La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de cárcel por las "orgías" de la Faffe

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de seis años de cárcel para el ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén, por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental, en relación con el uso de varias tarjetas en distintos prostíbulos en los que se abonaron 32.556 euros con fondos públicos. El fiscal reprocha al ex director de la Faffe que utilizara fondos públicos para "pagar sus vicios", satisfacer "sus lúbricos deseos" y organizar "orgías" con terceros no identificados.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que reclama seis años de cárcel y una multa de 7.200 euros para Fernando Villén, además de seis años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público; mientras que para la ex directora económico-financiera y responsable de la caja de organización de la fundación Ana Valls solicita cuatro años de prisión, multa de 6.000 euros y cuatro años de inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, solicita que ambos acusados, que serán enjuiciados por un jurado popular, indemnicen a la Junta de Andalucía con los 32.556 euros gastados en los clubes de alterne.

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana celebró en septiembre de 2020 una vista que contempla la ley del jurado, en la que el fiscal estimó que Fernando Villén realizó pagos por importe de 32.556 euros en varios clubes de alterne y que el dinero no lo repuso de su patrimonio particular, sino que fue la propia fundación la que asumió dichos gastos. De ahí que considere que la otra investigada, la ex directora económica Ana Valls, participó presuntamente en la simulación de los reintegros de las cantidades, en connivencia con Villén.

La mayoría de los pagos se realizaron en el club de alterne Don Angelo de Sevilla, donde Villén efectuó ocho abonos entre 2004 y 2010 por un importe total de 25.277 euros con las tarjetas de la Faffe, destacando los 2.656 euros gastados en un solo día, el 10 de julio de 2008, aunque hubo otros días en el que los gastos también superaron o rondaron los 2.000 euros. También se hicieron pagos en otros clubes de Sevilla, Córdoba y Cádiz.

En el escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía sostiene que Fernando Villén, "abusando de la disponibilidad que le ofrecían" las seis tarjetas que tenía a su disposición, realizó diversos gastos en esos prostíbulos, pero también figuran gastos por valor de 21.005,76 euros en restaurantes; 11.200,24 euros en peajes; en discotecas por importe de 136,10 euros; en El Corte Inglés por otros 113,9 euros; en hoteles por valor de 1.805,39 y 715,28 euros; en un taller de vehículos por 173,79 euros; y otros sin datos por 4.321,38 euros.

"Orgías" pagadas con fondos públicos

Sobre los gastos en los clubes de alterne, el fiscal reprocha a Fernando Villén que actuara "con desprecio de los más elementales deberes de su cargo y en detrimento de los fondos que su posición le obligaba a disponer y administrar" para "satisfacer sus lúbricos deseos en locales de alterne y prostíbulos de la geografía andaluza". "En ocasiones llegaba a organizar orgías con terceros no identificados que llegaron a alcanzar una cuantía considerable", asevera el fiscal, que también señala con respecto al uso de estas tarjetas que se efectuaron pagos en estos locales "para pagar sus vicios".

El fiscal realiza en su escrito de acusación un pormenorizado relato de cada uno de los gastos realizados en los prostíbulos y de las maniobras contables empleadas para ocultarlos, todo ello dentro de lo que define como una "escalada de disipación" que culminó "en una orgía en el prostíbulo Don Angelo, entre los días 22 y 23 de marzo de 2010, donde Fernando Villén gastó a cargo de la fundación 14.737 euros". Así, por orden de ambos acusados, "los gastos resultantes de tal orgía no fueron contabilizados", sino que al contrario pusieron en marcha un plan con la finalidad de proceder el pago y devolución en metálico en el mismo local. Y el 24 de marzo, "faltando a la verdad y por orden de Villén", se llamó al banco alegando la pérdida o robo de la misma para darle de baja.

Dos días después se produjo dicha devolución: el acusado entregó el dinero en un sobre a su chofer, con la encomienda de llevarlo al establecimiento de alterne, cosa que efectivamente se produjo; y el responsable del prostíbulo hizo la devolución del gasto a través del TPV, pero "el dinero procedía de nuevo de las cajas de la Fundación".

El Ministerio Público sostiene que Fernando Villén y la directora económica-financiera de la Faffe aprovecharon el sistema de caja establecido en la fundación para "simular" que el primero "reintegraba los gastos de sus excesos", para lo cual emplearon la caja central que dependía de Ana Valls y "simularon anticipos inexistentes y el reintegro de gastos no reales para cuadrar los gastos, todo ello en un contexto de incumplimiento generalizado de las normas" para los pagos.

Dice el fiscal que hay hasta diez operaciones distintas de gastos realizados a través de las tarjetas en prostíbulos, por un importe de 17.049 euros, de los que existen "asientos contables en el libro diario de la Faffe que reseñan que los importes de los citados gastos habrían sido devueltos a través de su ingreso en la caja central" de la fundación.

Además, prosigue el fiscal, pese a que se anotó, por orden de los acusados, en los libros-diarios de contabilidad de la Fundación, las devoluciones que comprenden los importes de 2.591 euros el 17 de mayo en el club Top Show Girls y 1.390 euros el 9 de abril en la Sala Delux, respectivamente, a través de su ingreso en efectivo en la citada caja central, resulta que "dichas devoluciones no constan en la documentación contable de las cajas".

Por último, el cuantioso gasto efectuado los días 22 y 23 de marzo de 2010 en Don Angelo que asciende a 14.737 euros, como en todas las ocasiones las pagó Villén con la tarjeta de la fundación, "si bien al día siguiente y tras intentar disimular su utilización, se devolvió en metálico por el acusado, pero empleando fondos de la fundación". El resto, se "camuflaron" como ingreso en Caja Central para su posterior contabilidad a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, concluye la acusación pública.

Para camuflar algunos de los pagos, se presentaron supuestas dietas por un viaje entre Sevilla y Almería que no consta que se realizara.

La segunda causa contra Villén

El uso de las tarjetas de la Faffe para el pago en los clubes de alterne es la segunda causa a la que se enfrenta el ex director de la extinta fundación, Fernando Villén, a quien la Fiscalía Anticorrupción pide otros cuatro años de prisión por la contratación ilegal del ex alcalde de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres García (PSOE), al que creó un puesto de trabajo "ad hoc" tras perder las elecciones municipales de 2003 y en el que "no desempeñaba trabajo alguno".

El Ministerio Público acusa en concreto al ex director de la Faffe y al ex alcalde socialista de Lebrija de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Para Fernando Villén solicita una condena de cuatro años de prisión y diez de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delitos de malversación y prevaricación, mientras que para el ex regidor lebrijano pide dos años y medio de cárcel y cuatro años deinhabilitación como cooperador necesario de los mismos delitos.

En el caso del ex alcalde socialista, la pena es inferior porque el fiscal le aplica la circunstancia atenuante del artículo 65.3 del Código Penal, que permite imponer una pena inferior en grado "cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor".

En cuanto al relato de los hechos de la acusación, el fiscal explica que Antonio Torres perdió la alcaldía de Lebrija en las elecciones municipales de 2003, tras haber sido alcalde de la localidad sevillana durante 24 años, y que a partir de ese momento el ex regidor "desencadenó su contratación" en la Faffe. Así, fue el propio Antonio Torres quien acudió directamente al director de la fundación "pidiendo trabajo y éste accedió, con la excusa de lograr fondos y financiación de distintas administraciones para la Faffe", pero este cometido era según el Ministerio Público "innecesario", pues la fundación "venía siendo financiada con numerosas subvenciones menciones a la formación con una ingente cantidad de dinero público".