La Cámara de Cuentas revela que la Faffe recibió 49 millones sin justificar

¿Qué hizo la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) con casi 49 millones que recibió en subvenciones en 2009 y 2010? En su informe Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004 la Cámara de Cuentas de Andalucía no ha encontrado una justificación plausible del uso que se hizo de esa cantidad. "No consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello", recoge el informe.

No obstante, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo reaccionó asegurando que el proceso de justificación de esas ayudas "no ha concluido aún", debido a que las resolución de ambas subvenciones, resulta "especialmente complicada por el propio trámite de liquidación". El departamento que dirige José Sánchez Maldonado defendió la legalidad de las ayudas otorgadas.

Pero el órgano fiscalizador detecta numerosas irregularidades en esas subvenciones, de las "podrían derivarse responsabilidades administrativas y contables".

La Cámara ha puesto su lupa sobre 78 expedientes por importe de 279.589.838 euros, representativa del 37% del total concedido en 2009 y 2010, de los que 55 corresponden a alguno de los planes o programas de la orden de 23 de octubre de 2009, 18 son ayudas del Plan Memta, cuatro son subvenciones nominativas y un expediente es una subvención excepcional.

Entre las irregularidades, el informe hace mención a "los cursos para desempleados no incluidos en el fichero; la aprobación de modificaciones de las resoluciones de concesión por un órgano no competente; la concesión de ayudas por encima del importe máximo permitido; la imputación como subvencionables de gastos no elegibles, la no exigencia de intereses de demora en casos de reintegro; la ausencia de justificación en las subvenciones nominativas a la Faffe; y, la declaración de excepcionalidad, el incumplimiento de requisitos para la subcontratación, y la falta de justificación de la subvención excepcional a la Faffe".

En el informe se recoge un apartado específico relativo a las subvenciones nominativas y excepcionales. Las principales conclusiones sobre las subvenciones nominativas indican que los presupuestos anuales de la comunidad contemplan créditos nominativos a UGT-A y CCOO-A destinados a infraestructuras para la formación, que en 2009 ascendieron a 1.350.000 euros y 2.676.927,16 euros, respectivamente. En ese sentido, el ente fiscalizador apunta que la orden a la que alude "no prevé este tipo de objeto como subvencionable". Por lo que se refiere a los expedientes de la muestra de subvenciones nominativas a la Faffe por 24.577.231,59 euros en 2009 y 24.321.223,95 euros en 2010, ha señalado que "no consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello". Además, parte de los cursos subvencionados "no se han iniciado o están pendientes de finalizar".

El PP consideró, a través de su portavoz en el Parlamento, Carlos Rojas, que "la gestión de los fondos de formación para el empleo puede suponer el gran capítulo de corrupción que salpique lo que queda del mandato" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Rojas insistió en que la jefa del Ejecutivo autonómico "está obligada a dar explicaciones inmediatamente y a realizar una investigación interna de todos los fondos de formación para el empleo en los últimos diez años".

Según Rojas, "estamos ante un nuevo maloliente reparto de fondos públicos por parte de los dirigentes del PSOE-A de manera piramidal y discrecional que se aparta de la ley y del control público, siguiendo el mismo patrón que el multimillonario fraude de los ERE". Sobre todo, argumenta Rojas, porque la Cámara de Cuentas "constata nuevamente" en su revisión de las subvenciones del SAE que se organizó "una forma de gestionar las cuentas públicas de manera arbitraria, partidista y, por lo que todos estamos viendo, destinada a favorecer a los chiringuitos socialistas y a los cargos del PSOE-A".

También se detectan irregularidades en ayudas a Delphi

La Cámara de Cuentas de Andalucía también destacó en su informe que en una ayuda excepcional de 8,9 millones para el plan formativo de los ex trabajadores de Delphi "se observa un menor gasto ejecutado respecto de lo concedido de 308.977,91 euros, que deberían ser reintegrados". La Cámara recoge, en este apartado, la ausencia de justificación de subvenciones nominativas a la Faffe por casi nueve millones para la cuarta fase del plan formativo de los ex trabajadores de Delphi. Según los auditores, "no se justifica el carácter excepcional de dicha subvención al no existir bases reguladoras para la misma finalidad, y tampoco consta la memoria de actividades, el listado de alumnos participantes ni el informe del auditor", entre otras deficiencias.

Tampoco se respetan, añade, las normas reguladoras en la concesión de unas becas por asistencia y gastos de transporte para los ex trabajadores de Delphi a raíz del cierre de la fábrica. Igualmente, asegura la Cámara de Cuentas, se derivan "responsabilidades administrativas y contables en las subvenciones para la formación para el empleo del SAE en los años 2009 y 2010 por la concesión de ayudas por encima de lo permitido, la modificación de las resoluciones por un órgano no competente y la imputación como subvencionables de gastos que no lo son", entre otros. Tal y como se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), con fecha de 12 de enero de 2012, "a propuesta del consejero de Empleo, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 22 de diciembre de 2009, adopta el siguiente acuerdo: autorizar la concesión de una subvención excepcional de 8.962.792,00 euros a la Faffe mediante Resolución del Servicio Andaluz de Empleo a favor de dicha Entidad para la ejecución de acciones de Formación Profesional para el Empleo, enmarcadas en la IV Fase del Plan de Formación acordado en el Protocolo de Colaboración suscrito el 4 de julio de 2007". El consejero de Empleo que firmó el acuerdo era Antonio Fernández -imputado en los ERE- y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán.