Chaves y Griñán y los otros 20 ex altos cargos volverán el lunes al banquillo de los acusados

El juicio de los ERE encarará a partir del próximo lunes, 29 de octubre, su recta final y para ello los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los otros 20 ex altos cargos volverán a sentarse en el banquillo de los acusados, tras haber sido exonerados de asistir a las sesiones desde abril pasado. Ese día la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones populares y las defensas expondrán sus conclusiones definitivas. Será el momento en el que el fiscal y las acusaciones deberían decidir si mantienen los cargos contra todos los acusados en los mismos términos o introducen alguna modificación en sus planteamientos iniciales.

Esta fase del juicio, en la que se sabrá si la Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de condena de seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación para el ex presidente José Antonio Griñán por un delito de malversación y otro de prevaricación; y otros diez años de inhabilitación para Manuel Chaves por prevaricación, tendrá lugar en plena precampaña de las autonómicas. En principio, todo apunta a que la Fiscalía elevará a definitivas sus conclusiones provisionales en cuanto a las peticiones de condena, aunque algunas fuentes apuntan a que los fiscales delegados de Anticorrupción podrían incluir en el relato de los hechos objeto de acusación algunos aspectos derivados de las pruebas practicadas en el juicio, sobre todo de los informes periciales que han sido objeto de exposición ante el tribunal durante más de un mes.

Si se introduce alguna modificación en el escrito de conclusiones, las defensas pretenden pedir al menos un día al tribunal para poder examinar esos cambios y poder adaptarlos a sus respectivos escritos de defensa, con lo que todo apunta a que no sería hasta la semana siguiente, la que se inicia el 5 de noviembre, cuando los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra expondrán en la Sala su informe definitivo de conclusiones, que se espera “demoledor” en la defensa de las tesis de la acusación y reclamando la condena de los acusados.

Los fiscales apuntaron en su día que necesitarían al menos una semana –cuatro sesiones del juicio– para completar su informe. De esta forma, para principios de noviembre podrían acabar su exposición, que dará paso a los informes de las acusaciones particulares del Partido Popular y Manos Limpias, que necesitarían como mínimo una o dos sesiones para la exposición de sus conclusiones finales.

Estos informes podrían coincidir precisamente con la semana en la que arranca oficialmente la campaña electoral –que comienza a las 00:00 horas del 16 de noviembre– y a buen seguro que la acusación popular aprovechará esta coincidencia para tratar de rentabilizar políticamente este proceso penal, que sienta en el banquillo de los acusados a toda una época de los gobiernos socialistas en Andalucía. El PP podría intentar dar algún golpe de efecto coincidiendo con el proceso electoral.

Tras las acusaciones, le llegaría el turno de informar a los 18 abogados que representan a los 22 acusados, que necesitarán como mínimo una sesión del juicio cada uno, lo que supone al menos otras 18 sesiones más, lo que consumirá todo el resto de la campaña electoral e incluso hará que la vista no pueda finalizar antes de las elecciones del 2 de diciembre.

Según estas estimaciones, la última de las defensas no acabaría de exponer su informe hasta la sesión que tendría lugar después del puente de la Inmaculada y de Constitución, en torno al 10 o el 11 de diciembre, fecha en la que el caso podría quedar visto para sentencia, justo casi un año después de que se iniciaran las sesiones del juicio, el 13 de diciembre de 2017. Antes tendrá lugar otro momento destacado de la vista oral, cuando el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ofrezca a cada uno de los 22 acusados el “derecho a última palabra”, para que si lo desean digan algo antes de que los magistrados se retiren a deliberar y redactar la sentencia, un proceso que en principio se prolongará durante seis u ocho meses.

De acuerdo con este calendario estimativo, lo que puede resultar incomprensible son las prisas que el tribunal está metiendo a las defensas para que acaben el interrogatorio de los peritos, dado que algunas de las partes plantean que, con este calendario, da igual que el juicio se retrase algunas sesiones más. El problema es que hay otros juicios tanto en la Audiencia de Sevilla como en la de Cádiz –el caso Quality Food ya tuvo que suspenderse– que están pendientes de que finalice el juicio de los ERE para dar comienzo, lo que supone una presión extra para el tribunal sevillano.

En la Audiencia de Sevilla ya hay fijado para enero de 2019 un juicio por el delito societario en Mercasevilla en el que coinciden algunos abogados de los ERE, y hay varios juicios relacionados con las ayudas y préstamos concedidos por la sociedad de capital riesgo Invercaria que no pueden celebrarse porque también coinciden en algunos casos abogados y procesados de los ERE.