La Fiscalía y la Junta coinciden en pedir responsabilidad subsidiaria a CCOO

La Fiscalía Anticorrupción y la Junta han pedido la responsabilidad subsidiaria de CCOO en la fianza civil que pidieron para dos dirigentes de este sindicato que declararon por los ERE falsos. El Ministerio Público y el Ejecutivo autonómico pidieron para Enrique Manuel Jiménez, ex secretario general de Industria de CCOO en Andalucía, y Juan Antonio Caravaca, que ocupaba el mismo puesto en CCOO de Sevilla, una fianza de responsabilidad civil de 600.000 y 400.000 euros, respectivamente, con responsabilidad subsidiaria de su sindicato.

El primero de ellos reconoció ser autor de una carta para incluir a un trabajador en el ERE de Calderinox, empresa donde nunca había trabajado, porque fue un compromiso anterior que se encontró al acceder al cargo. El segundo se acogió a su derecho a no declarar.

Jiménez García y Caravaca están acusados por su papel en la inclusión del "intruso" Antonio Fernández Garzón en la póliza de la empresa Calderinox, que según la juez iba a recibir una renta de 199.299 euros pese a que por la extinción de su relación laboral con Litalsur, empresa a la cual pertenecía realmente, le correspondían 27.976 euros. Los acusados lo incluyeron en una póliza a la que no tenía derecho y además por una cuantía "notoriamente superior al acuerdo alcanzado en el proceso de liquidación de Litalsur", según la juez.

El ERE de Calderinox se aprobó para nueve trabajadores e incluía a otro intruso, Juan Rodríguez Cordobés, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla entre 1999 y 2000.

Alaya acordó en sus últimas resoluciones imponer a los sindicatos UGT y CCOO la responsabilidad subsidiaria de las fianzas impuestas a sus responsables imputados, como hizo el pasado 15 de octubre con los 251.041 euros impuestos al dirigente de UGT en Cádiz Salvador Mera y los 471.352 euros a Roberto Carmona como secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A.