Ciudadanos enfría su relación con el Gobierno de Susana Díaz

El PSOE nunca fue un socio complicado para Ciudadanos en Andalucía. Una vez que el partido de Albert Rivera consiguió que Manuel Chaves y José Antonio Griñán dimitiesen como diputado y senador, el acuerdo de investidura a Susana Díaz se convirtió en una coartada de centralidad para el partido naranja: era capaz de apoyar, a la vez, al PP en Madrid y al PSOE en Andalucía siempre que ambas formaciones adoptasen medidas contra la corrupción. Sin embargo, las relaciones entre Ciudadanos y el PSOE andaluz se han deteriorado en las últimas semanas, y no a causa de lo que ocurre en Madrid, sino en el Parlamento, donde la comisión de investigación del fraude de los cursos de formación no termina de arrancar y donde también se atrasa la reducción del impuesto sobre sucesiones. Ciudadanos aceptó que esta rebaja no se incluyese en el Presupuesto de la Junta de 2016 a cambio de que una comisión estudiase su aplicación a lo largo de este mismo año. Ayer, el partido naranja entregó su propuesta para que sea aplicada este mismo año, de tal modo que se bonifiquen los primeros 350.000 euros de la declaración. Sin embargo, el problema no sólo es éste, sino el inicial, el de la corrupción: Ciudadanos considera que ya ha llegado el momento de poner en marcha las comparecencias en la comisión de investigación, entre éstas la de Susana Díaz.

El líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, se ha pasado toda la semana enviando mensajes al PSOE, pero los socialistas lo obvian. En varias entrevistas, el socio de Susana Díaz ha declarado que el pacto que Pedro Sánchez busca en Madrid no tiene consecuencias en Andalucía, aunque en el caso de que la presidenta marchase a la política nacional, y dejase la Junta, deberían volver a negociar para facilitar una investidura. Ese problema no se ha planteado, la hoja de ruta de Díaz sólo la conoce ella, pero el malestar de Ciudadanos procede en buena parte de la comisión de los cursos. Lleva cuatro meses paralizada. Primero, se argumentó que la comisión no debía avanzar hasta que pasase la campaña de las elecciones generales, pero los comicios han pasado y no hay nada. El PP e IU, en la oposición, atizan al partido naranja, ya que el presidente de la comisión es un parlamentario de la formación, Julio Ruiz. Éste ha tardado en llamar a declarar a los ocho interventores provinciales, tal como se aprobó en comisión, aunque fuentes de Ciudadanos explicaron que lo hizo ayer mismo. El PP le envió ayer un escrito de queja. Estas declaraciones son bastante importantes, puesto que algunos de los interventores pusieron reparos a algunos de los cursos, incluso con informes contrarios. La comisión también debe llamar a la presidenta Susana Díaz, lo que algunos en otros partidos de la oposición consideran la nuez del enfriamiento entre Ciudadanos y el PSOE.

Susana Díaz no era presidenta cuando ocurrieron los hechos investigados, pero los socialistas siempre han temido el eco mediático de esta declaración. La presidenta está en el foco de la política nacional y su intervención tendrá cierta proyección. Aunque fue ella la que dio la orden de paralizar los cursos, el PSOE andaluz teme que su comparecencia sea utilizada por los enemigos que tiene en el PP y por los contrincantes que tiene en su propio partido. Su decisión también tiene su cruz: desde que saltase el escándalo, en Andalucía no se ha convocado ningún curso de formación a pesar de que el número de parados se acerca al millón de personas. La Junta ha tenido que devolver al Gobierno central los fondos que debían emplearse en la formación de los desempleados

Ciudadanos provocó que el alcalde socialista de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez, haya terminado por dimitir esta misma semana. Está siendo investigado por la concesión de cursos a una empresa familiar, El Paraíso de la Dehesa, y fue detenido en la operación Edu. Ciudadanos exigió que no hubiera imputados por casos de corrupción en cargos públicos. Ahora también se plantea el futuro del diputado y alcalde de Alcalá de Guadaíra Antonio Gutiérrez Limones. Un juzgado de instrucción de la localidad ha solicitado al Congreso que certifique su condición de aforado.

El apoyo de Ciudadanos fue esencial para que Susana Díaz saliese investida presidenta de la Junta, ya que al PSOE le faltan ocho parlamentarios para la mayoría absoluta. El acuerdo entre ambos partidos se sostiene sobre un pacto de transparencia y contra la corrupción y varias medidas de incentivos económicos mediante la reducción de impuestos. El Presupuesto de 2016 ya ha incluido una rebaja del tramo autonómico del IRPF, pero el partido naranja, asesorado por el economista Luis Garicano, busca una reducción del impuesto de sucesiones calculado en 80 millones de euros para el ejercicio anual.