Bolaños vuelve a cargar contra la UCO y Alaya por fomentar "teorías sobre conspiración y tramas delictivas"

Una nueva y devastadora crítica a las macrocausas de Mercedes Alaya. Si la semana pasada María Núñez Bolaños cargaba contra las macrocausas que inician “la casa por el tejado”, al resolver un recurso de la causa de los avales y préstamos de la agencia IDEA, ahora la juez ha vuelto a atacar a su antecesora y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su “criterio operativo” consistente en elaborar “teorías sobre conspiración y tramas delictivas” que son también “avaladas” por la acusación popular que ejerce el Partido Popular en estos procedimientos.

En un nuevo auto, la juez María Núñez Bolaños ha confirmado el archivo acordado en octubre de 2016 de la denominada “pieza política” de los cursos de formación, en la que estaban imputados 24 altos cargos y funcionarios a los que Mercedes Alaya, siguiendo a la UCO, acusó de integrar una “red de clientelismo político” para el reparto de fondos públicos entre determinados entramados empresariales afines al PSOE.

Bolaños carga en la resolución contra el “criterio operativo” que, según detalla, se basa en “iniciar causas penales desde la interpretación de informes de la Cámara de Cuentas e informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) que se traen a las actuaciones donde se recogen la existencia de irregularidades administrativas para, a partir de los mismos y de su interpretación, elaborar teorías sobre conspiración y tramas delictivas, como la sostenida en esta causa” y que vienen siendo corroboradas por el PP-A, puntualiza.

La juez compara la forma de actuar en la formación con la que se inició en la causa de los avales y préstamos de la agencia IDEA –donde ya alertó de las macrocausas que empiezan “la casa por el tejado”- y recuerda que el “examen y análisis en profundidad y con seriedad” de los informes de la IGJA o de la Cámara de Cuentas, requieren un “conocimiento especial y específico en derecho administrativo en sus diferentes materias y ramas” y una especial formación en derecho administrativo “cuyo desconocimiento puede llevar a conclusiones erróneas”, señala en una posible alusión a los atestados policiales que se aportan a la causa. Bolaños recuerda que los jueces tienen con una jurisdicción especializada –la contencioso-administrativa- para el conocimiento de esta materia tan “variada, diversa y completa”, y añade que la existencia de estos informes por los órganos de la Administración y los reparos que se ponen a la gestión ha sido una “práctica frecuente y habitual que nunca, hasta ahora, ha dado lugar a la apertura de causas penales y ello, como los propios interventores señalan, porque no detectan ilícito penal alguno sino simple y llanamente irregularidades administrativas”.

Si los interventores no denuncian los delitos, Bolaños se pregunta cómo es posible que se abran causas penales sobre estas hipótesis partiendo de “interpretaciones de los informes de la Intervención” que, además, están siendo archivadas por diferentes juzgados de Instrucción.

Pero además de cargar contra los “criterios operativos” de la anterior instructora, Bolaños llama la atención sobre el “grave perjuicio” que se causa a “muchas familias, en este caso andaluzas, cuya fuente de ingreso y sustento se vio truncada” cuando estalló el escándalo de los cursos de formación, así como a las personas que dejaron de recibir una “formación necesaria y útil para su vida profesional”. “Pero lo más grave –prosigue la juez en el auto- es el daño que se causa a personas cuya honorabilidad y profesionalidad se pone en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como presuntos delincuentes en el proceso. Los jueces no trabajamos con papel sino con personas, detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida”.

Así, Bolaños considera que el recurso de reforma del PP-A en el que solicita la reapertura de la causa, alegando que había unas dependencias administrativas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que estaban precintadas por la Guardia Civil, se basa sólo en “aspectos formales y sin rebatir ni una sola de las cuestiones jurídicas esgrimidas en el auto como fundamento del sobreseimiento y archivo de la presente causa”.

La juez rechaza igualmente el planteamiento del PP respecto a que la instructora debió de abstenerse en el incidente planteado por la entrega de los DVD con las declaraciones de los interventores, al señalar que el PP planteó una “recusación parcial administrativa”, una “extraña figura” que no es una recusación de acuerdo con el procedimiento que marca la ley orgánica del Poder Judicial. En este punto señala que incluso el presidente del PP-A, Juanma Moreno Bonilla, aseguró en los medios de comunicación que su formación “no había pedido la recusación de la juez” para instruir el caso de la formación.

La magistrada recuerda igualmente los reproches de la Fiscalía Anticorrupción a esta acusación popular por “enmarañar” la cuestión de la entrega de las copias de las declaraciones y concluye que “efectivamente no se les ha denegado copia alguna”, por lo que, como señalaba el Ministerio Público, “es falso decir que no se les han dado las grabaciones” utilizando dicho argumento para “confundir y mantener vivo este procedimiento”.

La juez rechaza el planteamiento del PP sobre la falta de motivación del auto de archivo, al poner de manifiesto que la resolución está “suficientemente motivada con argumentos de fondo jurídicos que no han sido rebatidos por la parte recurrente”.

Por último, Bolaños añade que las defensas personadas en la causa también se han opuesto al recurso del PP y han denunciado el uso del procedimiento “con fines claramente interesados y de índole estrictamente políticas”, o como una “pretensión verdaderamente desafortunada apareciendo como un intento de dilatar el procedimiento”.