supuestamente ideado para dar respuesta a unos conflictos sociales que se estaban produciendo en ese momento en Andalucía, así como a la consecución de una concertación social planteada en un programa político".

En el atestado, los agentes analizan otros indicios vinculados a Zarrías, como por ejemplo su relación con el conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas, la cual tachan de "difícil definición", ya que "únicamente podría basarse en lo apuntado en sus manifestaciones por los distintos investigados, quienes no aportarían elementos de prueba suficientes para poder definir la misma, apuntando solo a meras conjeturas carentes o escasas de validez". Además, sostiene que Zarrías "podría haber participado en la sucesión de las diferentes ayudas públicas concedidas por la Junta a sociedades radicadas en la provincia de Jaén", entre ellas Primayor, Grupo Dhul, Cerámica Syre SA/Gres de Vilches y EDM/Séneca.