El Gobierno central avisa a Andalucía de las multas por la ampliación del riego en Doñana

El Gobierno central carga de nuevo contra la Junta de Andalucía. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha remitido una carta al presidente andaluz, Juanma Moreno, en la que le insiste en la "necesidad de desistir" de la proposición de ley que hoy tiene previsto tramitar el Parlamento de Andalucía y que pretende regular la ampliación de la zona de regadíos del entorno de Doñana.

El Parlamento aprobará previsiblemente esta tarde el inicio de la tramitación de la norma que da vía verde para que más zonas del Condado de Huelva puedan acceder a aguas procedentes de unos de los acuíferos del parque natural, una iniciativa promovida por PP, Cs y Vox a la que se oponen colectivos ecologistas, sindicatos, partidos políticos, agricultores de la comarca, la Unesco y la Comisión Europea.

En la carta, que consta de cuatro páginas, la ministra expresa su preocupación ante la futura ley en tanto "interfiere de forma palmaria" en una competencia exclusiva del Estado reflejada en la Constitución y que hace referencia a la ampliación de una superficie regable de la que es competente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

"Ante los enormes perjuicios, tanto económicos como medioambientales, y también para la imagen de España en el exterior, quiero transmitirle la necesidad de desistir de la iniciativa legislativa que tramita el Parlamento andaluz, que tan perjudicial puede resultar para España", escribe Ribera a Moreno en una misiva con fecha de ayer, 8 de febrero.

El Ministerio, que recuerda los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia de las competencias de las aguas, avisa a la Junta de Andalucía del riesgo de que la cuestión de Doñana "vuelva al Tribunal de Justicia de la UE", como alertó también la Comisión Europea la pasada semana, con lo que se reinicie un proceso que "culmine en cuantiosas multas" si se regularizan "nuevos regadíos" y se incurre en una "mayor sobreexplotación de las aguas subterráneas" de Doñana.

Estas sanciones económicas, además, afectarían también a la Administración andaluza. "Las cuantiosas multas durante un periodo previsiblemente muy prolongado, con el consiguiente perjuicio económico del Tesoro Público, todo ello sin perjuicio de la repercusión de esa responsabilidad económica en la Junta", advierte Ribera en la carta.

Ribera incide igualmente en la "honda preocupación" que la citada ley ha provocado en organismos internacionales como la Unesco y la Comisión Europea ante las repercusiones que dicha propuesta tendría para la Directiva Marco de Agua y la Directiva Hábitats.

La vicepresidenta concluye su carta apelando al "sentido de responsabilidad" del Ejecutivo andaluz, al que solicita una "respuesta adecuada y proporcionada" a las necesidades de Doñana, que impulse medidas de desarrollo económico y de empleo y que, a la vez, sea "compatible con la legalidad europea".