Arenas vuelve a pedir documentos y la Junta da el debate por zanjado

El presidente del PP-A, Javier Arenas, retomó ayer la estrategia esgrimida por su partido en el Parlamento el pasado jueves e insistió en que muchos de los fondos para expedientes de regulación de empleo (ERE) "no llegaban a través de aprobaciones del Parlamento, sino directamente de las decisiones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía".

Al líder de los populares andaluces no le sentó nada bien que desde algunos medios de comunicación se afeara el último intento de implicar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Arenas utilizó unos documentos sobre cuatro ampliaciones de crédito de este fondo como confirmación de que el Consejo de Gobierno siguió incrementando las partidas pese a las dudas que había expresado la Intervención General de Hacienda, quien sin embargo no había detectado irregularidad alguna.

Arenas, en una intervención en Antequera, dio un paso más en su explicación y señaló que muchas de estas ampliaciones no pasaron por el Parlamento, sino sólo las aprobó el Consejo de Gobierno. Con esto intentó sembrar la sospecha de que este crecimiento de las partidas no estaba vigilado. Además, para aquellos que dudaron de la estrategia del jueves, subrayó que "no estamos hablando de trampa, sino de trama".

Fuentes del Gobierno andaluz sostuvieron que la contabilidad de la Junta pasa cada tres meses por la oficina de control presupuestario y acusaron por tanto a Arenas de "desconocer" los mecanismos de la institución.

Los consejeros de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, y de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, lamentaron ayer que el PP esté "hurgando" y "enredando" en el procedimiento de la Intervención General sobre los expedientes de regulación de empleo investigados por presuntas irregularidades en los mismos, en un procedimiento que "ha quedado suficientemente aclarado".

En una rueda de prensa para presentar nuevas líneas de fondos reintegrables, la consejera de Hacienda y Administración Pública, quien consideró que "no merece la pena seguir insistiendo en el procedimiento sobre el que trabaja la Intervención, donde existe un control financiero permanente". La Junta ha manifestado por activa y por pasiva que Intervención cuestionó el procedimiento, pero no detectó irregularidad alguna; sólo discrepó del procedimiento elegido.