Alaya deja en libertad al abogado Carlos Leal tras pagar 150.000 euros

Sevilla/La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos y el cobro de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta, dejó esta madrugada en libertad con cargos al abogado Carlos Leal Bonmati, después de que éste abonara una fianza en metálico de 150.000 euros, una cantidad inferior a los 225.000 euros que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción para el responsable del bufete Estudios Jurídicos Villasís y a los 600.000 euros que hace tan sólo unas semanas la instructora impuso al dueño de la mediadora Uniter.

El abogado entregó el dinero en metálico –incluso con billetes de 20 euros- y con cheques bancarios, según confirmaron fuentes del caso, que explicaron que su mujer ha aportado un saldo de 29.000 euros de una cuenta personal y el resto del dinero procede de aportaciones de los amigos. Un hermano del imputado y un amigo llevaron el dinero al juzgado varias horas antes de que la instructora dictara el auto y permanecieron hasta pasadas las dos y media de la madrugada, cuando notificó el auto de libertad. La juez Alaya le ha impuesto además una fianza de responsabilidad civil de 34 millones, una cifra inferior a los 25 millones que había solicitado la Fiscalía.

El abogado Miguel Villegas, que defiende al responsable de Estudios Jurídicos Villasís, aseguró esta madrugada a los periodistas que después de dos días de declaración se ha demostrado que Carlos Leal “no ha tocado un solo euro de dinero procedente del erario público”.

La puesta en libertad del letrado, que está imputado por ocho delitos, se produjo después de dos días de declaraciones, en las que el abogado ha relatado la intervención del ex vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías en la concesión de ayudas y ha llegado incluso a afirmar que el diputado socialista presionó al entonces director de Trabajo para agilizar el pago de algunas subvenciones.

En su declaración, Carlos Leal Bonmati aseguró que el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías influyó en el que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero para que agilizara los pagos de las ayudas a la asociación de trabajadores Hijos de Andrés Molina. El imputado señaló, a preguntas del abogado del PP Luis García Navarro, que en una ocasión el representante de la asociación de trabajadores le comentó a finales de una semana que, ante los problemas con los pagos, hablaría con Zarrías, y al comienzo de la semana siguiente coincidió con Francisco Javier Guerrero, al que vio “descompuesto” y éste le contestó que estaba recibiendo presiones del ex vicepresidente.

Estas presiones a Guerrero también fueron apuntadas en su día por el ex chófer del ex director general de Trabajo, Juan Francisco Trujillo, quien declaró que Zarrías llamó a Guerrero varias veces para introducir a varios “intrusos” en los expedientes de prejubilaciones financiados por la Junta. Trujillo aseguró que Zarrías llegó a hacer incluso gestiones con el entonces director de Trabajo para que se concedieran una ayudas a una empresa de azulejos de Vilches (Jaén).

De otro lado, Carlos Leal ha reconocido que el incentivo a fondo perdido que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en octubre de 2008 por importe de 15 millones de euros se desbloqueó en la comida que presidió Gaspar Zarrías en la Casa Rosa y a la que asistieron además el conseguidor de los ERE Juan Lanzas y los entonces consejeros de Agricultura e Innovación, Martín Soler y Francisco Vallejo, respectivamente.

A pesar de las subvenciones concedidas a Dhul y Proasego –que recibió otros nueve millones- para que realizaran inversiones millonarias en la provincia de Jaén y recolocaran a los 145 trabajadores de Primayor (antigua Hijos de Andrés Molina), los proyectos agroalimentarios y de energía eólica nunca se llevaron a efecto.

De otro lado, Carlos Leal Bonmati reconoció que pagó “cerca de 10.000 euros” a uno de los testaferros del conseguidor de los ERE Juan Lanzas para que afirmara ante notario la veracidad de las facturas que las empresas de éste habían elaborado para el bufete Estudios Jurídicos Villasís.

El letrado admitió que acudieron a una notaría del centro de Sevilla, donde entregó el dinero a Eduardo Leal del Real, que era uno de los testaferros que según la juez Alaya utilizaba Juan Lanzas para blanquear presuntamente las sobrecomisiones cobradas por la tramitación de las pólizas de prejubilaciones financiadas por la Junta de Andalucía.

En su declaración ante la Guardia Civil, el testaferro Eduardo Leal del Real aseguró que este ofrecimiento tuvo lugar el 24 de octubre de 2012, cuando el abogado le indicó supuestamente que necesitaba que le firmase "un documento mediante el cual justificar la veracidad de las facturas elaboradas a su despacho". Según la versión del testaferro, el letrado le "propuso" que si firmaba el documento, le ayudaría económica, ofreciéndole 10.000 euros aunque al final le dio un sobre con 3.000 euros y le prometió que "más adelante" le haría entrega del resto del dinero, según su testimonio.

Eduardo Leal, que actualmente sigue en prisión por orden de la juez Alaya al no haber podido reunir la fianza de 50.000 euros que le impuso la juez Alaya, se entrevistó con el abogado en la Plaza Nueva de Sevilla y, a continuación, acudieron a un notario donde firmó el mencionado documento.

Eduardo Leal añadió en su declaración ante la Guardia Civil que transcurrido cierto tiempo Carlos Leal Bonmati volvió a contactar con él para comentarle que no dijera "nada de las facturas falsas ni de su relación con él", y a partir de ese momento, el testaferro no quiso "saber nada más acerca" del abogado, relata la declaración.

A preguntas de los investigadores sobre si a través de sus empresas ha elaborado facturas falsas o declarado operaciones comerciales ficticias, el testaferro reconoció que, por "idea" de Juan Lanzas, hizo facturas falsas "al despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís, a Vitalia y a las empresas vinculadas al Holding Vitalia", y admitió que ha entregado dinero en sobres al conseguidor de los ERE y al ex director general de Vitalia Antonio Albarracín, al que entregaba una vez al mes cantidades que oscilan entre los 15.000 y 60.000 euros.