La juez Alaya expulsa a los periodistas de la planta donde toma declaración
Caso ERE
La magistrada ha adoptado esta decisión, sin que se haya registrado ningún incidente previo, al inicio de la declaración del ex delegado provincial de Trabajo Juan Rodríguez Cordobés por el caso de los ERE.
La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulento, ha expulsado este martes a los periodistas de la planta donde toma declaración a los imputados, una decisión que ha adoptado al inicio de la declaración del ex delegado provincial de Trabajo Juan Rodríguez Cordobés, imputado por su aparición como intruso en el ERE de Calderinox.
Sin que se haya registrado ningún incidente previo, la juez Alaya decidió este martes expulsar a los periodistas, para lo cual dio instrucciones verbales a la Guardia Civil, sin dictar ningún auto ni justificar de alguna manera la medida.
Una decena de periodistas se han tenido que refugiar en un estrecho pasillo a una veintena de metros de la sala donde toma declaración la magistrada, que ha tomado esta decisión después de dos años de instrucción de la causa de los ERE y cuando se habían celebrado numerosas declaraciones anteriores con la presencia de la prensa.
La mediación del decano Federico Jiménez Ballester permitió finalmente a los periodistas acceder a una sala de vistas justo enfrente de donde la juez toma las declaraciones.
La declaración de Juan Rodríguez Cordobés comenzó con casi una hora y media de retraso sobre la fecha prevista, algo que es habitual en el juzgado que dirige Mercedes Alaya, aunque en esta ocasión la juez no ha llegado con retraso.
El ex delegado de Trabajo devolvió recientemente los 36.000 euros que había percibido por su inclusión en el ERE de Calderinox y que él mismo ha reconocido que recibió de forma indebida, ya que en el escrito en el que realizó la consignación del dinero especificaba que procedía al "reintegro de cantidades abonadas con fondos inapropiados". Con esta consignación, el imputado trata de garantizarse la aplicación de la atenuante de reparación del daño, lo que redundaría en una reducción de la posible pena a imponer, según explicaron fuentes del caso.
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