La Fiscalía asegura que el padre del bebé de la niña de 10 años también es menor de edad

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha asegurado hoy que "por ahora no hay indicios" de que el padre del bebé que ha dado a luz una niña rumana de diez años sea una persona adulta, sino un menor de edad.

En rueda de prensa, la fiscal ha explicado, una vez que Tele 5 informara de que un testigo aseguraba que el padre era un familiar de 27 años, que "por ahora no hay indicios de que haya sido un adulto el progenitor", sino que éste es también un menor de edad penal, lo que implica que tiene menos de 14 años.

La fiscal jefe señaló que, a través de las primeras informaciones que han recibido de los servicios sociales comunitarios que están actuando con la familia, tanto la madre de 10 años como su bebé "se encuentran en buen estado y se han cubierto los primeros cuidados médicos", por lo que en principio la Fiscalía descarta que se tengan que realizar una intervención distinta a la que se está llevando a cabo en el marco del expediente de Protección de Menores que ha abierto el Ministerio Público.

Segarra anunció, de otro lado, que su departamento va a intervenir para proteger los derechos de los menores ante la situación de "acoso" que asegura están sufriendo por parte de los medios de comunicación, por lo que presentará demandas civiles como cuando se difundieron imágenes de menores en el caso de la desaparición y asesinato de Marta del Castillo.

"Desde el pleno respeto al ejercicio del derecho a la información, considero que en este caso se están conculcando los derechos de los menores a su intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la personalidad, obstaculizando y poniendo en riesgo el trabajo de los servicios sociales comunitarios que deben acometer la intervención en la familia en protección de la menor", señaló la fiscal jefe.

La fiscal dijo que la familia de la niña que ha dado a luz ha afirmado que ante ese acoso ni pueden salir de su casa, y además se les está ofreciendo "dinero y regalos" para que concedan entrevistas que no quieren hacer. Esta situación, continúa la fiscal, puede llevar a la familia a optar por marcharse de España e incluso si persiste puede hacer que la Fiscalía "valore" la posibilidad de llevar a las dos menores a un centro para evitar la "persecución" de los medios de comunicación.