El perito de Griñán defiende que es "imposible" que pudiera conocer la partida 31L

El catedrático de Derecho Financiero y Tributario Juan Zornoza, que ha realizado un informe pericial a instancias del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, ha defendido que es "imposible" que el ex presidente andaluz pudiera conocer la partida 31L con la que se concedían las ayudas de los ERE. "Tendría que tener una cabeza que no cabría en esta Sala" para conocer todas las partidas presupuestarias y, en concreto, la 31L, que sólo representa el 0,32% del presupuesto, ha aseverado el perito.

Zornoza ha respondido de esta forma a las preguntas del abogado del PP que, en el caso de los ex presidentes Griñán y Manuel Chaves y de otros altos cargos de la Junta procesados, ha interpelado a este perito sobre si era "verosímil" que, según las declaraciones que los ex altos cargos han realizado en este juicio, no tuvieran conocimiento de la partida presupuestaria 31L hasta que fueron imputados o tampoco conocieran otros extremos como las fichas presupuestarias, sus contenidos, o el convenio marco de 17 de julio de 2001 por el que se concedían las ayudas bajo investigación.

El catedrático de Derecho Financiero y Tributario ha precisado que no tiene por qué dudar de lo que han declarado Griñán y los otros ex altos cargos respecto a su conocimiento de un programa "que no era significativo" en el conjunto de los presupuestos de la Junta, dado que la partida 31L sólo representaba el 0,32% del global del Presupuesto, y a partir de ahí ha puesto el ejemplo sobre el tamaño que tendría que tener la cabeza del ex presidente para tener conocimiento de todas las partidas presupuestarias que integran los presupuestos autonómicos.

Las defensas protestan por las preguntas

El PP ha realizado preguntas similares en relación al ex presidente de la Junta Manuel Chaves, la ex consejera de Hacienda Magdalena Álvarez, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román y el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, lo que ha motivado que varios abogados de la defensa muestren su protesta al tribunal, al considerar que resulta "impropio" que se les pregunte a los peritos sobre la verosimilitud del contenido de las declaraciones que los acusados han prestado en el juicio.

El abogado José Manuel García-Quílez, que representa a Jesús María Rodríguez Román, ha insistido en que los peritos no comparecen en la vista oral para emitir sus "opiniones personales" respecto a lo que han dicho los acusados.

A pesar de la protesta, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle ha considerado que la pregunta es "pertinente" y ha permitido que el perito la conteste. Zornoza ha dicho entonces que "no tiene ningún motivo para dudar de lo que han declarado ni de la verosimilitud de las declaraciones" de los acusados, ha insistido el perito.

En el caso de la ex consejera y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, el catedrático ha explicado que el "control de la legalidad" de las seis modificaciones que durante su etapa elevó al Consejo de Gobierno, por importe de unos 90 millones de euros, corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía, y ha recordado que todas estas modificaciones presupuestarias tenían el informe favorable de la Intervención.

La sesión número 109 del juicio ha continuado esta mañana con nuevos debates, réplicas y contrarréplicas de los peritos que ya habían sido reiterados a los largo de las tres semanas anteriores que han transcurrido desde que se inició la práctica de esta prueba, como el debate respecto a si el Parlamento fue engañado en lo que se refiere a la polémica partida presupuestaria 31L, como sostienen los peritos de auxilio judicial -de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)- y combaten los seis peritos propuestos por las defensas, que consideran que el Parlamento siempre tuvo conocimiento del destino, cuantía y finalidad de las ayudas sociolaborales y directas a empresas que el IFA/IDEA pagaba con fondos de la Consejería de Empleo mediante las transferencias de financiación.

Zornoza ha defendido que además de la información que ofrecían los consejeros en las distintas comisiones parlamentarias, existía una oficina presupuestaria para resolver las dudas de los parlamentarios y además el Parlamento planteó "170 enmiendas" a la partida 31L entre 2001 y 2010 por lo que es "difícil de concebir" que los distintos grupos parlamentarios presentaran todas estas enmiendas y no tuvieran información del contenido del programa que habían enmedado.

El catedrático Juan Ramallo, que ha elaborado un dictamen pericial a instancias de Magdalena Álvarez, ha coincidido en afirmar que decir que todo el Parlamento lo desconocía y fue inducido a error "es una exageración, unos parlamentarios conocerían más y otros menos", ha subrayado. Ramallo ha reconocido que es "evidente que en la concesión de las ayudas ha habido un fallo de fiscalización previa que es lo que arrastra muchas consecuencias posteriores y la ausencia de fiscalización previa es uno de los pies fundamentales de este proceso".

Ramallo ha añadido que "esa idea de que se ha inventado un sistema para confundir al Parlamento no tiene ningún fundamento, no lo he visto, salvo la repetición de esa afirmación". También ha rechazado rotundamente que la dirección general de Presupuestos "le cuela lo que quiere" al Parlamento, porque "si decimos que se engaña al Parlamento nos cargamos el sistema".

Entre las polémicas que se han suscitado en la sesión está la relativa a si el director general de Trabajo Javier Guerrero tenía o no delegadas o atribuidas las competencias para la concesión de las ayudas, punto en el que el jefe de los peritos de la IGAE Ángel Turrión ha sostenido que la delegación de estas competencias no se produjo hasta la orden de 6 de abril de 2010 y hasta esa fecha la concesión de subvenciones correspondía a los titulares de las consejería.

El IFA como medio propio instrumental de la Junta

El catedrático de Derecho Administrativo Juan Antonio Carrillo Donaire, ha explicado con respecto al IFA/IDEA que este organismo actuada como "medio propio instrumental de la Junta", que intervenga mediante una "encomienda administrativa cuyo objeto es, por razones de eficacia, el pago de las ayudas por encargo de la Consejería de Empleo".

También volvió a salir a relucir la cuestión sobre si las transferencias de financiación podían ser utilizadas para el pago de las ayudas, algo que niegan los peritos de auxilio judicial. Carrillo ha indicado que es "perfectamente legal que se articule una transferencia de financiación finalista y que haya una posibilidad de arbitrar una encomienda administrativa", pero ha negado, a preguntas del PP, que se trate de un "subterfugio" para evitar la ley.

Otro punto de desencuentro de los peritos oficiales y los de las defensas se ha producido sobre el IFA/IDEA tenía potestad para conceder subvenciones desde su creación en 1987, aspecto que han negado los peritos del IGAE, que consideran que no fue hasta el 1 de enero de 2004 cuando se modifica la ley de creación de este organismo, mientras que los otros expertos, como el profesor Zornoza, han insistido en que desde su creación tenía entre sus funciones la de instrumentar "los incentivos de apoyo a la inversión", con lo que se estaba otorgando desde su inicio la posibilidad de conceder subvenciones, y ha citado como apoyo una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.