La juez Alaya requiere de nuevo a la Junta para que entregue las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001

Sevilla/Tres días después de que la Junta de Andalucía se opusiera a la entrega de las actas de los Consejos de Gobierno celebrados desde el 2001, la juez Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que mantiene su criterio y reitera al Gobierno andaluz que debe entregar dichos documentados para facilitar la investigación abierta en relación con el escándalo de los ERE de distintas empresas que fueron sufragados con fondos públicos y todo ello porque la juez considera que las actas “ni son reservadas ni son secretas”.

Según han confirmado a este diario fuentes del caso, la resolución de la juez Alaya, que consta de 22 folios, expone de forma razonada los argumentos por los que, a juicio de la instructora, es necesaria la entrega de estas actas, al tiempo que la magistrada entiende que no se trata de materia reservada. Sobre la petición de todas las actas, la juez explica que si conociera cuáles son las relevantes para la investigación “sólo pediría esas”, porque la instructora aclara que no tiene interés con la sobrecarga que afecta a su juzgado “de examinar más documentación de la cuenta”, señala el auto al que ha tenido acceso este diario.

La resolución reprocha a la Junta la negativa a entregar dichas actas -algo de lo que la juez confiesa se ha enterado por los medios de comunicación- a pesar de que la Administración autonómica está personada como perjudicada y como acusación particular en la causa, y actúa “con un publicitado ánimo de colaborar con la Justicia”.

“En cualquier caso resulta paradójico que durante diez años la Junta de Andalucía no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extrañe de que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello”, añade el auto, que considera incluso que la Junta incurra en un abuso de derecho por pretender “ocultar” datos relevantes. “No es legítimo por constituir un abuso de derecho que la Junta de Andalucía se persone como perjudicada y de otro lado pretenda ocultar, o al menos aparentar que lo hace, datos que pueden ser relevantes para la investigación, incumpliendo con el mandato constitucional contenido en el artículo 119 de nuestra Carta Magna”, sentencia la magistrada.

En cuanto a los fundamentos que han llevado a la juez Mercedes Alaya a solicitar la entrega de las actas de los Consejos de Gobierno desde el año 2001, la instructora analiza la figura utilizada por la Junta para financiar los ERE a través de transferencias de financiación de explotación a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (antes IFA), y los informes de la Intervención General que concluyeron que se había estado prescindiendo del procedimiento adecuado para entregar estas ayudas, que no es otro que el de la subvención excepcional.

La magistrada concluye además que no sólo se está investigando el uso de los fondos públicos sino incluso un delito de prevaricación. “Al margen de la indebida utilización de fondos públicos para beneficiar a amigos, familiares, personas vinculadas al partido de gobierno y a su entorno, se investiga en la presente causa si el procedimiento utilizado con el indiciario conocimiento de su ilegalidad y de sus ilegítimas consecuencias, puesto de manifiesto año tras año por la Intervención General, puede constituir un delito de prevaricación de conformidad con el artículo 404 del Código Penal”.

El auto afirma que a todo esto se añade, “como colofón”, que en muchas prejubilaciones de empresas acogidas a ERE los compromisos de pago se realizaban inclusive prescindiendo de protocolo y convenio de colaboración, “comprometiéndose el pago de importantes sumas de dinero por el director general -de Trabajo y Seguridad Social- en escuetos escritos de varias líneas dirigidos a la aseguradora o a la mediadora, con ausencia absoluta de procedimiento”.

La parte dispositiva de este auto reitera a la Junta de Andalucía que entregue las 480 actas de los Consejos de Gobierno desde el año 2001, una petición a la que el Gobierno andaluz se opuso alegando el artículo 31 de la ley de gobierno de la Comunidad Autónoma, que confiere a estos documentos el carácter de "reservado". La Junta de Andalucía también anunció el pasado martes que enviaría al juzgado un "requerimiento de incompetencia" a la juez, lo que abría la posibilidad incluso a llevar la situación al Tribunal de Conflictos de Jurisdicciones.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha respondido a este requerimiento en una providencia en la que, según han comentado fuentes del caso, la magistrada requiere a la Junta para que, a través de sus representantes del servicio jurídico, se pronuncie sobre si "mantiene" ese requerimiento de inhibición por incompetencia una vez que ha expuesto los fundamentos de su petición en el auto mencionado. Para tal fin, la juez Alaya ha citado al letrado del gabinete jurídico de la Junta el próximo lunes 4 de abril, a las 13:30, en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, para que manifieste “personalmente ante el juzgado” su pronunciamiento.