El CGPJ impide que Alaya controle todas las causas al aprobar un plan de refuerzo

El plan de refuerzo que ayer aprobó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pone a la juez Mercedes Alaya más cerca de su nuevo destino en la Audiencia de Sevilla, al impedir que esta magistrada pueda hacerse con la totalidad de las macrocausas que instruye: el caso de los ERE, el de los cursos de formación, y el de los avales y préstamos de la agencia IDEA.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer por "unanimidad" el plan de refuerzo para el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla presentado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que consiste en la asignación de dos jueces o magistrados en comisión de servicio con relevación de funciones.

El objetivo de la medida, según precisa el acuerdo, no es otro que el de "conseguir la adecuada y eficaz tramitación y resolución de las causas de que conoce el citado juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dadas las especiales circunstancias que concurren en el mismo".

El acuerdo no deja duda alguna de que la situación en este juzgado cambiará con la inminente llegada de la nueva titular, la juez María de los Ángeles Núñez Bolaños, quien como juez natural predeterminada por la ley será la que decidirá sobre el reparto y la distribución del trabajo con los dos jueces de refuerzo. El acuerdo del máximo órgano de gobierno de los jueces recuerda que los comisionados "colaborarán" con la nueva titular en la tramitación y resolución de todos los asuntos de los que conoce el juzgado "conforme a los criterios de distribución de los mismos que conjuntamente formulen y apruebe la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", subraya el Alto Tribunal andaluz en un comunicado.

Y como serán tres los jueces que estarán destinados en dicho órgano, las posibilidades de que Alaya pueda mantener la instrucción de las tres macrocausas -tal y como ha pedido ya al TSJA- son absolutamente nulas. A lo sumo, Alaya podría mantener la instrucción de la causa que se encuentra en un estado más avanzado, la de los ERE fraudulentos, pero ahora queda a criterio de Alaya decidir si pide formalmente la comisión en este contexto.

La situación hubiera sido radicalmente distinta si sólo se hubiera aprobado un juez de refuerzo, porque entonces serían dos magistrados los que se tendrían que repartir las macrocausas y Alaya podría haber tenido más margen para asumir además la causa de los cursos de formación.

La Comisión Permanente del CGPJ ha solicitado al TSJA "que cumplimente los trámites necesarios para la proposición de los jueces o magistrados que deberán asumir las citadas comisiones de servicio", según lo dispuesto en el artículo 216 bis 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este precepto establece que las Salas de Gobierno que planteen medidas de apoyo mediante comisión de servicio "habrán de dar adecuada publicidad a su propósito para que los jueces y magistrados que pudieran estar interesados en el nombramiento tengan oportunidad de deducir la correspondiente petición" y que, en caso de que haya varios solicitantes, se valorarán circunstancias como su pertenencia al mismo orden jurisdiccional que el del juzgado o tribunal a reforzar, el lugar y distancia del destino del peticionario y la situación del órgano del que es titular. La ley añade que, una vez hecha esa valoración, la Sala de Gobierno propondrá al CGPJ "con preferencia a aquel que estime más idóneo".

Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, los dos jueces en comisión podrían estar nombrados en la primera quincena de junio, probablemente en la semana del 8 de junio, fecha que coincidiría con la toma de posesión de la juez Núñez Bolaños, que sólo está a la espera de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que podría demorarse hasta esa semana con motivo de las publicaciones que deben realizarse relacionadas con las elecciones municipales del próximo domingo.

El plan de refuerzo presentado por la Sala de Gobierno del TSJA señalaba que a los dos jueces y magistrados en comisión de servicio "habría de sumarse posteriormente un Juez de Adscripción Territorial (JAT)", cuya designación corresponde al Alto Tribunal andaluz.