Andalucía garantiza la demanda social en la escolarización frente a la ley Celaá

La demanda social seguirá garantizada en Andalucía durante el próximo proceso de escolarización. Así lo aseguraron ayer el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y la viceconsejera del ramo, María del Carmen Castillo, durante el balance que realizaron del primer trimestre, en el que también explicaron los cambios que se llevarán a cabo en el mencionado procedimiento debido a la entrada en vigor de la polémica ley Celaá.

Unas modificaciones que, en principio, sólo afectan al baremo que se aplica cuando en un colegio la demanda de matriculación recibida excede a la oferta que presenta. Así, uno de los criterios que se altera es el de la existencia de hermanos en el centro solicitado, un factor cuya valoración se reduce a 14 puntos, lo máximo contemplado por la Lomloe. Tendrá idéntica calificación al domicilio familiar en la zona de influencia del colegio.

Otros condicionantes que entran a valorarse en la baremación será el de la discapacidad sobrevenida durante el curso, por el que el menor tendrá prioridad de admisión. También el hecho de que el alumno haya nacido de parto múltiple, que se contabilizará con un punto.

Por otra parte, la competencia para decidir en el procedimiento de admisión de los estudiantes recaerá a partir de ahora en el consejo escolar de los centros educativos, en lugar del director, como venía siendo hasta el momento. Es otro de los cambios establecidos por la ley Celaá.

Modificación del decreto autonómico

Estas novedades –que se llevarán al consejo de gobierno de la Junta la próxima semana– suponen una modificación del decreto de escolarización aprobado el año pasado y que le costó al Ejecutivo de Juanma Moreno su primera huelga sectorial. Los sindicatos y AMPA públicas se echaron a la calle en marzo al entender que algunos de los principios que fija la norma andaluza constituyen una “amenaza” para la enseñanza pública, ya que, entre otras medidas, intenta garantizar que en aquellos municipios donde fuera posible las familias tuvieran las mismas posibilidades para escolarizar a sus hijos en colegios públicos y concertados.

Casi un año después la preocupación es distinta y cae en el otro bando, en el de los concertados, ya que la Lomloe califica estos centros de “subsidiarios” de los públicos y no de “complementarios”, como se estipulaba hasta su entrada en vigor. Esta denominación adquiere especial relevancia a la hora de configurar la oferta educativa y, especialmente, en el actual contexto de bajada de la natalidad, ya que al haber menos niños se cierran aulas y, en función de lo que establece la octava reforma educativa de la democracia, deben sacrificarse unidades concertadas y no públicas. No se tiene en cuenta aquí la demanda, un pilar del decreto andaluz de escolarización.

La viceconsejera aseguró que este principio se mantendrá a la hora de otorgar las plazas educativas. También garantizó que se aplicará en el actual periodo de renovación de conciertos, pues la ley Celaá respeta la “oferta preexistente”, una afirmación que muchos expertos ponen en duda, al advertir que ante el descenso de niños en los colegios la ley es clara: no se cerrarán aulas públicas y sí concertadas, aunque tengan mucha demanda social.