Alaya la sitúa como promotora del procedimiento ilegal

La juez Alaya le imputó ayer a Magdalena Álvarez sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y le atribuyó que fue "uno de los promotores del procedimiento ilegal" de concesión de las ayudas sociolaborales que se instauró en la Junta entre 2000 y 2011, un procedimiento iniciado "al margen de la ley" con la utilización de las transferencias de financiación. En la imputación formal que la instructora detalló al inicio de la declaración, Alaya señala que este sistema pretendía "como finalidad básica eludir el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención General, que tantos reparos suspensivos había opuesto en expedientes pasados como el de Hijos de Andrés Molina (Hamsa)".

El "uso ilícito" de fondos públicos se llevó a cabo presuntamente, continuó Alaya, con "absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca" e incumpliendo los principios de imparcialidad, transparencia y no discriminación, así como los de publicidad, libre concurrencia, objetividad e igualdad. Alaya asegura que durante su etapa como consejera (entre 1994 y 2004) se tramitaron siete modificaciones presupuestarias para dotar de fondos la partida de las transferencias de financiación -muchas de ellas en base a convenios particulares entre la consejería de Empleo y el IFA para transferir a Hamsa, Jerez Industrial, Santana Motor- importantes sumas de dinero que alcanzaron los 93 millones.

La instructora añade que para incluir esa partida "fraudulenta" en la ley de presupuestos "se aprovecharía la complejidad del lenguaje presupuestario, pues la clasificación económica del gasto por artículos y subconceptos sólo es accesible a expertos".

El sistema dio lugar, a juicio de la instructora, a un uso "completamente arbitrario de los fondos públicos por parte de la Consejería de Empleo, como indiciariamente podía esperar la señora Magdalena Álvarez al no existir procedimiento ni control", y al mismo tiempo el uso sería "desmesurado", al asumirse compromisos por encima del techo presupuestario, lo que generó un déficit en 2003 y 2004 de 38 y 93 millones, respectivamente.

La ex consejera de Economía, añadió Alaya, contribuyó a "alimentar" el sistema con cinco nuevas modificaciones presupuestarias de 2002 a 2004 por importe de otros 32 millones de euros, y "daría instrucciones o al menos sería conocedora de que con este procedimiento era necesario alterar la realidad del presupuesto de explotación del IFA", por lo que hubo que "simular" la existencia de gastos "cuando sólo se realizaban pagos con los fondos recibidos", unos gastos inexistentes que se consignaban en la partida denominada "otros gastos de explotación".

Al término de la declaración, el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acción popular, fue el único que solicitó una medida cautelar para Magdalena Álvarez, dada la "extrema gravedad" de los hechos investigados. El abogado de Manos Limpias solicitó 125 millones de fianza civil, incrementada en el tercio legal correspondiente, ya que Álvarez era la persona que tenía "la máxima capacidad administrativa y política para actuar y consiguientemente la penúltima persona en el vértice superior de la pirámide sobre la cual se estructuran los hechos que se están investigando en la presente causa".