La Fiscalía Anticorrupción concreta los cargos contra Chaves y Griñán

La sesión de mañana es quizás la más importante del juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE de las que han tenido lugar desde que comenzó el macroproceso en diciembre de 2017. Los fiscales delegados de la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada tendrán que concretar ante el tribunal los cargos contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los otros 20 ex altos cargos procesados. La sesión arrancará con una novedad, puesto que los 22 ex altos cargos volverán a sentarse en el banquillo de los acusados, algo a lo que no estaban obligados a hacerlo desde abril pasado, cuando concluyó la declaración de todos los imputados.

Ahora, seis meses después, vuelven al banquillo para escuchar precisamente las conclusiones definitivas de los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra. La Fiscalía no ha desvelado si introducirá alguna modificación en estas conclusiones, aunque lo normal en un proceso de estas dimensiones es que eleven a definitivas sus conclusiones en cuanto a los delitos y penas que solicitan para cada uno de los ex altos cargos, salvo que estimasen, cosa en principio poco probable de acuerdo con las tesis acusatorias, que deben variar los cargos respecto a alguno de los procesados.

Algunas fuentes consultadas consideran que es posible que se introduzca alguna modificación en lo que se refiere al relato de los hechos que figura en el escrito presentado el 15 de septiembre de 2016, a tenor de las pruebas practicadas en el juicio, sobre todo los informes periciales que han sido expuestos ante el tribunal durante más de un mes por los expertos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de los catedráticos que han emitido igualmente dictámenes a instancias de las defensas de algunos de los ex consejeros.

Además de la Fiscalía Anticorrupción, las dos acusaciones populares –Partido Popular y Manos Limpias– también tendrán que exponer sus conclusiones, después de que la Sección Primera de la Audiencia tumbara la teoría de la “trama criminal” que apuntaba el PP, que a diferencia del Ministerio Público acusaba a los 22 ex altos cargos de un delito de asociación ilícita por el que solicitaba una pena añadida a la del fiscal de dos años de cárcel a cada uno de los acusados.

El tribunal decidió estimar la cuestión previa planteada por las defensas y apartó este delito de la macrocausa, al recordar que el auto de transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado –dictado el 31 de mayo de 2016 por el juez de refuerzo Álvaro Martín– “no recoge, en modo alguno, todos los elementos necesarios para que concurran los requisitos del delito de asociación ilícita”, ya que “tan sólo se menciona” el requisito referente a la existencia de “una pluralidad de personas concertadas”.

La exclusión del delito de asociación ilícita dejó a las tres acusaciones con la misma petición de condena, aunque está por ver qué hará el abogado Rafael Prieto Tenor, que representa al sindicato Manos Limpias y quien, según algunas fuentes consultadas por este periódico, podría decidir la retirada de la acusación contra alguno de los 22 ex altos cargos, dado que hay algunos que de los acusados que han pasado casi desapercibidos en las fases testifical y pericial desarrolladas en el juicio. Esta posible retirada de los cargos no alcanzaría, previsiblemente, a los escalafones más altos de los Gobiernos andaluces socialistas que están acusados en este proceso.

En su escrito de conclusiones provisionales, sobre el que ahora debe decidir la Fiscalía si lo eleva a definitivo o introduce cambios, el Ministerio Público reclama una pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación para el ex presidente Manuel Chaves y otros seis ex altos cargos –Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Salgueiro, Antonio Estepa, Francisco Del Río y Antonio Vicente Lozano– y penas de cárcel de entre seis y ocho años de prisión para los otros 15 acusados, a los que atribuye además un delito de malversación, entre ellos el ex presidente José Antonio Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel.

Anticorrupción reprocha a los acusados "no poner freno" a las transferencias

El principal reproche de Anticorrupción a los ex presidentes y a los otros acusados es que no tomaran a la vista de las actuaciones de la Intervención General de la Junta –que alertaban de las deficiencias en el pago de las ayudas durante una década– “decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento” seguido por la Consejería de Empleo para la gestión presupuestaria de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis mediante la utilización de las controvertidas transferencias de financiación del programa 31L.

Y esa pasividad, según el fiscal, tuvo lugar a pesar de que tenían “conocimiento de las irregularidades” que se recogían en los informes de la Intervención y de cuentas anuales de los auditores externos del IFA-IDEA, pese a lo cual siguieron “procediendo a la aprobación de los anteproyectos de presupuestos de los ejercicios siguientes y de sus modificaciones presupuestarias, en su caso”.

Esas “irregularidades o deficiencias” recogidas por la Intervención en las memorias, se “repetían” en los informes trimestrales que elabora la Intervención General de la Junta en el marco del control financiero permanente, y entre los destinatarios de esos informes estaban la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo y el entonces director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, “sin que su contenido cambiara su proceder”.

Para el fiscal, Griñán conocía las deficiencias por el informe de 2003, algo que el ex presidente rechaza

Para la Fiscalía, la “gravedad de la situación creada” como consecuencia directa y necesaria de la gestión presupuestaria del programa 31L mediante la utilización de las transferencias “debieron ser conocidas” por Griñán y Aguayo, así como por otros imputados que “tenían conocimiento, participaron y consintieron en la gestión presupuestaria”.

En el caso de Griñán, el escrito de la Fiscalía asegura que en su condición de consejero de Economía tenía “conocimiento de las deficiencias que se recogen en el informe adicional complementario de 2003” de la Intervención General y de la “incertidumbre” recogida por los auditores de cuentas en su informe de dicho ejercicio, algo que Griñán ha negado en el juicio y que ha sido corroborado por Aguayo, que señaló que “nunca” le trasladó los informes porque el interventor no requirió en ningún momento a su departamento que actuara ante las “discrepancias”.

Para la Fiscalía, Griñán y el interventor general de la Junta Manuel Gómez así como otros imputados –Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Gonzalo Suárez, Jesús María Rodríguez Román, Juan Francisco Sánchez García y Miguel Ángel Serrano– “no hicieron actuación alguna en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas de velar por la integridad de los fondos públicos para iniciar los procedimientos y mecanismos previos para reintegrar o convalidar en su caso, los fondos públicos del programa 22E y 31L gestionados mediante transferencias de financiación al IFA-IDEA por la Consejería de Empleo hasta la fecha”.