Anticorrupción pide 26 millones de fianza civil para un ex director general de IDEA

Sevilla/La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 26.036.437 euros para el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, quien se ha acogido a su derecho a no declarar y le ha dicho además a la juez Mercedes Alaya que no ratificaba sus declaraciones previas como testigos ante la Guardia Civil porque no se ha recogido en la misma todo lo que dijo y otras cosas se han sacado "fuera de contexto".

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero también se han acogido a su derecho constitucional a no declarar y la Fiscalía no ha solicitado ninguna medida cautelar, dado que se le impuso en su día distintas fianzas. Un tercer imputado este lunes, el ex director general de IDEA Francisco Mencía no ha acudido por motivos de salud y su comparecencia se ha trasladado al próximo jueves.

La juez Alaya ha iniciado por la mañana una ronda de declaraciones tras la imputación de 16 miembros de los consejos rectores de la agencia IDEA imputados en el fraude los ERE y entre los que se encuentran destacadas personalidades del mundo económico a nivel andaluz. Antes del inicio de las declaraciones, que han sido fijadas de lunes a viernes y a razón de cinco comparecencias al día, la juez ha rechazado la petición de suspensión de las declaraciones que planteó la Fiscalía Anticorrupción el pasado viernes y en la que el fiscal lanzó un tercer aviso a la instructora pidiéndole que envíe "a la mayor brevedad" la causa al Tribunal Supremo.

Los fiscales consideran que la instrucción está ya "agotada" por parte de la magistrada ante la aparición en la misma de personas que gozan de la condición de aforadas y, por tanto, creen que estas declaraciones lejos de adelantar el procedimiento causarán un "efecto dilatorio" por cuanto al final podrían tener que volver a declarar en el supuesto de que sea revocada la decisión de Alaya de no suspender las declaraciones.

Alaya ha imputado delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial al ex director general del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, quien se ha negado a declarar pero ha presentado un escrito a la instructora, en el que señala que su declaración ante la Guardia Civil del 19 de septiembre de 2012 duró cuatro horas y 15 minutos y lo que él declaró fue "bastante más extenso de lo que figura en la misma, recogiéndose todo lo manifestado en 11 folios solamente, cuando la realidad es que yo declaré bastante más cosas de lo que se refleja en once folios, conteniendo estos folios frases fuera de contexto respecto de lo que yo realmente declaré".

El ex director general del IFA/IDEA afirma asimismo que el relato de hechos delictivos que se le imputan se basa precisamente en la declaración que prestó como testigo y, según la doctrina del Tribunal Supremo, la misma podría considerarse como "prueba prohibida" respecto a que pueda considerarse como base de su incriminación como imputado.

Miguel Ángel Serrano ha alegado también en su escrito que Alaya ha imputado a todos los que han sido miembros del consejo rector de IDEA, con la excepción de las personas que tienen la condición de aforados. El ex director general coincide con la juez en que la causa de los ERE es indivisible en piezas separadas, pero considera que la instructora "ya no es competente" para investigar la causa "por cuando que la investigación judicial se encuentra ya agotada en esta sede judicial" y tiene que dirigir las actuaciones contra personas aforadas, entre las que cita expresamente a los ex consejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano, y José Antonio Viera Chacón.

En su imputación formal, Alaya sostiene que el ex director del IFA Miguel Ángel Serrano y su antecesor en el cargo, Francisco Mencía, participarían del "sistema ideado" entre la Consejería de Fomento y el IFA a través del convenio marco de 17 de julio de 2001, al suscribir ambos con el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero convenios particulares de ayudas cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo fuera inferior a 450.759 euros. Según la juez, ambos "conocían" por este convenio que las ayudas comprometidas por la Consejería de Empleo "serían abonadas mediante el uso inadecuado de las transferencias de financiación, destinadas sólo a financiar la actividad genérica del IFA o sus pérdidas, pero en modo alguno para el pago de subvenciones, pues ello suponía prescindir del procedimiento legal de subvenciones y de su control por parte de la Intervención".

La juez señala que Francisco Mencía firmó 124 convenios que sumarían 115.213.406,06 euros, entre ellos múltiples convenios de ayudas directas a empresas por habilitación del consejo rector. Por su parte, Miguel Ángel Serrano suscribió 42 convenios por importe de 210.950.928,39 euros y, según la magistrada, "conocería desde el primer momento la situación de déficit presupuestario generado por la Consejería de Empleo, y en el colaboraba IDEA anticipando el pago de las ayudas". La juez añade que Serrano fue "conocedor y partícipe de las importantes irregularidades de las ayudas directas y sociolaborales que se gestionaban entre la agencia y la dirección general de Trabajo, expuesta en el informe adicional al de cumplimiento de fecha 25 de julio de 2005 al que tuvo acceso".

La juez entiende que estos hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Francisco Mencía, que ocupó el cargo entre enero de 2003 y mayo de 2004, aseguró en su declaración que "siempre tuvo la sensación" de que existía en la Consejería de Empleo un "interés especial para favorecer" a la Sierra Norte de Sevilla. Incluso afirmó que está "totalmente seguro" de que tanto el entonces consejero de Empleo y presidente del IFA José Antonio Viera, como su sustituto Antonio Fernández y el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero "tenían relación con los empresarios beneficiarios de las ayudas", hasta el punto que llegó a afirmar que el conocimiento que tenían de los convenios y ayudas "era total, mucho más que el conocimiento que él pudo llegar a tener". Francisco Mencía también dijo en un consejo rector del 30 de enero de 2004 y presidido por Viera se le habilitó para suscribir 15 convenios, cada uno por importe de 1,2 millones de euros, una cuantía que considera fue estipulada expresamente para que no tuvieran que ser "ratificadas por el Consejo de Gobierno" de la Junta, ya que si superaban ese importe debían pasar este trámite.

Por su parte, Miguel Ángel Serrano, que fue director de IDEA entre junio de 2004 y mayo de 2008, bajo las órdenes del presidente de la agencia y consejero de Innovación, Francisco Vallejo, declaró que en "reiteradas ocasiones" le expuso al consejero no sólo la "nula aportación" del convenio marco de 17 julio de 2001 por el que se pagaban las ayudas, sino las "importantes cifras de déficit presupuestario generadas" por dicho convenio. De hecho explicó que en 2007 se llevó al consejo rector de Idea un informe de auditoría de Pricewaterhouse del ejercicio 2006 en el que se exponían las "altas cifras" de déficit, pero el presidente de IDEA, Francisco Vallejo, decidió continuar con el convenio marco y "no cambiar el criterio acerca de no someter a aprobación del consejo rector las ayudas sociolaborales".

De las declaraciones de ambos ex directores del IFA, Alaya concluyó que la agencia y su consejo rector tenían conocimiento de la "inobservancia generalizada del procedimiento de subvenciones y de la ausencia tanto de bases reguladoras como de fiscalización" y participarían de esa inobservancia al "aprobar el pago de unas subvenciones presuntamente ilegales". La juez concluye igualmente que existía un "apoyo claro" de la Consejería de Innovación -de la que dependía IDEA desde mayo de 2004- a la Consejería de Empleo, al suscribir todos los convenios por "expresa indicación" del consejero o viceconsejero de Innovación.