Alaya imputa a 11 jefes de servicio de Formación para el Empleo y los cita a declarar la semana próxima

Sevilla/La juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos, ha imputado en la causa a 11 jefes de servicio de la dirección general de Formación para el Empleo y de las delegaciones provinciales de las ocho provincias andaluzas y los ha citado a declarar entre los días 9 y 12 de junio. Los nuevos imputados son los jefes de Servicio de Formación de la delegación provincial de Granada Magín Bolívar Medina y María Noelia García Lucena; el jefe de servicio de la delegación de Córdoba Manuel Gavilán Jiménez; los jefes de servicio de la delegación de Sevilla Carmen Gómez Laguillo y Daniel Fito García; al jefe de servicio de Formación de la delegación de Jaén, José Luis Valentín Martos; al jefe de servicio de Formación de la delegación de Almería, Blas Méndez Capel; al jefe de servicio de Málaga, María Isabel Almendro Flores; y los jefes de servicio de Formación de las delegaciones provinciales de Cádiz y Huelva Antonio Juan Vidal Agarrado y José Ángel Gil Flores, respectivamente. Alaya también ha imputado a la jefa de servicio de la dirección general de Formación para el Empleo María Carril. Todos los imputados, salvo esta última, han sido citados a declarar la próxima semana, entre los días 9 y 12 de junio.

En un nuevo auto, Alaya les atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos “por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificación, como el de seguimiento y el de gestión económica, permitiendo que en este último se confeccionaran los certificados por lo que se acreditaba ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para las que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que lideraba el resto del importe de cada subvención”.La magistrada añade que estos imputados “omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar”.

Estas nuevas imputaciones se producen después de la operación Barrado, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó en marzo pasado y en la que se detuvo a 16 personas, entre ellos nueve delegados y ex delegados provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).En el auto, la juez también pide a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia civil que, “a la mayor brevedad posible”, informen al juzgado sobre el cargo de secretarios provinciales y secretarios generales del Servicio Andaluz de Empleo, con identificación de las personas que los han desempeñado y las funciones que han ejercido. También pide información sobre los jefes de servicio de Formación en la época de la directora general María Teresa Florido Mancheño, quien en su declaración judicial explicó que coincidieron en el tiempo María Carril, Alfredo Bolaños, María Cabanillas y Tomás Domínguez, al objeto de comprobar la “veracidad” de esta afirmación y las funciones desempeñadas por cada uno.

La magistrada requiere igualmente a la UCO para que informen de la identidad de los jefes de servicio en el período comprendido entre los años 2009 y 2012, y también que se determine el periodo que ejerció el cargo la jefa de formación de la delegación provincial de Sevilla María del Pilar Galán Ruiz. Reclama asimismo un informe sobre las funciones de los coordinadores del SAE Miguel Sivianes y María Luz Fernández, así como el periodo que ocuparon dichos cargos y la “relación que en su caso pudiera tener el primero con José Sivianes Sánchez”, un empresario del sector de la Formación que recibió cinco millones en subvenciones en varios años.Por último, Alaya pide a la Guardia Civil que “complete” el estudio de las resoluciones de exoneración abordadas en uno de los últimos atestados aportados al juzgados y las que en su caso pueda aportar la Junta de Andalucía.

Sobre las comunicaciones emitidas por la Intervención General de la Junta a los diferentes órganos gestores en materia de subvenciones para actividades formativas en los que se haya incluido alguna propuesta de reintegro –ya sea total o parcial-, Alaya pide a la Guardia Civil que indague sobre las “fechas de inicio de los expedientes, estado en el que se encuentren y si en alguno de ellos hubiese caducado el derecho de reclamación por no haberse iniciado el correspondiente expediente”, y que se identifique además a la personas que “ocupaban los cargos a los que iban dirigidas las distintas comunicaciones”