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Anticorrupción asume la investigación de las irregularidades en Invercaria

La Fiscalía General del Estado retira del caso a la unidad de delitos económicos para entregárselo a uno de los fiscales que ya intervienen en el escándalo de los ERE fraudulentos que instruye la juez Alaya

El ex trabajador de Invercaria Cristóbal Cantos, en mayo pasado cuando ratificó su denuncia en los juzgados de Sevilla.
Jorge Muñoz / Sevilla

12 de junio 2012 - 05:04

La Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación de las presuntas irregularidades denunciadas en Invercaria por el ex director de Recursos de esta sociedad pública de inversión y capital riesgo de la Junta Cristóbal Cantos, según confirmaron ayer fuentes del caso. Hasta ahora la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla contaba con la intervención de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Sevilla, pero el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce ha decidido finalmente encomendar la investigación a Anticorrupción, por lo que a partir de ahora uno de los fiscales que también investiga el escándalo de los ERE fraudulentos se hará cargo de indagar si en Invercaria existe un "segundo fondo de reptiles", como denunció en su día el Partido Popular, que se ha personado como acusación popular también este caso.

La Fiscalía Anticorrupción ya ha presentado un escrito en el juzgado en el que anuncia que asume la representación del Ministerio Público en el proceso.

Las mismas fuentes explicaron que de la denuncia de Cristóbal Cantos, que compareció en el juzgado el pasado 15 de mayo para ratificar las anomalías y aportar varios documentos que avalarían sus sospechas, podría deducirse un supuesto desvío de fondos desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) -que también está en el foco de la investigación del escándalo de los ERE por el convenio que tenía con la Consejería de Empleo para el pago de las ayudas públicas- a la sociedad pública de capital riesgo Invercaria. De esta forma, también se indaga si con esa actuación se buscaba intencionadamente eludir el control del destino de los fondos, al igual que sucede con el sistema de transferencias de financiación relacionado con los ERE fraudulentos.

La investigación pretende aclarar además cuáles son los criterios que guiaban a Invercaria a la hora de hacer las inversiones, ya que la sociedad no disponía de manual de inversiones, algo que no obstante suele ser común en este tipo de entidades.

Entre las empresas favorecidas por Invercaria y cuyas operaciones están siendo investigadas se encuentran Electria, compañía para el desarrollo sostenible, o el Operador Aéreo Andalus, empresa que dejó de operar todos sus vuelos el 28 de junio de 2010.

El informe de fiscalización que la Cámara de Cuentas realizó sobre Invercaria correspondiente al ejercicio 2009 señala que Electria recibió de la sociedad pública de inversión 1,1 millones de euros, con lo que Invercaria se hizo con el 30% del capital de esta empresa.

En cuanto al Operador Aéreo Andalus, la Cámara de Cuentas señalaba que el 3 de noviembre de 2008 esta sociedad recibió un préstamo de 410.000 euros y otro préstamo de otro socio financiero de 1,1 millones. La operación se formalizó conjuntamente con una entrada en el capital de Invercaria por importe de 40.000 euros y por la que se adquirió el 4,6% del capital social. El resto de los socios suscribieron y desembolsaron 520.000 euros. Según la Cámara de Cuentas, Andalus cerró el ejercicio 2008 con unas pérdidas de 1.034.465 euros, aunque no estaba en causa de disolución. En julio de 2009, Invercaria formalizó un préstamo al operador Andalus por importe de otros 700.000 euros, una operación que fue acompañada por otros préstamos del otro socio financiero por importes de 937.500, 150.000 y 25.000 euros.

La entrada del nuevo socio financiero no se materializó "por falta de acuerdo en las condiciones" y Andalus dejó de operar el 28 de junio de 2010, tras haber recibido préstamos de Invercaria por importe de 1.110.000 euros, según detalla el informe de la Cámara de Cuentas, que está en la base de las investigaciones judiciales.

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