La Audiencia de Navarra mantiene en prisión a la 'manada'
juicio por la violación en sanfermines 2016
La decisión, que cuenta con un voto particular de uno de los magistrados, puede anticipar la posible condena de los cinco sevillanos acusados de la violación de una joven madrileña en los Sanfermines
La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha decidido que los cinco sevillanos acusados de la violación de una joven madrileña de 18 años en los Sanfermines del año pasado continúen en prisión hasta que se dicte la sentencia, lo que puede considerarse como un anticipo del posible fallo. La decisión cuenta con el voto particular en contra de uno de los magistrados, que considera "más procedente acordar la libertad provisional de los procesados con la adopción de medidas cautelares alternativas".
En el auto dictado por la Audiencia de Navarra, el tribunal deja no obstante abierto el posible resultado de la sentencia, al argumentar que la petición de libertad se ha plantado "inmediatamente después de la conclusión del juicio oral, de modo que la Sala no ha podido establecer dicho pronunciamiento de culpabilidad, ello sin perjuicio de que la Sala pueda adoptar las decisiones oportunas sobre la situación procesal de los procesados, en función del desarrollo de las deliberaciones".
El tribunal recuerda que la defensa solicitó la inmediata puesta en libertad provisional "por cuanto en virtud de las pruebas practicadas y los informes del plenario, entiende que su patrocinado no puede permanecer un día más en prisión, por aplicación de los principios fundamentales que rigen el derecho penal desde hace dos siglos, nadie puede ser mantenido en prisión si no se demuestra su culpabilidad".
Y el letrado añadía que no se puede tomar en consideración las pruebas de cargo "por su ilicitud", ya que "a su parecer éstas han sido practicadas con vulneración del principio de presunción de inocencia", precisa la Sala, que desestima la petición porque, según los jueces, "falta el presupuesto para considerar conculcado el derecho a la presunción de inocencia, por cuanto no se ha producido ninguna declaración de culpabilidad", y en este sentido, recuerda una sentencia del Tribunal Constitucional de 2008 que establece que el derecho a la presunción de inocencia "no se puede vulnerar en un auto relativo a prisión provisional, pues ésta no es una pena, sino una medida cautelar, que ni declara la culpabilidad del sujeto, ni prejuzga en modo alguno la decisión al respecto".
La decisión cuenta con el voto particular discrepante de uno de los tres jueces, en concreto el magistrado Ricardo Javier González González, quien "con el máximo respeto que le merece la opinión mayoritaria del tribunal", considera que la decisión adolece de la "misma falta de motivación" que este juez expuso cuando se solicitó la libertad en ocasiones anteriores.
El magistrado entiende que "las razones por las que se ha decidido desestimar la solicitud de libertad formulada siguen siendo inconsistente e insuficientes para justificar el mantenimiento en prisión provisional de los acusados; y ello es así por más que comparta la argumentación del auto del que disiento en lo que se refiere a que el derecho concernido no puede ser en este momento procesal la presunción de inocencia, sino que la petición formulada debería haberse fundamentado en el derecho a la libertad personal (artículo 171 de la Constitución Española), a cuyo ámbito debería haber reconducido su análisis el tribunal".
De ahí que este magistrado considere que "resulta más procedente acordar la libertad provisional de los procesados con la adopción de las medidas cautelares" que expresaba en otros votos discrepantes sobre la misma cuestión.
La solicitud de puesta en libertad fue planteada en la tarde del martes por el abogado Jesús Pérez, que defiende al guardia civil procesado en esta causa y a la misma se adhirieron los abogados de los otros miembros de la manada, mientras que la Fiscalía y las acusaciones particular y populares se opusieron.
La Fiscalía reclama una condena de 22 años y diez meses de cárcel y el pago de una indemnización de 100.000 euros a los cinco miembros de la manada, a los que considera autores de un delito continuado de agresión sexual, otro contra la intimidad y un tercero de robo con intimidación, delito éste último que fue reconocido durante el juicio por uno de los acusados, en concreto, el guardia civil.
Por su parte, la acusación particular que ejerce la denunciante reclama 24 años y nueve meses de prisión, mientras que las acusaciones populares –Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona– piden más de 25 años para cada acusado. Al término de la vista oral, las defensas de los acusados solicitaron la absolución e incluso un letrado pidió la nulidad del juicio al considerar que se han vulnerado los derechos de los imputados.
Los cinco acusados –José Ángel P. M., Jesús E. D., Ángel B. F., Jesús C. E. y Antonio Manuel G. E.– permanecen en prisión provisional desde hace 16 meses y en todo este tiempo han mantenido su inocencia, al afirmar que las relaciones que mantuvieron fueron consentidas por la chica.
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