El Gobierno andaluz no negociará la derogación del decreto del sector público

En los planes del Gobierno andaluz no entra negociar con la oposición la derogación del decreto de reordenación del sector público, y que dará pie en 2011 a una ley. La consejera andaluza de Presidencia, Mar Moreno, expresó ayer el apoyo del Ejecutivo a la labor de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, sobre esta norma que "comparte en su integridad".

Antes del debate parlamentario de este jueves que convalidará, al menos con los votos de la mayoría absoluta del PSOE-A, el polémico decreto para su posterior tramitación como proyecto de ley, la número dos del Ejecutivo andaluz declaró que la derogación "no es posible". "Ni es intención del Gobierno aceptarlo ni será la intención del PSOE en el debate del Parlamento", sentenció. Quien sí tiene previsto pedirlo es el PP-A, a la espera de ver qué hace IU.

Moreno defendió a la titular de Hacienda, de la que dijo que ha hecho una norma en unas condiciones "muy difíciles", debido a que se ha convertido en algo "político que excede con mucho del decreto".

La consejera de la Presidencia cree que la tramitación en la Cámara "es el inicio de un camino parlamentario". "La tramitación como proyecto de ley del decreto es el reconocimiento de la Junta de que hace falta más transparencia en el debate y en el conocimiento del decreto", esgrimió. En su opinión, es el momento de centrar el debate en el articulado de decreto acordado entre la Junta, CCOO y UGT, y "no en una enmienda" a la totalidad sobre la acción del Gobierno andaluz, que está "muy mezclada" en este debate, puntualizó, en referencia al PP o los sindicatos y plataformas de funcionarios que exigen su anulación.

La portavoz del Ejecutivo manifestó que percibe que desde que se modificó el decreto cada vez hay "menos argumentos que tienen que ver con el contenido y más con juicios de intenciones sobre lo que el Gobierno va a hacer o dejar de hacer". Conforme avance el debate, indicó que habrá "más claridad sobre lo que es y no es el decreto", así como sobre las propuestas y alternativas del PP, que en este caso "critica y rechaza el decreto pero no enseña su alternativa".

Por ello, demandó confianza, además de sostener que la alternativa al PSOE en Andalucía "no es ningún defensor de lo público", de hecho esgrimió que los conservadores en toda Europa están haciendo "verdaderas barbaridades" en el sector público.

El decreto, bajo su punto de vista, es necesario para preservar la función de los entes instrumentales de la Junta, es "inocuo" para los funcionarios y un "antídoto contra la privatización" del sector público.