Detenido otro funcionario de la cárcel de Alhaurín por pasar droga

La Guardia Civil detuvo ayer al segundo funcionario de prisiones acusado de pasar drogas al interior del centro penitenciario, según pudo saber este diario de fuentes sindicales.

Al trabajador se le imputan los delitos de cohecho y contra la salud pública y no se descarta que, además de las sustancias estupefacientes, llevara a los presos otros objetos. El arresto se produce justo una semana después de la detención de su compañero, en prisión preventiva desde entonces, y de la persona que pudo pasarle la droga. Parece ser que los guardias habrían esperado a que el hombre, que estaba ingresado en el hospital por causas que se desconocen, recibiera el alta para proceder a su detención.

El primer funcionario detenido, de unos 50 años de edad, fue sorprendido cuando entraba a la cárcel con droga, alcohol y varios teléfonos móviles. Este trabajador ha sido trasladado a la prisión de Sevilla, donde existe un módulo específico para funcionarios del Estado y se encuentra aislado del resto de presos, aunque no incomunicado. El juez que lleva el caso ha decretado el secreto de sumario.

Los agentes de la Guardia Civil que investigan la trama irrumpieron el pasado miércoles por sorpresa en el centro penitenciario, donde registraron varias dependencias, según confirmaron fuentes de la cárcel, que no precisaron si los agentes llegaron a inspeccionar algunas celdas de reclusos. La intervención despertó un gran revuelo en el centro penitenciario, donde este tipo de registros no son habituales.

La investigación desarrollada por la Guardia Civil sigue abierta aunque, de momento, no se prevén detenciones de forma inminente.

A este respecto, el sindicato CSI-CSIF envió ayer un comunicado para, primero pedir la presunción de inocencia para sus compañeros y, en segundo lugar, insistir en que se trata de un hecho "aislado que no debe perjudicar la imagen del resto". El sindicato recuerda la presión a la que están sometidos el medio millar de trabajadores de Alhaurín de la Torre, que está al doble de su capacidad, con 1.900 presos. "Esperaremos la decisión de la Justicia, pero no debe crearse alarma social", dicen.