Anticorrupción no perdona ni un día de cárcel a la antigua cúpula de UGT-A por el presunto fraude a la Junta de Andalucía

El juicio a la antigua cúpula de UGT-Andalucía por presuntamente defraudar más de 40 millones de euros procedentes de subvenciones de la Junta de Andalucía, que deberían haberse utilizado para cursos de formación a trabajadores, se acerca a su fin y va a terminar sin que la Fiscalía Anticorrupción rebaje ni un día de cárcel de su petición de condena para los cinco sindicalistas de alto rango que se sientan en el banquillo de los acusados. En sus conclusiones definitivas, expuestas este miércoles ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, el Ministerio Público ha ratificado su calificación provisional respecto a estos encausados. Eso significa que sigue solicitando siete años de cárcel para el ex secretario general de la organización Francisco Fernández Sevilla, el entonces tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín y el consejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea, así como cinco años para la que era responsable del departamento de Compras Dolores Sánchez Montaño.

En su escrito definitivo, la Fiscalía tampoco ha perdonado ni un euro de responsabilidad civil a los sindicalistas. Por tanto, pide que Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con 40.750.047,74 euros, que es el total de lo presuntamente defraudado, y que Sánchez Montaño pague 4.288.707,74 euros. Y para todos ellos, además, solicita que abonen una multa de 50 millones.

Anticorrupción casi ha repetido el mismo patrón para los otros diez procesados, distintos proveedores del sindicato que según la acusación participaban de ese sistema fraudulento. La única diferencia es que el fiscal Fernando Soto ha retirado la acusación contra uno de ellos, el responsable de una agencia de viajes, al entender que si alguien era responsable del delito era su padre, ya fallecido. Para cada uno de los otros nueve empresarios, la Fiscalía acaba la vista oral reclamando tres años de prisión y multas de 3.600 euros (doce meses a una cuota diaria de 12 euros).

La acusación ejercida por la Junta de Andalucía también ha variado muy levemente su escrito provisional. En el definitivo ha retirado la acusación contra el mismo proveedor y ha hecho lo mismo respecto otras dos. Pero lo más significativo, por llamarlo de algún modo, es que ha reducido el total de la supuesta cantidad defraudada en 638 euros para dejarla, lógicamente, casi igual que antes, en 40,8 millones.

El PP, por último, ha aplicado la misma retirada al mismo proveedor en común con las otras dos acusaciones pero además ha rebajado la petición para Sánchez Montaño para establecerla en los mismos cinco años que para ella reclama Anticorrupción. Antes pedía siete años.

Las defensas: absolución o dos atenuantes

Las defensas, por su parte, han elevado a definitiva su petición global de absolución pero, como consideración subsidiaria o alternativa, han solicitado que en caso de condena se beneficie a sus clientes con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas (por la tardanza del proceso judicial respecto a unos hechos que empezaron a investigarse hace ya una década) y la atenuante de reparación del daño (basada en el convenio que la Junta y UGT firmaron en 2022 para que la Administración sea resarcida).

La parte que más se ha extendido en este trámite ha sido la del propio sindicato. Su letrado ha insistido como petición principal en que UGT-A no es responsable civil subsidiario y por tanto no debe abonar ninguna indemnización incluso "aunque hubiese delito", debido a la "inexistencia de relaciones" con los hechos. Y además, en vista de que la Junta ha persistido en su petición de que el sindicato pague la responsabilidad civil a pesar de ese convenio extrajudicial de hace dos años, ha reclamado la "expresa imposición de costas" a la Administración. Es decir, que la Junta le pague a él, como abogado de UGT, en caso de que la sentencia sea favorable al sindicato.