Alaya pide opinión a las partes sobre la petición de Anticorrupción para dividir el caso ERE en 200 piezas

Sevilla/La juez Mercedes Alaya ha solicitado a las partes personadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que se pronuncien sobre el recurso que ha interpuesto la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Provincial de Sevilla para que se divida la causa en más de 200 piezas separadas.

En una providencia, la magistrada da traslado tanto al Ministerio Fiscal como a las partes "para que en el plazo común de cinco días aleguen por escrito lo que tengan por conveniente, señalen otros particulares que deban ser testimoniados y presenten documentos justificativos de sus pretensiones". Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia Provincial para que ordene a la juez Alaya la división en más de 200 piezas separadas del caso ERE y ha reiterado su advertencia de que el no hacerlo podría llevar a una instrucción "sine die" y a la prescripción de algunos de los hechos investigados.

En su recurso, el Ministerio Público señala que, "en el orden práctico, no proceder a la división de la causa en piezas tal como solicitamos se traduce en demorar la conclusión de la instrucción a la investigación de todas y cada unas de las piezas que han sido propuestas", lo que "supone una instrucción sine die", y también se traduce en "admitir que algunas de estas piezas no van a poder ser enjuiciadas o por falta de recursos en la instrucción o por prescripción de los hechos". La Fiscalía critica en su escrito que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla "obvia" el posicionamiento sobre la división de la causa, "no ya sólo en razón de la materia sino también de los sujetos presuntos responsables, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Y es que "lo acordado por el Alto Tribunal de separar la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento de las personas aforadas ante el mismo del resto de personas aforadas ante otro Tribunal e imputados en la presente causa, junto con el contenido de los razonamientos jurídicos" expuestos, "permite que la magistrada proceda a la formación de piezas separadas para la instrucción y enjuiciamiento de la causa" en los términos interesados por la Fiscalía hasta en cuatro ocasiones anteriores.

Asimismo, "y en cuanto al diseño que según la instructora debe ser aportado por esta Fiscalía para poder llevar a cabo la división de la causa", asevera que "la instrucción ha sido llevada a cabo por la magistrada delimitando los hechos a investigar y abriendo, como consecuencia necesaria del resultado de las diligencias que se han venido practicando, nuevas líneas de investigación que se han traducido en una macrocausa de extensión temporal subjetiva y material prácticamente inabarcable".No obstante, matiza que "este resultado no es consecuencia de decisiones judiciales sino de la propia realidad de los hechos de apariencia delictiva que son objeto de investigación", y dice que "partiendo de este dato objetivo se trata de dar una solución práctica, eficiente y necesariamente conforme a derecho a esta instrucción de forma que se pueda llevar a cabo el enjuiciamiento de todas las conductas de apariencia delictiva en un horizonte temporal razonable".

Al hilo de ello, pide que se forme un primer bloque de piezas, que estaría compuesto por más de 200 relacionadas con las empresas "que se han visto beneficiadas de cantidades de dinero procedente de fondos de la Junta sin sujeción a procedimiento alguno u obviando los más elementales", e igualmente sin sujeción a "los principios de publicidad, eficiencia y justicia social en la utilización de los fondos públicos en materia de empleo y ayudas a empresas en crisis de la Junta".

Anticorrupción recuerda que el informe elaborado por la Intervención General del Estado en diciembre de 2013 recoge informes relativos a 39 ayudas donde se enumeran "de forma clara" los indicios de hechos delictivos "que requieren de una respuesta de la instrucción y de esta Fiscalía, de la petición y adopción en su caso de medidas que permitan asegurar no sólo que se pueda perseguir a los presuntos autores de los mismos, no dejando que sus conductas puedan quedar impunes sino recuperar la máxima cantidad de dinero presuntamente malversado". "No podemos compartir que esta materia no se pueda deslindar del resto de piezas", ya que "cada expediente delimita tanto en el objeto de la investigación -las ayudas recibidas- como la esfera de los partícipes en los mismos", asegura, agregando, "sobre la posibilidad de pronunciamientos contradictorios", que, "sin negar categóricamente que se pudieran llegar a producir, entendemos que entre los tres bloques que se proponen no sería relevante tal contradicción ni tampoco que se diera tal contradicción en el primer bloque".

De igual modo, propone la formación de un bloque relativo a las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, el cual estaría "ceñido a la determinación y destino de las cantidades que no se corresponden con el pago de las pólizas de las ayudas, a las que habría que sumar las cantidades percibidas directamente de IFA/IDEA o de perceptores de las ayudas".

Además, insta a formar un tercer bloque sobre el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas, que incluiría el análisis de la legalidad del procedimiento utilizado por la Consejería de Empleo para la concesión de subvenciones sociolaborales, la encomienda de Gestión de 2010, o la competencia para el otorgamiento de las ayudas sociolaborales. Este tercer bloque también incluiría la asunción generalizada por la Junta de la obligación del empresario de abonar las prejubilaciones de sus trabajadores despedidos colectivamente, así como el procedimiento de financiación y contable del IFA-Idea en el ámbito de los programas 22E y 31L, sobre "Administración de Relaciones Laborales".