La Fiscalía vincula a Magdalena Álvarez con el "uso perverso" de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción afirmó ayer que la ex ministra y ex consejera de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez participó presuntamente en el "uso perverso" de las llamadas transferencias de financiación para otorgar las ayudas de los ERE, porque "las hizo posible o simplemente no las evitó".

En un escrito en el que ha apoyado la imputación en la causa de Álvarez -que está citada ante la juez Mercedes Alaya el próximo 8 de octubre- la Fiscalía dice que "la fórmula montada tiene una apariencia formal de legalidad pero una última finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categoría de infracción o irregularidad administrativa".

Anticorrupción se opone al recurso de Álvarez contra su imputación porque en este momento procesal no es preciso que los imputados "dispongan de un pormenorizado relato de todos y cada uno de los hechos que se les atribuyen y que tienen relevancia penal".

Tal relato pormenorizado sólo es "plenamente exigible" en el momento de prestar su declaración "debidamente asistido de letrado y con todas las garantías legales y derechos, entre los que se encuentra el de no responder a todas o a alguna de las preguntas", dice Anticorrupción en el escrito.

En cuanto a la alegación del abogado de la ex ministra de que no existen caracteres delictivos en la utilización de las transferencias de financiación, la Fiscalía apoya la interpretación de Alaya de que se parte del "uso perverso" de esa figura dirigida a "burlar todos los controles de la Intervención de la Junta de Andalucía como medio para poder dilapidar los fondos públicos, favoreciendo y enriqueciendo a terceros".

Esa finalidad "sí es penalmente relevante e implica a todos aquellos que conociendo tal uso perverso lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron".

Las transferencias de financiación fueron "engordadas mediante las oportunas modificaciones presupuestarias, unido a la no consideración como subvenciones de las ayudas sociolaborales, lo que facilitaba su no fiscalización", afirma Anticorrupción, que apoya así la imputación de Álvarez junto a otros 19 exaltos cargos de la Junta, lo que ha elevado a 116 el total de imputados por los ERE.

De otra parte, Anticorrupción avaló el auto en el que la juez Mercedes Alaya prohíbe a una serie de letrados asumir la defensa de dos cargos o ex altos cargos de la Junta de Andalucía al mismo tiempo.