Bolaños imputa a Antonio Rivas y al ex jefe del gabinete jurídico por las ayudas a Pickman

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE, ha imputado al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y al que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río, en la pieza en la que se investigan las ayudas concedidas por importe de 8,8 millones de euros a la empresa sevillana Pickman la Cartuja.

La decisión de Bolaños se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y la instructora ha citado a declarar en calidad de investigadas el 25 de abril de 2019 a un total de nueve personas. Además de Antonio Rivas y Francisco del Río -que actualmente está siendo enjuiciado en el juicio de los ERE-, la juez ha imputado en esta pieza al ex parlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, al ex secretario general del IFA Francisco José Oyonarte, al presidente de la medidadora Uniter José González Mata, al ex dirigente de CCOO en Andalucía Juan Antonio Florido, al ex secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO José Hurtado, entre otros.

Ese mismo día 25 de abril, la juez ha citado a otras ocho personas para que presten declaración como testigos en la pieza de Pickman la Cartuja.

No obstante, la magistrada, siguiendo la doctrina fijada por la Audiencia de Sevilla en relación con los ex altos cargos que están siendo enjuiciados en el juicio del procedimiento específico de los ERE, para evitar el doble enjuiciamiento y no vulnerar el principio non bis ín idem, ha excluido de esta pieza, en contra del criterio de la Fiscalía, a cinco ex altos cargos: los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá y a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, según recoge el auto dictado por la juez, que tiene fecha del 22 de noviembre y al que ha tenido acceso este periódico.

La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado 19 de noviembre un escrito solicitando la imputación de estos ex altos cargos, en relación con las ayudas que entre 2003 y 2010 concedió la Dirección General de Trabajo a la empresa Pickman La Cartuja, a cargo de la partida 31L y "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

El Ministerio Público explica que el 27 de mayo de 2003 el director de Trabajo Javier Guerrero autorizó al IFA a realizar el abono urgente de una ayuda concedida a Pickman en la reunión mantenida el 26 de marzo de ese mismo año con los representantes de los trabajadores y de las organizaciones sindicales UGT y CCOO, a cargo de la partida presupuestaria 31L. Según se recoge en una carta, el pago se realizaría en una cuenta de titularidad de UGT pero "los destinatarios eran los trabajadores de la empresa, sin que ni uno ni otros tengan relación alguna con el objeto de la ayuda, cual es el coste del mantenimiento de las instalaciones", precisan los fiscales.

Cinco personas no cumplían los requisitos

En virtud de este convenio, se suscribió una póliza con La Estrella, siendo la mediadora Ingotor, a favor de 37 trabajadores, y después se realizó un suplemento, pero finalmente por el decreto 4/2012 fueron excluidos cinco personas: tres por no cumplir los requisitos y otras dos por percibir la pensión de Incapacidad Permanente Total. Según la Fiscalía, fueron incluidas en el ERE autorizado por el delegado de Empleo Antonio Rivas "a sabiendas de que no cumplían los requisitos legalmente establecidos".

En esta póliza también se detectó un "pago cruzado" de las ayudas, "un sistema irregular por el que fondos asignados inicialmente a la cobertura de una póliza concreta se aplicaban por la Junta de Andalucía al pago de otra póliza distinta de la misma o diferente empresa". Así, el 31 de marzo de 2006, por orden de Guerrero, se utilizaron 450.000 euros destinados a la Faja Pirítica para cubrir la póliza de Pickman.

A Pickman La Cartuja le fueron concedidas ayudas por importe total de 11.421.933,37 euros y se realizaron pagos a su favor entre 2003 y 2010 por 8.868.914,09 euros, "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", concluyen los fiscales de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Nazaret Salguero.