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La juez Alaya rechaza la petición del ex consejero de Empleo para reducirle la fianza

Antonio Fernández tendrá que abonar ahora los 450.000 euros si quiera salir de la cárcel o esperar a la vuelta de las vacaciones para realizar una nueva petición e intentar que se reduzca como ocurrió con el chófer.

La Fiscalía Anticorrupción pide a Alaya que mantenga la imputación de Antonio Fernández en el caso de los cursos de formación
Jorge Muñoz, Sevilla

31 de julio 2012 - 12:05

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fradulentos, ha rechazado la petición del ex consejero de Empleo para que se le quite la fianza de 450.000 euros que le impuso la Audiencia de Sevilla para poder abandonar la cárcel de Morón de la Frontera, donde se encuentra recluido desde el pasado 24 de abril.

La instructora ha dictado un auto en el que desestima íntegramente la petición de la defensa, al considerar que el importe de la fianza fue impuesto por la Audiencia de Sevilla y que aún no ha transcurrido un tiempo suficiente como para poder considerar que no ha podido reunirla, según han confirmado fuentes del caso.

La solicitud de la defensa de Antonio Fernández fue planteada a la juez el pasado 24 de julio, tan sólo 12 días después de que la Audiencia fijara la fianza. La decisión de la juez Alaya contrasta con la resolución de la misma magistrada, que este lunes decidió reducir a la mitad (de 150.000 a 75.000 euros) la fianza que también la Audiencia impuso a Juan Francisco Trujillo, el ex chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Guerrero. En este caso, la rebaja de la fianza se produjo un mes y medio después de que se fijara la misma por la Audiencia de Sevilla y una vez que transcurrido este tiempo el imputado seguía en prisión.

De esto se deduce que el ex consejero de Empleo tendrá que abonar los 450.000 euros ahora si quiere abandonar la prisión o esperar a la vuelta de las vacaciones, en el mes de septiembre, para plantear una nueva petición en la que, si la juez mantiene su criterio, posibilitaría que la instructora accediera a rebajarle la cuantía de la fianza.

La negativa de Alaya a modificar ahora la fianza se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción se opusiera a la petición del ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, en prisión provisional desde el pasado 24 de abril por el escándalo de los ERE fraudulentos, para que se le quite la fianza de 450.000 euros que le impuso la Audiencia de Sevilla para poder abandonar la cárcel de Morón de la Frontera.

La Fiscalía se opuso a que se modifique la fianza de cualquier forma, bien retirándosela, bajándosela o permitiendo que la preste con avales, porque considera que no han variado las circunstancias por las que se acordó el ingreso en prisión provisional de Antonio Fernández.

La defensa del ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández pidió a la juez Alaya la puesta en libertad sin fianza, al no haber podido reunir los 450.000 euros que le impuso la Audiencia de Sevilla, o bien que rebajara esa cantidad o se le permitiera prestarla mediante avales y no en metálico como acordó el tribunal.

En un escrito de fecha 24 de julio, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex alto cargo, pidió a la instructora que le ponga en libertad sin fianza porque después de varias semanas -el auto fue dictado el 12 de julio- aún no ha logrado reunir los 450.000 euros que estableció la Audiencia de Sevilla para que pudiera abandonar la cárcel de Morón de la Frontera.

El escrito de la defensa pedía, en el caso de que no sea puesto en libertad sin fianza, que se fije una cantidad "sustancialmente inferior" o bien que se le permita que la cifra que definitivamente se establezca "pueda ser consignada en cualquier forma legalmente permitida", con lo que apunta a la posibilidad de que se presenten avales u otro tipo de garantías.

La petición del letrado va acompañada de abundante documentación relativa al salario que percibió Fernández durante su etapa al frente de la consejería, que algunas fuentes apuntan que ascendía a 93.000 euros, si bien hasta antes de entrar en la cárcel su sueldo como presidente del consejo regulador del Vino de Jerez era inferior, de unos 60.000 euros. También acompaña el letrado documentación sobre el IRPF del consejero y otros datos para demostrar sus cotizaciones.

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